La progresiva degradación del trabajo en nuestra sociedad

La progresiva degradación del trabajo en nuestra sociedad

El trabajo es algo elemental en toda sociedad humana, pues  resulta necesario para formar y mantener la familia, adquirir el derecho a la propiedad y contribuir al bien común de la familia humana, por lo que se configura como un derecho fundamental y un bien para el hombre [1]; un bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y acrecentar la dignidad humana. La Iglesia enseña el valor del trabajo no sólo porque es siempre personal, sino también por el carácter de necesidad [2].

 

A su vez, el trabajo humano tiene una doble dimensión: objetiva y subjetiva. En el aspecto objetivo supone el conjunto de actividades, recursos, instrumentos y técnicas de las que el hombre se sirve para producir, dominar la tierra –en palabras del Génesis-; en sentido subjetivo, representa el actuar del hombre en cuanto ser dinámico, capaz de realizar diversas acciones  que se corresponden con el proceso laboral y con la vocación personal de cada ser humano –como “imagen de Dios”-.

 

Tal determinación configura, a su vez, el aspecto contingente de la actividad humana (ámbito objetivo del trabajo) y el aspecto estable (ámbito subjetivo) por cuanto no depende de lo que el hombre realiza, sino de su dignidad de ser personal. Lo cual, revela como decisiva tal distinción, para la comprensión del fundamento último del valor y dignidad del trabajo, cuanto para implementar una organización de los sistemas económicos y sociales que sea respetuosa con los derechos del hombre.

 

Al propio tiempo, el trabajo humano posee una intrínseca dimensión social, como lo puso de manifiesto Juan Pablo II en la encíclica Centessimusannus [3], lo que tiene una radical importancia para valorarlo justamente.

 

En consecuencia la cuestión social es de extraordinaria importancia moral en la perspectiva de la enseñanza social de la Iglesia, que legitima la demanda de cualquier trabajador a un trabajo legítimo, que en la actualidad clama por dicho derecho, especialmente por el progresivo deterioro de los derechos sociales que se va percibiendo en las democracias occidentales, como por la negativa de otros Estados a implantar un sistema económico justo y constitucional que ampare derechos fundamentales y libertades públicas, que dan lugar a situaciones de explotación social y laboral, con jornadas laborales interminables y explotación laboral de la infancia, además de condiciones de seguridad e higiene laboral inadmisibles, que hacen más penosa la realización del trabajo.

 

Tal es así, que con el denominado Consenso de Washington (1989) y tras la caída del muro de Berlín (1989), se ha ido generalizando el nuevo fenómeno mundial globalizador, que ha supuesto la extensiva aplicación de políticas neoliberales –que se habían implantado en los EEUU por Ronald Reagan y en Inglaterra por Margaret Tatcher-  a nivel mundial, con apertura de mercados e interacción de sistemas económicos, liberalización de capitales, que ha conllevado el pernicioso efecto de retroceso de los derechos sociales en aquellos lugares que se habían alcanzado altos índices de pacto político y bienestar social (como los del área de la UE), en tanto que en los países en vías de desarrollo no se llegaron a fraguar este tipo de conquistas sociales, quedando el trabajo relegado como mera mercancía económica, progresivamente desprovista del componente de legitimación jurídico-política y moral.

 

La denominada “aldea global”, cuya prédica beneficiosa se nos vendió por los propagandistas neoliberales, pronto empezó a mostrar su cruda realidad, pues reflejó el espíritu capitalista más inhumano con la “idolatrización” del dinero (a cuyo logro todo se sometía) y su templo (“el mercado”, de regulación inaccesible), planteándose como principal objetivo vital el logro del máximo beneficio al menor costo, lo que trajo inexorablemente los insolidarios resultados del incremento de desigualdades sociales (entre los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres) y con ello la injusticia.

 

En tal planteamiento, los logros de las luchas obreras europeas de principios del S. XX se han ido eliminando, incluso el denominado “Estado del Bienestar” (construcción europea, que ha dado estabilidad política, social y económica a Europa tras la II Guerra Mundial) ha empezado a desmoronarse, so pretexto de su inasumible costo social.  Situación, que nos lleva a apreciar un grave deterioro –cada vez mayor en nuestro entorno social-, que se ha incrementado tras la última crisis económica generada por un capitalismo financiero (que a diferencia del capitalismo industrial) no crea empleo y es netamente especulativo, llegando a transformar la economía mundial en un constructo especulativo que funciona en los denominados “mercados” como si se tratara de un gran casino, en que casi siempre gana el gran capital y pierde la humanidad.

