La DSI y las zonas rurales. Brevísima aproximación

La DSI y las zonas rurales. Brevísima aproximación

No es un tema muy conocido ni muy estudiado el que ocupa este breve artículo. Es un tema poliédrico, con diversos ángulos de aproximación. Yo lo haré tomando como referencia fundamental la DSI, como el nombre de este artículo indica.

 

Es Mater et Magistra, dentro de la DSI, quien lo aborda con más amplitud y clarividencia. La encíclica de Juan XXIII denuncia que el campo, las zonas rurales, en este mundo urbanita y creador de megaurbes (ciudades con más de 10 millones de habitantes), ha sido y está siendo relegado al último puesto, como el patito feo, cuando no olvidado, constituyendo esta realidad una clara violación de principios sagrados para la DSI como el Bien Común y el Destino Universal de los Bienes.

 

Los datos no dejan lugar a la duda. Según afirma la ONU, en el año 1950 el 30% de la población vivía en ciudades, en 2015 había crecido la cifra al 54% (3.960 millones de habitantes) y pronostica que en el 2030 se llegará a un 60% ( 5060 millones).

Frente a esta realidad, la de las zonas rurales es bien distinta. Veamos brevemente la realidad que describen el INE y el informe de «Población y despoblación en España 2016» en España:

  •  4.995 de los 8.125 municipios que tiene España en total, tienen menos de 1.000 habitantes. La inmensa mayoría de estas sufren el continuo envejecimiento de su censo demográfico y un mínimo o nulo relevo generacional, con escasas o nulas cifras de natalidad.
  •  2.652 localidades con menos de 500 habitantes. De ellas, 1.286 (casi dos de cada diez municipios españoles) ni siquiera pasan de los cien vecinos empadronados. Son 358 municipios más de los que había en el año 2000 con menos de 100 empadronados.
  •  Entre 2015 y 2016, España ha perdido 67.374 habitantes. Esa pérdida de población  se ha concentrado mayoritariamente en las áreas rurales. La mitad de los municipios españoles corre riesgo serio de desaparecer.

La causa fundamental de esta situación es económica. Algunos expertos nos dicen que las tres cuartas partes del PIB mundial tienen su origen en los 600 centros urbanos más grandes del planeta (440 se ubican en economías emergentes o en desarrollo), y las estimaciones apuntan a que en 2025 las 20 principales megaciudades estarán ubicadas en países emergentes. En consonancia con esto ya decía MM “el éxodo de la población agrícola hacia otros sectores de la producción se debe frecuentemente a motivos derivados del propio desarrollo económico. Pero en el inmensa mayoría de los casos responde a una serie de estímulos, entre los que han de contarse como principales el ansia de huir de un ambiente estrecho sin perspectivas de vida más cómoda; el prurito de novedades y aventuras de que tan poseída está nuestra época; el afán por un rápido enriquecimiento; la ilusión de vivir con mayor libertad, gozando de los medios y facilidades que brindan las poblaciones más populosas y los centros urbanos. Pero también es indudable que el éxodo del campo se debe al hecho de que el sector agrícola es, en casi todas partes, un sector deprimido, tanto por lo que toca al índice de productividad del trabajo como por lo que respecta al nivel de vida de las poblaciones rurales (74)... Cuando en los medios agrícolas faltan estos servicios, necesarios hoy para alcanzar un nivel de vida digno, el desarrollo económico y el progreso social vienen a ser en aquéllos o totalmente nulos o excesivamente lentos, lo que origina como consecuencia la imposibilidad de frenar el éxodo rural y la dificultad de controlar numéricamente la población que huye del campo (127)”.

En España, datos de instituciones y organismos públicos y privados coinciden en lo evidente: los habitantes de los municipios de más habitantes tienen mayores rentas que los que viven en municipios de pocos habitantes, donde se concentra el paro, la falta de oportunidades y de medios. Por decirlo coloquialmente, en los pueblos se han ido cerrando la escuela, el ambulatorio, la casa cuartel de la Guardia civil, el bar, la tienda y, ya en muchos, la parroquia.

 

La DSI, que reclama una especial atención para el trabajo agrícola “debido a la función social, cultural y económica que desempeña en los sistemas económicos de muchos países, a los numerosos problemas que debe afrontar en el contexto de una economía cada vez más globalizada, y a su importancia creciente en la salvaguardia del ambiente natural” (CDSI 299), denuncia esta situación de inequidad económica (EG 52) y desequilibrio en el desarrollo y en la mejora de las condiciones de vida. Lo expresa claramente MM 48c: “Pero, simultáneamente, cualquiera puede advertir que el gran incremento económico y social experimentado por un creciente número de naciones ha acentuado cada día más los evidentes desequilibrios que existen, primero entre la agricultura y la industria y los servicio generales”.

 

Esto atenta contra el bien común nacional, entre cuyas exigencias están “suprimir o limitar al menos las desigualdades entre los distintos sectores de la economía —agricultura, industria y servicios—; equilibrar adecuadamente el incremento económico con el aumento de los servicios generales necesarios, principalmente por obra de la autoridad pública” (MM 79).

 

Por eso, MM exhorta a los poderes públicos a que tomen una serie de medidas legislativas, económicas, financieras, fiscales, laborales y sociales que reviertan esta situación, teniendo especialmente en cuenta la realidad agrícola, sus dificultades y peculiaridades; todo ello encaminado a la realización del camino de transformación que plantea. Estos, conscientes del principio de subsidiaridad, habrán de fomentar y facilitar la iniciativa privada, ayudando al agricultor a ser el protagonista de su desarrollo.

