Por una reforma del sistema financiero

Por una reforma del sistema financiero

Con gran alegría presentamos un fruto más de la colaboración de Cáritas y la Comisión General de Justicia y Paz, que expresa nuestra fuerte comunión en la fe y nuestra común vocación de compromiso social como instituciones de la Iglesia. Se trata de esta edición conjunta, en lengua castellana, de dos importantes textos emanados recientemente del Pontificio Consejo de Justicia y Paz en torno a la crisis financiera global desencadenada en el año 2008.

Los textos que aquí publicamos, precedidos de una reflexión introductoria, son, primera y principalmente, la Nota del Pontificio Consejo de Justicia y Paz, que preside el cardenal Peter Turkson, difundida en el mes octubre de 2011, titulada “Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la prospectiva de una Autoridad pública con competencia universal”.

En segundo lugar, el interesante artículo del secretario general del mismo Pontificio Consejo, Mons. Mario Toso, publicado unas semanas más tarde de la Nota, que clarifica y precisa algunos aspectos de su contenido, respondiendo así algunas críticas que había recibido aquella.

Nuestra intención es dar la mayor difusión de dichos textos y facilitar su lectura y reflexión. Para ello, hemos incluido cuadros resumen en la Nota con el objetivo de destacar las ideas clave. Se pretende dar a conocer estos documentos tanto en los ámbitos cristianos como fuera de ellos, convencidos de que constituyen una extraordinaria aportación para la comprensión de esta crisis, sus causas inmediatas y profundas y las vías para afrontarla, desde la perspectiva de la gran tradición de la Doctrina Social de la Iglesia.

Las consideraciones que ofrece la Nota del Pontificio Consejo, profundamente ancladas en la tradición del Magisterio Social de la Iglesia y, en particular, de la encíclica social de Benedicto XVI, Caritas in veritate, constituyen un agudo análisis de los factores que explican la actual crisis económica, especialmente los de carácter ético e ideológico, así como un juicio sobre los retos que se plantean para la comunidad internacional a fin de garantizar el bien común.

En este sentido, la Nota describe el origen financiero de la crisis, como fruto de una tendencia, iniciada sobre todo a partir de los años noventa, de expansión desmesurada de la liquidez y el crédito en los mercados financieros internacionales que dio lugar a burbujas especulativas (muy particularmente la inmobiliaria), las cuales finalmente derivaron en una fuerte crisis de solvencia y de confianza, con su impacto negativo sobre la producción y la consiguiente destrucción masiva de empleos. Este proceso, para el Pontificio Consejo, es el resultado del dominio de una ideología de liberalismo económico exacerbado, que propició la falta de suficientes reglas y controles sobre unos mercados financieros cada vez más globalizados. En último término, afirma el Consejo, siguiendo lo expuesto ya en la Caritas in veritate, este desarrollo tiene como fondo una ideología  individualista y utilitarista, que se ha revelado también en comportamientos de egoísmo, de codicia colectiva y de acaparamiento de bienes a gran escala, generadores de graves desigualdades mundiales.

 

Ante ello, una de las ideas centrales de la Nota es la afirmación y despliegue de una idea fundamental, ya expresada en la encíclica Pacem in terris de Juan XXIII y reiterada también en Caritas in veritate, de Benedicto XVI: la necesidad urgente de constituir una Autoridad pública mundial que vele por el bien común en un mundo cada vez más globalizado e interdependiente. Una Autoridad que debe afrontar cuestiones que ya no pueden ser abordadas unilateralmente por los Estados, como son la paz, la seguridad y el desarme, la tutela de los derechos humanos, las políticas de desarrollo, los flujos migratorios, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente y también el gobierno de la economía y finanzas mundiales.

Dicha Autoridad mundial orientada al bien común universal, como acertadamente nos recuerda Mons. Mario Toso, deber ser comprendida de forma adecuada, según la enseñanza tradicional de la Iglesia al respecto. Así, lo que se necesita no es un nuevo “superpoder invencible y monocrático”, sino una Autoridad constituida por común acuerdo, sobre la base de la representatividad y la división de poderes, fundada sobre la razón moral y regida por el Derecho, que actúe al servicio de los Estados de acuerdo con el principio de subsidiariedad y articulada sobre planos y niveles diversos que colaboren recíprocamente. Es decir, una Autoridad limitada, participada y descentralizada. Esta Autoridad, más que simple coordinación entre gobiernos, debería tener un claro carácter super partes, es decir, a un nivel superior de los Estados, y superadora de una concepción ideológica nacionalista y aislacionista de la soberanía.

 

Evidentemente, no se le escapa al Pontificio Consejo la gran dificultad de alcanzar dicho objetivo, pero señala que debería ser posible a través de un proceso gradual, basado en el multilateralismo, de cesión progresiva de competencias desde los Estados hasta niveles regionales e internacionales y tomando como base a las instituciones ya existentes, especialmente Naciones Unidas, convenientemente reformadas.

Una Autoridad mundial de estas características podría y debería recuperar la primacía de la ética y de la política sobre la economía y las finanzas, a fin de sujetarlas a su verdadera función de promoción de las necesidades de la persona y de todas las personas, respondiendo a las exigencias del bien común, la justicia social y la fraternidad universal.

Un gobierno mundial de la economía que debería llevar a medidas como la instauración de impuestos a las transacciones financieras, formas de recapitalización bancaria bajo condiciones, la separación de la actividad bancaria tradicional de la de inversión, o sobre todo, la creación de un organismo que, como una especie de banco central mundial regule el flujo de los intercambios monetarios bajo la lógica de la coordinación y la prosperidad común.

Estas son pues, en síntesis, algunas de las principales reflexiones y propuestas del Pontificio Consejo ante la crisis, como desarrollo y aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia, las cuales confirman, a nuestro juicio, que se trata de una doctrina que continúa siendo un auténtico referente y orientación en estos tiempos de crisis y de grandes transformaciones sociales “a fin de avanzar  a favor de una sociedad a la medida del hombre, de su dignidad y de su vocación” (Caritas in veritate, n. 9).

Y en estas propuestas y reflexiones nos inspiramos desde la Comisión General de Justicia y Paz de España para ofrecer humildemente, en el último documento de esta publicación, un amplio elenco de actitudes, compromisos y retos que, a nuestro entender, deberían orientar la actuación de los dirigentes políticos, medios de comunicación, empresarios, sindicatos y ciudadanía en general, para afrontar los graves desafíos que se derivan de la grave crisis que afecta a nuestra economía y sus dramáticas consecuencias sociales.

En estos tiempos en los que la realidad social muestra tanta injusticia y sufrimiento, ojalá que la difusión de estos textos contribuya a mostrar (tal y como subraya el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, n. 579) “que la esperanza cristiana confiere una fuerte determinación al compromiso en el campo social, infundiendo confianza en la posibilidad de construir un mundo mejor”.

 

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