 

Todo ello ha dado lugar, con las sucesivas crisis económicas y especialmente la última, a una enorme destrucción de la actividad productiva en los países occidentales que la han padecido, como el nuestro, llegando a insoportables niveles de paro (que en España subió al 27%), con unas lentísimas estimaciones de recuperación, además de llegar a reconocer la existencia de un desempleo estructural no soluble que condena a un porcentaje estimable de la población (en torno al 10% al desempleo continuo), lo cual no sólo es injusto, sino moral y socialmente inasumible.

 

En esta situación, por la mera lógica de la ley del mercado de la oferta y la demanda, la situación del empleo se ha deteriorado alcanzando a niveles de principios del S. XX, con la destrucción del empleo de calidad (empleo indefinido a jornada completa), dándose cada vez más extensión de modalidades de empleo (o subempleo) temporal y/o a jornada parcial, en lo que se ha denominado popularmente como los “minijobs”, que supone el cambio de “empleo de calidad” por “empleo basura”[4] (que en no pocos casos, pese al empleo del trabajador, no le solucionan sus problemas de subsistencia personales y familiares) [5], con el consiguiente incremento de nuevos pobres, pese a tener trabajo [6]. Junto con ello, se van restringiendo o desapareciendo los derechos de cobertura social (de asistencia sanitaria, desempleo, pensiones, etc.), que antes eran gratuitos en la mayoría de los Estados europeos, y en la actualidad se cuestionan o suprimen tales servicios públicos, so pretexto de su inviabilidad presupuestaria, obligando a los trabajadores a que concierten seguros privados de previsión.

 

Pero en este panorama de retroceso social de nuestro entorno, no haríamos justicia si no hiciéramos mención de las principales víctimas de esta “involución social”, que en las personas de los jóvenes en demanda de empleo o subempleados encuentra sus mayores víctimas, al punto que muchos han tenido que abandonar el país en una búsqueda incierta de futuro que nuestra sociedad les niega, perdiendo gran parte de nuestro futuro como sociedad, de esta forma, en una cuestionable gestión pública del potencial patrimonio social.

 

Ante esta situación, no parece lícita la pasividad, sino que habría que promover las acciones públicas que remediaran esta negativa situación, pues los problemas de la ocupación reclaman las responsabilidades del Estado, al cual compete el deber de promover políticas que activen el empleo [7], a cuyo fin parece necesaria para la promoción del derecho al trabajo que exista un libre “proceso de auto-organización de la sociedad”[8] que den lugar a iniciativas, privadas y sociales, caracterizadas por formas de participación, de cooperación y de autogestión, que revelan la fusión de energías solidarias, que destierren el individualismo insolidario y egoísta que ha invadido nuestro ámbito convivencial. Puesto que el bienestar económico de un país no se mide exclusivamente por la cantidad de bienes producidos, sino también teniendo en cuenta el modo en que son producidos y el grado de equidad en la distribución de la renta, que habría de permitir a todos disponer de lo necesario para un desarrollo humano digno, propio de la persona.

 

A tal fin, sería oportuno una nueva conciencia social que –contemplando esta injusta realidad- propiciara un amplio debate público para propiciar unas adecuadas políticas sociales de redistribución de la renta, que son necesarias para el bienestar económico auténtico de nuestra sociedad, pero sobre todo para restablecer una cultura social comunitaria que contemple la solidaridad, el bien común y el horizonte de futuro que nos convoca como empresa nacional.

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Domingo Delgado Peralta.

(Licenciado en Derecho, en Criminología, en CC. Políticas, en Periodismo, en Teología

 

                                                                      

           



[1] CONC. VATICANO II, Const. Past. Gaudiumetspes, 26.

[2] LEON XIII, Carta enc. Rerumnovarum, 11.

[3] JUAN PABLO II, Carta enc. Centesimusannus: “el trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros: es hacer algo por alguien”.

[4] JUAN PABLO II, Carta enc. Laboremexercens, 19: “La remuneración es el instrumento más importante para practicar la justicia en las relaciones laborales”.

[5] CONC. VATICANO II, Const. Past.Gaudium et spes, 67: “La remuneración del trabajo debe ser tal que permita al hombre y a su familia una vida digna en el plano material, social, cultural y spiritual, teniendo presents el puesto de trabajo y la productividad de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común”.

[6] Catecismo de la Iglesia Católica, 2434; cf. PIO XI, Carta enc. Quadragésimoanno, sobre el salario justo.

JUAN PABLO II, Carta enc. Centesimusannus.

PABLO VI, Discurso a la OIT (10-6-1969).

 

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