VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España

12.06.2019 10:35

El estudio tiene como una de sus bases principales una encuesta a 29.000 personas de 11.600 hogares.

 

El informe Foessa, considerado entre las aportaciones más completas y relevantes a la comprensión sociológica de España, lanza en su VIII edición una señal de alarma: ha quebrado el pacto social. A lo largo de 686 páginas, que recorren de arriba abajo el edificio socioeconómico español, el informe muestra un modelo de desigualdad cronificado y describe una salida de la crisis injusta y segregadora. "Los mayores costes de los ajustes para la denominada salida de la crisis han recaído en los hogares con menos recursos", concluye el informe, coordinado por el Equipo de Estudios de Cáritas y la Fundación Foessa, constituida en 1965 por la organización caritativa de la Iglesia.

Un total de 125 investigadores de 30 universidades y 13 organismos de investigación, expertos en los campos de la sociología, la economía, el mercado laboral, las políticas públicas, la ética y la opinión pública, entre otras áreas, han participado en la realización del estudio, que lanza una grave alerta de fondo: "Se están intensificando y cronificando la pobreza y los procesos de empobrecimiento", al tiempo que se produce una "descalificación" social de la "fragilidad de los débiles". El informe apunta a una "crisis del Estado de bienestar" que no es puntual, ni cíclica, sino el agotamiento del modelo transaccional socialdemócrata entre capital y trabajo".

Un total de 2,1 millones de personas en España viven con la incertidumbre de si se quedarán o no sin vivienda, lo que supone un 4% de los hogares, destaca el informe, que constata un "enquistamiento" de la exclusión social y refleja que la vivienda se ha convertido en causa clave para caer en ella. Un total de 8,5 millones de personas en España están en situación de exclusión social, un 18,4% de la población (casi 7 puntos menos que en 2013) pero todavía son 1,2 millones más que antes de la crisis. De ellos, más de 5 millones sufren "situaciones de exclusión social severa" y más de 1,8 millones forman el grupo de "expulsados" con mayor necesidad de intervención urgente. "La exclusión social se está enquistando. Son un 18,4%, 1,2 millones más que en 2007. Esa es la resaca de la crisis, es lo que denominamos la sociedad estancada, un grupo de personas para el que el ascensor de la movilidad social ya no funciona", señaló durante la presentación Guillermo Fernández, miembro del Equipo de Estudios de Cáritas y de la Fundación Foessa.

El "problema" de la moneda única

El estudio identifica como problema de base la "financiarización" de la economía mundial, causa de un drenaje de recursos disponibles para fines productivos" y una "concentración de la renta". Su diagnóstico no se queda en los resultados sociales de la crisis, sino que trata de apuntar a algunos factores que la han desencadenado o agravado. En ocasiones, con perspectiva controvertidas, como cuando señala que la moneda única, tras suponer en inicio una "clara ventaja para España", ha terminado generando un "serio problema". "Los precios internos crecieron más que los del resto de la eurozona, lo que, careciendo de la posibilidad de devaluar, se tradujo en una creciente pérdida de competitividad de los bienes y de los servicios españoles", señala el informe. Y añade: "El diseño institucional del Banco Central Europeo (BCE) ha representado otro obstáculo para una gestión adecuada de la recesión".

Todo ello ha contribuido a que "la política familiar y de protección a las familias con menores en España ha seguido estando en los niveles más bajos de Europa incluso durante los periodos de mayor crecimiento económico". El resultado es que sólo cabe calificar como "modesto" el Estado del bienestar en España, señala el informe, que destaca cómo "las políticas de ajuste para hacer frente a la gran depresión" han tenido "como prioridad la reducción de la deuda a costa de las prestaciones sociales", citando las reformas de la educación y la sanidad de abril de 2012. También es observable la incidencia en la "precariedad del mercado de trabajo, acentuada con la reforma laboral de febrero de 2012, que fragiliza aún más la estructura social, a la vez que profundiza la dependencia de España respecto del núcleo económicofinanciero dominante en la UE".


