Hoja de opinión nº 14 de octubre de 2014

Hoja de opinión nº 14 de octubre de 2014

"LA CORRUPCIÓN"


¿Qué es?

Según el DRAE, consiste en cambiar la naturaleza de las cosas volviéndolas malas mediante la perversión, la inmoralidad, la depravación y la venalidad. En el ámbito económico público esa maldad desvía y se apropia dinero público, aplica intereses generales a fines particulares y sustrae enormes recursos a la economía, a la producción y a las políticas sociales. Su coste y la defraudación fiscal recae en los ciudadanos al reducir la legítima utilización de fondos.
Y se da en sectores privados al percibir comisiones para la contratación de las empresas, cargar a estas los gastos personales de los dirigentes, la implicación de gestores de entidades en sus operaciones, la financiación privilegiada de riesgos en el sistema financiero, la economía sumergida, el tráfico de armas, de drogas y el reciclaje de dinero negro.

 

¿Porqué hay corrupción?

Básicamente por la ambición de poder y por la codicia, que suelen coincidir en el acto corrupto.


¿Hay grados de corrupción?

Corrompe el que engaña, miente y oculta la verdad. Pero su gravedad y repercusión es distinta por sus autores y por el sector de personas perjudicadas. Es más grave cuando los corruptores y corruptos ostentan el poder político pervirtiendo su mandato de gestores o de representantes de los ciudadanos. Si las desviaciones no alcanzan alto grado, limitadas a faltas de procedimiento y malas costumbres, se habla de corruptelas.


¿Qué efectos produce?

No sólo daños materiales sino inmateriales como el desapego a la acción política multiplicada por los intentos partidistas de ocultar la propia corrupción para evitar la erosión de su imagen y el desprestigio de los políticos por su injusta generalización.
En la ciudadanía provoca insensibilidad al verse casi como normal, con la tentación de caer en ella porque todos lo hacen. Quien no se aprovecha es tonto. Y pone en peligro el propio sistema democrático, como señala la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) y recoge el Pontificio Consejo Justicia y Paz en su documento sobre la lucha contra la corrupción resaltando que la legalidad, el respeto a las reglas y el correcto funcionamiento de las instituciones económicas y políticas es un bien común con destino universal que debe promoverse por todos.


¿En qué escenario crece?

Las relaciones entre política y dinero posibilita un alto grado de corrupción pues con este aquella crea una red de clientes y cubre las necesidades del partido y, a su vez, el dinero espera encontrar un tratamiento benévolo en sus actividades empresariales. Ello supone que la representación política en los Parlamentos se pervierta atendiendo no a los ciudadanos sino a la cúpula de los partidos y que se desarticule el poder neutro de la Administración, infiltrándose un personal afín al poder que haga inoperativos los controles o creando una Administración paralela. En suma un Parlamento que no represente a la sociedad y una Administración que no controle la corrupción.

 

¿Qué hacer ante la corrupción?

Siempre ha existido, si bien hay mayor conciencia internacional y nacional. Al ser un problema grave actual de nuestra sociedad y afectar a todos la lucha contra ella ha de ser general.
Los poderes públicos han de actuar eficazmente, mediante un cuadro normativo preventivo con leyes como la de transparencia y el derecho de acceso a la información pública de 2013 tanto del Estado como de la Comunidad Autónoma andaluza que han de aplicarse eficazmente.
Debe potenciarse el control de la actividad de las Administraciones con sanciones ejemplares, y los partidos políticos ejemplarizar su actividad respondiendo a su función educadora.
Los medios de comunicación tienen la función de investigar e informar en tanto libres e independientes asegurándose los principios de objetividad y veracidad. Existen autoridades como el Consejo Superior del Audiovisual francés o el Defensor del Espectador italiano y en Andalucía el Consejo Audiovisual, si bien procede garantizar su imparcialidad ya que la politización los hace ineficaces.


¿Y los ciudadanos?

En el fondo la cuestión reside en su formación y el ejercicio práctico de valores fundamentales. La creencia religiosa rechaza una conducta corrupta pero también la ética universal de la conducta humana que exige en el obrar los valores morales de la honradez, honestidad e integridad.


¿Cómo hacer?

Mediante el rechazo individual y colectivo, su denuncia y no colaborando en ninguna de sus formas.


¿Qué actitud adoptar?

Hay un tema delicado que exige discernimiento para evitar juicios apresurados. En el Estado de Derecho nadie es impune, siendo todas las personas iguales y responsables ante la ley. Mas para condenar hay que probar suficientemente el hecho punible y la participación concreta y personal, no bastando noticias, opiniones ni conjeturas. La imputación llama a una persona por su presunta participación en unos hechos incriminatorios mas no es acusación que surge con el procesamiento al acabarse la instrucción. Sólo el posterior juicio que termine con condena es cuando el Derecho fija las consecuencias penales y su reproche social. No cabe transferir este a aquél momento inicial, lo que generalmente se está produciendo por influjo mediático, por prejuicios intencionados y por trasladar al terreno de los tribunales penales la lucha política. Falta cultura cívica sobre el principio de la presunción de inocencia. Anticipar el juicio al imputado impone una injusta carga social con morbo cuando se trata de personas relevantes y el lamentable espectáculo de linchamiento populachero. No ha de olvidarse que estadísticamente está demostrado que hay gran diferencia entre personas imputadas y finalmente condenadas. No tener esto en cuenta, puede producir además desilusión sobre el funcionamiento de la justicia.
En suma se requiere una regeneración moral y democrática liderada por los partidos políticos y las instituciones morales que representen a la sociedad. La existencia de una autoridad internacional autónoma contra la corrupción y, entre nosotros, un Pacto nacional que acoja principios, modos de actuación y sanciones. Y se necesita una sociedad viva y sana educada y formada moralmente que proscriba corrupciones y corruptelas y que consciente de sus derechos exija a sus representantes y directivos esa regeneración real. Concluye así la citada nota de Justicia y Paz: “las Iglesias locales están comprometidas fuertemente en la formación de una conciencia civil y la educación de los ciudadanos para una verdadera democracia”.

 

Descargar la Hoja de opinión