La cadena perpetua vuelve al Código Penal español

La cadena perpetua vuelve al Código Penal español

El pasado día 22 el Congreso de los Diputados aprobó un nuevo proyecto de reforma del Código Penal. El texto fue aprobado por la mayoría absoluta del PP y UPN, la abstención del Foro de Asturias y el voto contrario del resto de grupos parlamentarios. El proyecto irá ahora al Senado donde será aprobado con toda seguridad por la misma mayoría absoluta.

La principal novedad de esta nueva reforma es la reintroducción en España, para los crímenes más graves, de una pena que desapareció con la llegada de la democracia: la cárcel perpetua (es decir, sin ningún límite de tiempo), ahora llamada “permanente revisable”.

La única diferencia, como indica su nombre, entre la pena que preveía anteriormente el Código Penal de la dictadura, y la pena que se introduce, es que ahora ésta se revisará periódicamente y se podrá suspender si existe un pronóstico favorable de reinserción social. No obstante, tampoco hay tanta diferencia ya que en el régimen anterior a la democracia existían también mecanismos para suspenderla, como el indulto o la libertad condicional por razones de edad.

En todo caso, y a pesar de que otros países democráticos europeos prevén esta pena (con más garantías) y a pesar de que el Tribunal de Estrasburgo ha dicho que esto no atenta contra la Convención Europea de Derechos Humanos, es preciso afirmar que este paso es un grave e inadmisible retroceso. En realidad, podemos afirmar que se trata de una pena cruel, inhumana, degradante, innecesaria, inconstitucional y, en consecuencia, inmoral.

Es cruel e inhumana porque impone un sufrimiento terrible a un ser humano, le aparta definitivamente de la sociedad, le somete a un aislamiento que destruye su condición de un ser relacional y agrede profunda e irreversiblemente su salud mental, física, espiritual y su dignidad moral. La cárcel de por vida menosprecia la condición siempre perfectible del ser humano y la posibilidad del perdón. No se puede negar nunca a priori la posibilidad de que cualquier ser humano se transforme interiormente para arrepentirse, reparar el mal causado y abrirse a amar.

Por eso, tal como señalaron instituciones como el Consejo General de la Abogacía Española, la cárcel permanente es inconstitucional, ya que infringe la prohibición de penas inhumanas o degradantes (art. 15 Const.), y la exigencia de que las penas se orienten a la reinserción social del condenado (art.25.2 Const.), un principio básico de humanidad y de justicia social. Encarcelar para toda la vida significa renunciar oficialmente a la reinserción.

El hecho de que sea “revisable”, es decir, que se pueda dejar sin efecto en determinadas condiciones, no elimina su crueldad ni su inhumanidad, ya que no impide que pueda ser mantenida prácticamente hasta el final de su vida. Obtener la liberación quedará pendiente de una decisión sobre la personalidad del penado (no sobre el delito cometido), o sea un juicio moral subjetivo, sometido a toda clase de presiones e intereses sociales y políticos, y que se convertirá fácilmente (e inevitablemente) en un juicio arbitrario. La decisión de liberar ya no se basará en la verdad de un hecho del pasado (delito cometido) sino una hipótesis (¿apuesta?) sobre la reincidencia futura o un juicio subjetivo sobre la moralidad de la persona o una respuesta política a las demandas de las víctimas o de la opinión pública.

La conducta de la persona es imposible de prever a priori (porque se juega la libertad) y, por lo tanto, cualquier hipótesis de comportamientos futuros carecerá de toda base científica objetiva. Esta arbitrariedad es también la que comportará la nueva medida de custodia de diez años de cárcel.

Pero es también una pena y un sufrimiento socialmente innecesario, porque su previsión legal y su imposición no tienen más efectos preventivos del delito que la imposición de penas graves de duración determinada como las que prevé ahora la ley vigente, que pueden llegar hasta a cuarenta años de cárcel.

Por todas estas razones, la Iglesia tiene que hacer oír su voz contra este grave error político. La doctrina social de la Iglesia hace mucho tiempo que afirma con claridad que las penas “tienen que favorecer la reinserción de las personas condenadas y promover una justicia reconciliadora, capaz de restaurar las relaciones de convivencia armoniosa rotas por el acto criminal” y nunca han de “privar definitivamente al condenado de la posibilidad de redimirse” (Compendio Doctrina Social de la Iglesia, núms. 403-405).

 

Eduard Ibáñez

Director de Justícia i Pau de Barcelona

Artículo de opinión