Cambio de paradigma

"Venimos de un modelo social que no asumió la pobreza y la exclusión social, las situaciones frágiles y vulnerables, a pesar del gran crecimiento económico del PIB y del empleo durante la última fase expansiva de nuestra economía, 1994/2007", apunta el estudio, que señala que la "solidaridad familiar" ha ido ganando en importancia ante el debilitamiento de la esfera pública con la crisis y la caída del poder adquisitivo. El informe describe todo un cambio de paradigma social a raíz de la crisis. Es lo que el informe llama "cambios en la estructura del bienestar", poniendo ejemplos: en la salud, "del ciudadano al asegurado"; en la vivienda, "de un bien de necesidad a un bien de inversión"; en la dependencia, "de los servicios sociales a las empresas de seguros"; en la gestión del bienestar, "de la rentabilidad social a la rentabilidad lucrativa"; en las políticas contra la pobreza, "de la incoproración social al ocultamiento"; en el sistema educativo, "de las necesidades de humanización a las necesidades del mercado"; en las prestaciones, "del derecho al merecimiento". En cuanto a las relaciones laborales, el cambio es "del convenio social a la mercantilización". Y a ello se añade un cambio cultural: "La desigualdad en el mercado de trabajo está imponiendo el discurso de que el éxito final reside en la consideración del empleo como un privilegio y no como un derecho".

El informe, como corresponde a Cáritas, incide en la dimensión moral de los problemas. Pero no moraliza en abstracto, sino que profundiza en el análisis. Niega, por ejemplo, la neutralidad ideológica de las políticas de austeridad y diagnostica una "mayor debilidad de nuestros mecanismos de protección". "Estamos transformando nuestro modo de responder a las necesidades colectivas", señala. Hay en marcha un "cambio del contrato social" que incluye una "reducción de la movilidad social" y un incremento de las "brechas": la generacional, la de acceso a los distintos tipos de empleo, la de acceso a futuros mecanismos de jubilación. El informe alerta de una "creciente pérdida de universalidad en los servicios básicos del bienestar social", poniendo como ejemplo "la vinculación del acceso a la sanidad a la contribución vía empleo, o las dificultades para la mejora de los sistemas públicos de provisión por la derivación de recursos para la provisión privada".

Miedo y shock

"Se está desarrollando –señala el estudio– una nueva arquitectura social con un cambio cultural en el que se pierden estructuras colectivas bajo la égida del individualismo meritocrático. Se ha optado por el crecimiento económico como talismán único e imprescindible para toda la construcción social". Los autores del informen orientan hacia una conclusión: no es posible un cambio social como el que se ha producido sin un cambio cultural, mental. Es lo que el informe llama "un cambio antropológico acorde con los cambios estructurales". En el resumen ejecutivo, además, se advierte de que la avería social que está provocando un crecimiento del descontento puede ser aprovechado por los mesías políticos de turno. "El miedo es un elemento movilizador, capitalizador de votos y descapitalizador de mirada estratégica", apunta el informe.

La fundación Foessa pone de relieve cómo las crisis "son momentos idóneos para impulsar dinámicas dirigidas a reconfigurar las relaciones sociales, particularmente las relaciones de fuerza entre los distintos grupos sociales". "Nada mejor que una buena crisis, ya sea 'real o percibida', para imponer una agenda de reformas a una población en estado de shock", citando a Naomi Klein. Entre los cambios culturales que se están produciendo, el informe apunta a un "debilitamiento de la cultura cívica de la fiscalidad".

Extremadura, Canarias y Andalucía siguen abajo

Los autores inciden en la necesidad de promover políticas tendentes a la igualdad. Es un terreno en el que España no avanza. "Si hace cuatro décadas España era un país muy desigual en el contexto comparado, hoy es uno de los tres países de la UE 27 donde mayores son las diferencias de renta entre los hogares", señala. Tampoco en el seno del país hay excesivos cambios.

"La tradicional concentración de la pobreza en determinadas regiones —Extremadura, Canarias y Andalucía— parece que no se ha modificado sustancialmente desde los años ochenta", apunta el informe, que pone a Navarra y el País Vasco como contraejemplos. "No parecen ajenas a ello ni la menor incidencia del problema del desempleo ni la mayor inversión en programas de bienestar social", apunta.

