Carta de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos con motivos 20D

15.12.2015 14:53
La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, con motivo de la elaboración de los programas electorales por los distintos partidos políticos, desea proponerles que incluyan en los mismos una serie de medidas que garanticen la protección y extensión de los Derechos Humanos en España.
 
El contrato social que ofrece cada partido político a los ciudadanos, a través del programa electoral, sólo será percibido como tal por la ciudadanía si los que se proponen como candidatos para gobernar el país se comprometen a actuar y actúan en aras del interés general y de la dignidad de las personas. Ese pacto de convivencia que nos proponen no puede eludir posicionarse sobre su compromiso en la defensa y protección eficaz de los derechos de las personas. 
 
Las Asociaciones miembros de la Federación estamos hondamente preocupadas, entre otras cosas, por el incremento de la desigualdad en nuestro país pues la misma afecta indiscutiblemente al ejercicio de los derechos fundamentales, a la propia dignidad de las personas y corrompe el cuerpo social. El incremento de la desigualdad no sólo es percibido por los más desfavorecidos y las ONGs sino que también se pone de manifiesto por distintos organismos y entidades.
 
 
 
Así, el informe elaborado a petición de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior del Parlamento Europeo, sobre la repercusión de la crisis en la protección de los derechos humanos en España, publicado por el mismo en este año 2015, alerta de la fractura social inherente a un preocupante aumento de la pobreza en España recomendando medidas para combatir la desigualdad.
 
Por su parte, la OCDE en su informe de este año 2015 recoge que "nunca fue tan elevada la diferencia entre ricos y pobres", habiendo alcanzado la desigualdad de los países de la OCDE su nivel más alto desde que existen registros y, respecto a España, señala que la pobreza está "muy por encima de la media de la OCDE".
 
Por último, en el VII informe FOESSA de Caritas, sobre exclusión y desarrollo social en España 2014, señala que el 25% de la población vive en situación de exclusión. 
 
Desde la Federación entendemos que esta situación de desigualdad en España y a nivel global es el resultado de decisiones políticas y, por ello, la renovación de este pacto de convivencia que supone un proceso electoral, nos anima a sugerir que se incluya la transversalidad de la lucha contra la desigualdad en las distintas políticas que se definan en los programas electorales.
 
 De otra parte, los programas electorales deberían incluir distintos compromisos para la defensa de los derechos humanos en España. La Federación no pretende hacer una lista exhaustiva de cuáles deben ser tales compromisos, pero por su incidencia e importancia queremos señalar algunas medidas que se perciben como mínimos exigibles desde la ciudadanía y organismos internacionales, como el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa.  Así:
 
 
 
-La elaboración y aprobación del tantas veces exigido II Plan de Derechos Humanos, pues resultará un instrumento eficaz para garantizar el respeto, la protección y la realización de los derechos humanos. 
 
-La adopción por parte de España de la versión adaptada de la Carta Social  Europea.
 
-Dar cumplimiento a las 189 recomendaciones que recoge el informe del Examen Periódico Universal (EPU 2015) del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre España.
 
-Identificación de las medidas que cada partido político propone para dar cumplimiento a los compromisos suscritos por los 193 Estados que firmaron en la Asamblea General de Naciones Unidas la "Agenda 2015 - 2030 para el Desarrollo Sostenible".
 
-La derogación urgente de algunas reformas legislativas que limitan de forma desproporcionada los derechos fundamentales de las personas. Así: 
 
                 o La derogación de la reforma del articulo 135 de la Constitución.
 
                o La derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, que consiguió un importante rechazo no sólo de amplios sectores de la ciudadanía. Tanto el Consejo General del Poder Judicial como el Consejo Fiscal y distintos expertos formularon objeciones, incluso de inconstitucionalidad de alguno de sus artículos. En el ámbito internacional también fue objeto de preocupación para la Eurocámara, el Consejo de Europa, y distintos Relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 
                o La derogación de la Ley Orgánica 1/2014 de modificación de la LOPJ, relativa a la jurisdicción universal. Esta reforma supone un paso atrás en la posibilidad de actuación judicial en defensa de los derechos humanos a nivel global y de la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional.
 
Siendo las anteriores medidas fundamentales, otras muchas son deseables por su incidencia en la perpetuación de la desigualdad: las políticas educativas, sanitarias, de inmigración, ecológicas, de género, fiscales y de protección de las economías de las personas. El hacerlo o no son opciones políticas que la ciudadanía tiene derecho a conocer en este proceso electoral.