Decálogo por los derechos humanos en el proceso de negociación política

26.02.2016 11:30

La Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en la última Asamblea General celebrada el pasado día 19 de febrero, manifestó su preocupación porque, aun cuando los derechos humanos se hayan incluido con mayor o menor intensidad en los programas electorales de los distintos partidos políticos, no se han incorporado, sin embargo, suficientemente en el proceso abierto por los citados partidos para concluir en un compromiso o pacto de investidura y/o gobierno.

Los derechos humanos, tanto civiles como políticos y, sobre todo, los derechos económicos, sociales y culturales, como consecuencia de las políticas de austeridad, han resultado limitados de forma desproporcionada. En muchos casos se ha puesto en entredicho la propia dignidad humana pues la desigualdad que conlleva a la pobreza, genera exclusión e indefensión de quien la padece.

Por ello, urgimos a los partidos para que incluyan en el proceso de negociación que están llevando a cabo y, en su caso, en los acuerdos finales el siguiente:

 

DECÁLOGO


1. Es necesario reformular el artículo 135 de la Constitución, principalmente en la subordinación del gasto público al principio de estabilidad presupuestaria y la prioridad absoluta que se da al pago de la deuda pública y sus intereses. También deberán adoptarse medidas de protección de las economías de los ciudadanos.

2. Es necesario que los Derechos Económicos, Sociales y Culturales gocen de la misma jerarquía y protección que los derechos civiles y políticos. En este sentido se sugiere que los artículos englobados en la sección segunda del capítulo II de la Constitución así como los del Capítulo III pasen a estar englobados dentro del mismo epígrafe  “De los derechos fundamentales y las libertades públicas”.
Es necesario, asimismo, que los derechos de las víctimas de la violencia y de las violaciones de las libertades y de los derechos fundamentales se garanticen en el ámbito de la prevención, asistencia, indemnización e integración, conforme a los acuerdos internacionales, así como la protección de las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos.

 

3. Es necesario derogar el artículo 53.3 de la Constitución, en coherencia con el punto 5 de la Declaración y el Programa de Acción de Viena, en el sentido de que todos los Derechos Humanos tienen la misma jerarquía y son interdependientes. Toda la protección vendría dada desde el 53.2.

 

4. Es necesario volver a garantizar el acceso a la sanidad universal en España, y , en consecuencia será preciso revisar el Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones así como el Decreto 1192/2012, de 3 de agosto, por el que se regula la condición de asegurado y de beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria en España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema Nacional de Salud.

 

5. Es necesario que el Estado Español ratifique la versión revisada de la Carta Social Europea así como el Protocolo Adicional del Año 1995 que permita plantear reclamaciones colectivas.

 

6. Es necesario que se revise la Ley de Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, en especial en lo relativo a las competencias de las administraciones locales en materia de  servicios sociales ya que, de acuerdo con la opinión de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, quedarían afectados principios muy importantes que afectan a la universalidad de las prestaciones tales como la normalización o la accesibilidad. Al mismo tiempo es preciso que se vuelva a revitalizar el Plan Concertado como instrumento de equidad así como la apuesta, en coordinación con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, por una Ley Estatal de Servicios Sociales.

 

7. Es necesario reforzar la educación pública dotándola de medios y recursos suficientes para garantizar su estabilidad y su apuesta en la formación integral de la persona. Es, en este sentido, necesario lograr un Pacto de Estado para la Educación entre las fuerzas políticas. Asimismo es preciso garantizar que en todos los niveles educativos se trabajen valores ciudadanos, democráticos, interculturales y medioambientales. La recuperación de la asignatura: “Educación para a ciudadanía” es una prioridad.

 

8. Es necesario dar los pasos precisos para que el Estado cumpla con su deber de solidaridad internacional y cumplimiento del derecho humano al desarrollo, destinando el 0,7% del PIB a políticas de cooperación al desarrollo a lo largo de esta legislatura. Igualmente resulta necesario adoptar un Plan Estatal de Empresas y Derechos Humanos que sitúe a los derechos humanos en la cúspide de la pirámide normativa  y que avance en el establecimiento de mecanismos para la extraterritorialidad en las responsabilidades de las multinacionales por la violación de derechos humanos.

 

9. La política laboral tiene que ser reorientada en tres claves fundamentales:
a) Garantizar la dignidad en el trabajo asegurando salarios dignos, especialmente a la población más joven.
b) Armonización con las políticas de pensiones, de modo que se pueda seguir garantizando un sistema de pensiones publico en el que el principio de reparto siga primando sobre el de capitalización.
c) Garantizar la compatibilidad entre la vida familiar y laboral facilitando espacios de cuidado.

 

10. Es preciso derogar la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo de Seguridad Ciudadana. Es preciso, también garantizar el acceso al derecho de asilo.