 

Quiero subrayar aquí un elemento de especial importancia para la DSI, especialmente para los países más pobres o emergentes: el acceso por parte de los agricultores a la propiedad de la tierra como clave de desarrollo. El CDSI 180 nos dice al respecto: “Sigue siendo vital, especialmente en los países en vías de desarrollo o que han salido de sistemas colectivistas o de colonización, la justa distribución de la tierra. En las zonas rurales, la posibilidad de acceder a la tierra mediante las oportunidades ofrecidas por los mercados de trabajo y de crédito, es condición necesaria para el acceso a los demás bienes y servicios; además de constituir un camino eficaz para la salvaguardia del ambiente, esta posibilidad representa un sistema de seguridad social realizable también en los países que tienen una estructura administrativa débil”. Y subraya que “Los cambios profundos y radicales que se presentan actualmente en el ámbito social y cultural, y que afectan también a la agricultura y, más en general, a todo el mundo rural, precisan con urgencia una profunda reflexión sobre el significado del trabajo agrícola y sus múltiples dimensiones. Se trata de un desafío de gran importancia, que debe afrontarse con políticas agrícolas y ambientales capaces de superar una cierta concepción residual y asistencial, y de elaborar nuevos procedimientos para lograr una agricultura moderna, que esté en condiciones de desempeñar un papel significativo en la vida social y económica” (CDSI 299). “ En algunos países es indispensable una redistribución de la tierra, en el marco de políticas eficaces de reforma agraria, con el fin de eliminar el impedimento que supone el latifundio improductivo, condenado por la doctrina social de la Iglesia, para alcanzar un auténtico desarrollo económico”(CDSI 300).

Para alcanzar este desarrollo, y superar los desequilibrios, ya proponía MM 125 tres pasos:

1º. “investigar... los procedimientos más idóneos para reducir las enormes diferencias que en materia de productividad se registran entre el sector agrícola y los sectores de la industrial y de los servicios”

2º. “buscar... los medios más adecuados para que el nivel de vida de la población agrícola se distancie lo menos posible del nivel de vida de los ciudadanos que obtienen sus ingresos trabajando en los otros sectores aludidos”

3º. “hay que realizar..., los esfuerzos indispensables para que los agricultores no padezcan un complejo de inferioridad frente a los demás grupos sociales, antes, por el contrario, vivan persuadidos de que también dentro del ambiente rural pueden no solamente consolidar y perfeccionar su propia personalidad mediante el trabajo del campo, sino además mirar tranquilamente el provenir”.

Para que esto sea posible, establece dos principios y tareas básicas:

1º. “Es necesario que todos, y de modo especial las autoridades públicas, procuren con eficacia que en el campo adquieran el conveniente grado de desarrollo los servicios públicos más fundamentales, como, por ejemplo, caminos, transportes, comunicaciones, agua potable, vivienda, asistencia médica y farmacéutica, enseñanza elemental y enseñanza técnica y profesional, condiciones idóneas para la vida religiosa y para un sano esparcimiento y, finalmente, todo el conjunto de productos que permitan al hogar del agricultor estar acondicionado y funcionar de acuerdo con los progresos de la época moderna” (127).

2º. “Que el desarrollo económico de los Estados se verifique de manera gradual, observando la debida proporción entre los diversos sectores productivos. Hay que procurar así con especial insistencia que, en la medida permitida o exigida por el conjunto de la economía, tengan aplicación también en la agricultura los adelantos más recientes en lo que atañe a las técnicas de producción, la variedad de los cultivos y la estructura de la empresa agrícola, aplicación que ha de efectuarse manteniendo en lo posible la proporción adecuada con los sectores de la industria y de los servicios”(128).

A esto, añade CiV 58 la necesidad de “Un comercio internacional justo y equilibrado en el campo agrícola puede reportar beneficios a todos, tanto en la oferta como en la demanda. Por este motivo, no sólo es necesario orientar comercialmente esos productos, sino establecer reglas comerciales internacionales que los sostengan, y reforzar la financiación del desarrollo para hacer más productivas esas economías”.

 

Esta afirmación de CiV nos ayuda descubrir que solo desde un planteamiento global, que implica un adecuado desarrollo de la globalización, es posible esto, pues como nos advierte el CDSI 483, “El estrecho vínculo que existe entre el desarrollo de los países más pobres, los cambios demográficos y un uso sostenible del ambiente, no debe utilizarse como pretexto para decisiones políticas y económicas poco conformes a la dignidad de la persona humana”.

 

Quisiera terminar con la referencia a la relación que establece CiV 27 entre el problema del hambre y el desarrollo rural, pues nos ayuda a descubrir, aún con más fuerza si cabe, lo mucho que se juega la humanidad en este tema: “El problema de la inseguridad alimentaria debe ser planteado en una perspectiva de largo plazo, eliminando las causas estructurales que lo provocan y promoviendo el desarrollo agrícola de los países más pobres mediante inversiones en infraestructuras rurales, sistemas de riego, transportes, organización de los mercados, formación y difusión de técnicas agrícolas apropiadas, capaces de utilizar del mejor modo los recursos humanos, naturales y socio-económicos, que se puedan obtener preferiblemente en el propio lugar, para asegurar así también su sostenibilidad a largo plazo. Todo eso ha de llevarse a cabo implicando a las comunidades locales en las opciones y decisiones referentes a la tierra de cultivo. En esta perspectiva, podría ser útil tener en cuenta las nuevas fronteras que se han abierto en el empleo correcto de las técnicas de producción agrícola tradicional, así como las más innovadoras, en el caso de que éstas hayan sido reconocidas, tras una adecuada verificación, convenientes, respetuosas del ambiente y atentas a las poblaciones más desfavorecidas. Al mismo tiempo, no se debería descuidar la cuestión de una reforma agraria ecuánime en los países en desarrollo” . Descargar Artículo 

Ignacio Mª Fernández de Torres

Consiliario Justicia y Paz de Madrid