Desigualdad crónica

"A principios de los años setenta España era uno de los países industrializados donde la desigualdad era mayor. Cuatro décadas después, tal retrato no parece haberse modificado sustancialmente. España se encuentra tanto dentro del grupo de los países de la UE28 donde más amplias son las diferencias de renta entre los hogares como en los primeros lugares del ranking en las clasificaciones que extienden la comparación internacional al marco más amplio de los países de la OCDE", señala el informe. Ha habido, añade, algunos avances a lo largo del periodo democrático español, pero "persisten algunas debilidades notables en el modelo distributivo español".

No es una situación pasajera. "Este aumento de la desigualdad en la crisis no puede considerarse un proceso puramente cíclico", expone la fundación Foessa, que observa síntomas de enquistamiento. "Especialmente preocupante es el aumento de las situaciones en las que se padecen simultáneamente problemas de privación material y de pobreza monetaria. El porcentaje de hogares afectados ha aumentado en la crisis casi un 50%". "Parece claro –añade– que el crecimiento económico presenta limitaciones para reducir la desigualdad y la pobreza por sí solo, mientras que ambas realidades se convierten en un límite para que el crecimiento pueda alcanzarse de forma sostenida y significativa".

Es la definición de un círculo vicioso, en un diagnóstico coincidente con las conclusiones del estudio La vulneración del derecho al trabajo decente, también con el sello de Cáritas, que subraya cómo la España postcrisis se había instalado en una espiral de trabajo indigno, precariedad y pobreza, con un 32,8% de los trabajadores con jornada parcial indeseada en situación de exclusión social.

Se da una paradoja. Al ser las pensiones un territorio menos azotado por el deterioro que los salarios, se va produciendo un un "claro empeoramiento de la situación de los jóvenes y de los hogares con niños", en paralelo a una "progresiva mejora de las personas mayores". Es una de las manifestaciones de "fractura social", que además durante la crisis se ha ensanchado, dice el informe, que apunta a una "intensificación de los procesos de exclusión en España durante siete años". El deterioro de la cohesión social es "enorme", señalan los autores, dando un ejemplo estadístico: "La exclusión severa se ha incrementado en un 82,6% [con respecto a 2007] y afecta ya a 5 millones de personas en España".

Dependencia del tercer sector

Los autores del informe se esfuerzan en introducir elementos propositivos. A las administraciones públicas les lanzan dos mensajes: uno, proteger la credibilidad y el prestigio de las instituciones; dos, apostar por políticas públicas que favorezcan la inclusión y la igualdad. ¿Lo están haciendo ahora? Según se desprende del informe, no. Es más, están ocupando en parte su lugar las ONG. "La esfera civil o tercer sector, sobre todo el TSAS [tercer sector de acción social], esfera a veces olvidada por los análisis de las políticas sociales, ha pasado de una expansión dependiente del Estado (en cuanto a financiación) a una esfera de bienestar que se ve 'obligada' a dar respuesta a las necesidades de los colectivos más vulnerables", señala el informe, que se detiene especialmente en el daño que los recortes han causado en el sistema público de salud y dar por buena la definición que del mismo hizo Javier Rey del Castillo, uno de los más exhaustivos conocedores del sistema: "La imagen más descriptiva de la situación del Sistema Nacional de Salud en la actualidad es la de un gigante con pies de barro y sin columna vertebral". La reforma del sistema sanitario de 2012, señala el informe, "supone una reducción de la cobertura sanitaria así como un desplazamiento del coste mediante formas de copago o 'recoste" y " amplía el espacio de la desigualdad".

En cuanto a la educación, nuestro sistema educativo puede definirse como un "régimen diferenciado de cuasimercado, dado su nivel medio de gasto público en educación, nivel bajo de gasto local relativo y porcentajes elevados de alumnos en escuelas privadas", señala el informe. No deja de tener un punto paradójico esta denuncia de Cáritas, brazo social de la Iglesia, cuyas organizaciones son las principales beneficiarias del avance de la concertación educativa en España. No es la única contradicción que aqueja a Cáritas, la institución más prestigiosa de la Iglesia católica, que es uno de los altavoces más escuchados sobre la realidad de los más pobres, al mismo tiempo que entre sus financiadores hay una completa nómina de gigantes multinacionales.

fuente Infolibre