¿Es la venta de armas una actividad económica más?
13-10-2009
¿Es la venta de armas una actividad económica más?
El pasado septiembre salió a la luz un informe firmado por las ONG Amnistía Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace e Intermon Oxfam que analiza las exportaciones españolas de armamento durante 2008, y que constituye el primer análisis de esta actividad comercial tras la aprobación en diciembre de 2007 de la Ley de Comercio Exterior de Material de Defensa y Doble Uso (53/2007), y tras la conversión del antiguo Código de Conducta de la Unión Europea sobre transferencia de armas en Posición Común con carácter vinculante y obligatorio para los estados miembros (Posición Común 2008/944/PESC) [i].
De entre las sombrías conclusiones que se extraen de dicho informe, cabe señalar las dos que consideramos más importantes: por una parte que el Estado Español se sitúa por primera vez en el sexto lugar del ranking mundial de los mayores exportadores de armas superado únicamente por E.E.U.U, Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido; y por otra que España no cumple rigurosamente con la legislación citada en el primer párrafo en tanto que continúa exportando material de defensa a destinos como Colombia, Israel, o Sri Lanka donde el armamento puede acabar usándose para el mantenimiento o recrudecimiento de conflictos armados; puede contribuir a la comisión de violaciones de los Derechos Humanos de las poblaciones; o directamente contribuye al deterioro –por no decir a la condena- del desarrollo del bienestar para la población en los países de destino de las armas.
A la vista de los hechos anteriores, cobra sentido una vez más la pregunta que da título a estas líneas: ¿Es la venta de armas una actividad económica más? Las armas no son un bien cualquiera con el que comerciar comparable a cualquier otro. Sirven para destruir, para matar y para infringir daños de todo tipo a las sociedades. Alimentan tensiones y conflictos armados debido a su poder intimidatorio. En el mejor de los casos no se tienen que usar, pero entonces, su almacenamiento, mantenimiento y necesidad de renovación, frena el desarrollo de las sociedades y contribuye a la pobreza de los países en vías de desarrollo o del Tercer mundo debido al endeudamiento que genera su adquisición en los mismos.
Sin embargo, los países desarrollados –y en los últimos años también algunos de los que están en vías de desarrollo- continúan incrementando e incentivando la venta y exportación de sus armas porque es la única forma de enjugar el desorbitante coste del mantenimiento del poder militar –o del poder del complejo militar industrial, para ser más exactos-; y porque la fabricación del armamento ha ido pasando paulatinamente a manos privadas de forma que la actividad se ha rendido a las mismas exigencias de rentabilidad para los accionistas que las que tiene cualquier otro negocio de ámbito transnacional.
En conclusión, las organizaciones que denunciamos la realidad descrita en estas líneas, continuamos demandando a los gobiernos una y otra vez no ya el cumplimiento estricto, riguroso y transparente de la legislación a nivel estatal y europeo en esta materia –que debería ser el mínimo punto de partida-, sino además una revisión a fondo de las estrategias de gasto en material militar así como del propio sector de la industria armamentística en sí y de sus necesidades de exportación; y que diseñen y emprendan políticas que supongan a medio y largo plazo la transformación y reconversión del sector de la industria militar en industria civil, con el fin de que se garantice un futuro digno a las generaciones actuales y futuras de dentro y fuera de nuestras fronteras, y haga al Estado coherente y consecuente con sus expresados deseos de trabajar por la paz, la justicia y la igualdad para todos los habitantes del planeta.
Francesc Benítez
Justícia i Pau de Barcelona
