Carta abierta de las organizaciones de la sociedad civil para pedir a la Unión Europea que exija a las empresas europeas que actúen con la diligencia debida

13.06.2016 12:21

Alrededor de 130 organizaciones de la sociedad civil han hecho un llamamiento público a la Unión Europea para que no desperdicie una oportunidad única a la hora de enfrentarse al comercio de minerales de conflicto.

 

Hoy por hoy, las empresas están introduciendo anualmente en Europa miles de millones de euros en minerales sin comprobar si estos han servido para financiar conflictos o violaciones de derechos humanos. Estos minerales pueden introducirse en productos de uso cotidiano como teléfonos móviles, ordenadores, coches y bombillas. Las organizaciones de la sociedad civil han documentado durante muchos años los vínculos existentes entre minerales, conflictos y violaciones de derechos humanos, que abarcan desde el rol del comercio de minerales en la financiación de grupos armados hasta la explotación infantil en sitios mineros.

 

La carta de la sociedad civil contiene una petición muy simple: que la Unión Europea (UE) exija a las empresas europeas que actúen con la debida diligencia cuando compren minerales o productos que puedan estar vinculados a conflictos o a violaciones de derechos humanos. La UE ha adoptado leyes equivalentes en otros sectores –desde el alimentario hasta el de los servicios financieros. Este llamamiento está en completa sintonía con los estándares internacionales existentes que firmaron los Estados miembros de la UE hace años.

 

Pero en lugar de alinear su retórica sobre la responsabilidad empresarial con la acción, los Estados miembro han preferido dejar a la mayoría de empresas europeas libres de cualquier obligación al favorecer una ley que se aplique únicamente a un pequeño número de compañías europeas que compran minerales en bruto, mientras que ignoran completamente el gran número de empresas que introducen indirectamente los minerales en la UE mediante la importación de productos acabados. Para empeorar las cosas, la propuesta que hicieron los Estados miembro el pasado diciembre socava los estándares internacionales que se comprometieron a respetar, al reducir de manera significativa las comprobaciones que han de llevar a cabo ciertas compañías cubiertas por la ley.

 

Si los Estados miembro fuerzan al Parlamento Europeo a aceptar estas demandas –habiendo este último votado anteriormente una propuesta mucho más ambiciosa– la ley tendrá probablemente un impacto bastante menos significativo. Se dejará que la mayoría de empresas en Europa empleen sus propios medios, permitiéndoles elegir si actúan o no responsablemente cuando compren estos minerales o productos. Estadísticas ampliamente conocidas muestran que muy pocas compañías en Europa están optando por llevar a cabo estas comprobaciones voluntariamente. Conociendo esto, varios países alrededor del mundo –desde la República Democrática del Congo a los Estados Unidos– han aprobado leyes vinculantes para regular este comercio.

 

La Unión Europea corre el riesgo de socavar los estándares internacionales y los esfuerzos realizados para paliar este problema global. Y lo que es más importante, esto decepcionaría a las comunidades que sufren diariamente la violencia y el abuso asociados a los minerales de conflicto. Mientras tanto, las empresas europeas continuarían beneficiándose de este comercio mortífero.

 

Enlace a la carta de la sociedad civil