La necesidad de una autoridad internacional para proteger la naturaleza

La necesidad de una autoridad internacional para proteger la naturaleza

La Doctrina social de la Iglesia reclama desde hace décadas la necesidad de que la humanidad se dote de una autoridad política mundial para promover el bien común universal.

 

En un mundo cada vez más globalizado e interdependiente, los retos y problemas que afectan a la humanidad ya no pueden ser afrontados en solitario por los países o simplemente desde los intereses propios de cada pueblo o nación. Es necesaria no solamente una mayor cooperación entre los Estados, ni tan solo formas de asociación, sino verdaderas autoridades internacionales que, con poderes jurídicos adecuados, velen eficazmente por la paz, la seguridad, la justicia y los derechos humanos.

 

Esta exigencia fue expresada ya por San Juan XXIII en la encíclica Pacem in terris y por el Concilio Vaticano II, reiterada luego por San Juan Pablo II y posteriormente desarrollada por Benedicto XVI en Caritas in veritate, publicada en el contexto de la grave crisis financiera desencadenada en 2008. Un documento del Consejo Pontificio Justicia y Paz de 2011 profundizó en esta cuestión. http://www.juspax-es.org/products/por-una-reforma-del-sistema-financiero/

 

También el Papa Francisco, en su reciente encíclica Laudato si’ ha vuelto a insistir en esta idea, como algo necesario para la protección de la naturaleza frente a la destrucción ecológica provocada por nuestro modelo de desarrollo y la cultura tecnocrática y consumista.

 

En el número 175, dentro del capítulo dedicado a proponer líneas de acción para afrontar el problema ecológico, el papa Francisco advierte que “en este contexto, se vuelve indispensable la maduración de instituciones internacionales más fuertes y eficazmente organizadas, con autoridades designadas equitativamente por acuerdo entre los gobiernos nacionales, y dotadas de poder para sancionar. Como afirmaba Benedicto XVI en la línea ya desarrollada por la doctrina social de la Iglesia, «para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, para prevenir su empeoramiento y mayores desequilibrios consiguientes, para lograr un oportuno desarme integral, la seguridad alimenticia y la paz, para garantizar la salvaguardia del ambiente y regular los flujos migratorios, urge la presencia de una verdadera Autoridad política mundial, como fue ya esbozada por mi Predecesor, [san] Juan XXIII»[129]. En esta perspectiva, la diplomacia adquiere una importancia inédita, en orden a promover estrategias internacionales que se anticipen a los problemas más graves que terminan afectando a todos”.

 

Ciertamente, el derecho internacional ha ido desarrollando progresivamente un entramado de regulaciones que obligan a los Estados a un mayor compromiso ecológico.  Así por ejemplo, se pueden destacar acuerdos internacionales en materia de residuos peligrosos, de gestión de los océanos, de comercio de especies protegidas o sobre la protección de la capa de ozono. O, por lo que se refiere a la lucha contra el cambio climático, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, con sus posteriores Protocolos de Kioto y los recientes acuerdos de París (2015), son un avance indiscutible.

 

Ahora bien, desgraciadamente, los Tratados firmados quedan siempre muy lejos de frenar la grave devastación en múltiples ámbitos. De otro lado, los compromisos asumidos, como en el caso del cambio climático, quedan frecuentemente supeditados a la mera voluntariedad en su aplicación, sin que existan instituciones que garanticen jurídicamente su cumplimiento.

 

Como dice el papa Francisco en el número 173 de Laudato si’: “Urgen acuerdos internacionales que se cumplan, dada la fragilidad de las instancias locales para intervenir de modo eficaz. Las relaciones entre Estados deben resguardar la soberanía de cada uno, pero también establecer caminos consensuados para evitar catástrofes locales que terminarían afectando a todos. Hacen falta marcos regulatorios globales que impongan obligaciones y que impidan acciones intolerables, como el hecho de que empresas o países poderosos expulsen a otros países residuos e industrias altamente contaminantes”.

 

Y para imponer obligaciones y hacerlas cumplir, se necesitan autoridades políticas internacionales con poderes jurídicos suficientes y vinculantes, siempre regulados y bajo control democrático, con capacidad para imponer normas, frenar actuaciones ilegales y sancionar, todo ello a fin de proteger los llamados “bienes comunes globales”, que son de todos y que todos deben poder usar responsablemente.

 

De hecho, sabemos que existen ya algunos organismos internacionales con cierta capacidad coactiva en algunos ámbitos, como son el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Tribunal Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional, pero sus poderes son muy limitados y no siempre de alcance obligatorio universal, o bien suelen quedar condicionados por vetos e intereses.

 

Se trata pues de avanzar hacia la constitución de autoridades internacionales que protejan la naturaleza y los ecosistemas de la depredación y la devastación, dotándoles de poder legal a través de la cesión de soberanía desde los Estados.

 

Es evidente que estamos muy lejos de este objetivo, que los obstáculos y poderes que se oponen son enormes, que los mismos gobiernos y poderes fácticos mundiales, especialmente los más fuertes, no tienen ningún interés o lo frenan... Y, desgraciadamente, esta es una cuestión casi ausente del debate público y social, inexistente en la agenda política de los partidos.

 

Pero esta es seguramente, es una de las grandes utopías por las que hay que luchar hoy, en la esperanza de que, como ocurrió con otras exigencias de justicia y de paz en la historia, pueda hacerse realidad algún día. Para ello es necesario que la opinión pública mundial, alarmada por el deterioro ecológico y su terrible impacto en nuestras vidas, exija a sus gobiernos trabajar con este objetivo, Y esto requiere una movilización social enorme, que deberíamos empezar a promover hoy.

 

Eduard Ibáñez Pulido
Presidente CG Justicia y Paz