España estrena Ingreso Mínimo Vital (I)

España estrena Ingreso Mínimo Vital (I)

“Este puede ser el momento de considerar
una renta básica universal”.
Papa Francisco

 

En el año 2017 los sindicatos CCOO y UGT presentaron en el Parlamento Español una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) cuyo objetivo era establecer un Subsidio de Ingresos Mínimos (SIM). Un Consejo de Ministros del año siguiente aprobó solicitar un estudio sobre prestaciones de  ingresos mínimos a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) que tuvo como resultado el informe “Los problemas de las rentas mínimas en España”. También en 2017 el Pilar Europeo de Derechos Sociales recomendó a España “que toda persona que carezca de recursos suficientes tiene derecho a unas prestaciones de renta mínima adecuada que garantice una vida digna”. Para apoyar y justificar el Ingreso Mínimo Vital (IMV), el Boletín Oficial del Estado (BOE)- Real Decreto- Ley 20/2020 de 29 de mayo por el que se establece el IMV- , menciona en la Exposición de Motivos a Caritas, FOESSA, Cruz Roja y a la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), algo sumamente infrecuente en un texto legal de ese rango. “El principal objetivo del IMV será la reducción de la pobreza, especialmente la pobreza extrema y la redistribución de la renta”.

 

Pobreza y Pobreza Extrema

 

En el año 2018 el 16,9% de la población de la Unión Europea (UE), 85 millones de personas, vivían por debajo del umbral de pobreza (ingresos inferiores al 60% de la renta mediana); en Andalucía el porcentaje era del 32% - 2,68 millones de personas – y el de España del 21,5 % - 10 millones  de personas -. Desde 2008, año de inicio de la anterior crisis, los indicadores de pobreza de España y de la UE han crecido moderadamente y el de Andalucía aceleradamente. La pobreza se ha hecho crónica. La pobreza severa de Andalucía de 2018 (ingresos inferiores al 40% de la renta mediana) afectaba a 831.000 personas, el 9.9% de su población y la de  España a 3.2 millones (6,9%).

 

El indicador AROPE, el preferido por Eurostat, que incluye a las personas en riesgo de pobreza, y/o a las que sufren privaciones materiales severas, y/o a las que trabajan por debajo del 20% de su potencial laboral, pone de manifiesto la elevada exclusión social de parte de la población de la UE (109 millones, una de cada cinco personas), de la española (12,1 millones, una de cada cuatro personas) y de la andaluza (3,2 millones, una de cada tres personas).

 

Las desigualdades también presentan referencias decepcionantes. Los Índices GINI de España y Andalucía son tres puntos superiores a los de la media europea. Especialmente preocupante es la pobreza infantil en España: más del 26% de los niños de menores de 16 años viven en hogares con ingresos inferiores al umbral de pobreza.

 

La elección del Ingreso Mínimo Vital entre otras opciones

 

El abanico de instrumentos sociales para combatir la pobreza es muy amplio fuera (Sistemas de asistencia social Dual en Alemania, Redes de protección integral en Reino Unido) y dentro de España. Las Rentas Mínimas de Inserción (RMI) de las Comunidades Autónomas españolas (CCAA) (con diversas denominaciones, características, dotaciones y antigüedades) se encuentran en pleno funcionamiento. También caben diferenciar entre Renta Minina (RM)/Renta Básica (RB) Condicionadas o Incondicionadas.

 

Las primeras incluyen a personas/hogares que cumplen ciertas condiciones: que estén en riesgo de pobreza/exclusión social, número de miembros de la unidad familiar, patrimonio, cuantía de las prestaciones que reciben, etc. Dependiendo de las regiones la RM/RB puede ser temporal/permanente y sujeta a obligaciones diferentes. También las cuantías de las prestaciones varían y mucho porque se calculan tomando como referencia el Salario Mínimo Interprovincial (SMI), el Indicador Público de Rentas de efectos Múltiples (IPREM) o alguna tasa de pobreza. Tampoco tiene una explicación clara porque Andalucía, que multiplica casi por cuatro a la población de Euskadi, tiene un número muy inferior de perceptores de renta mínima. La Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía (RMISA) y la Renta de Garantía de Ingreso (RGI) de Euskadi son referencias, entre otras muchas, de las RMI Condicionadas de las CCAA españolas.

 

La RMI Incondicional tiene con objetivo garantizar un nivel mínimo de ingreso que cubra las necesidades básicas de las personas: es individual, universal e incondicional, porque es independiente de los recursos económicos o de la situación laboral de los beneficiarios. Sus partidarios estiman que es una buena herramienta para erradicar la pobreza. Se incluyen en esta categoría las denominadas Renta Básica Incondicional, Renta Fiscal Universal o el Impuesto Negativo sobre la Renta. Ninguna de estas se analiza en este escrito.

 

La institución vasca ISEAK ha publicado recientemente el informe “Pobreza y desigualdad en Euskadi: el papel de la Renta de Garantía de Ingreso (RGI)” del periodo 2008/18 que por su interés en el contexto de este articulo resumimos seguidamente.

 

Los principales impactos de la RGI en Euskadi han sido los siguientes:

  1. El número de personas en riesgo de pobreza y en pobreza extrema han aumentado entre 2008 y 2018 en Euskadi (también en España y Andalucía), debido a la crisis económica. Sin RGI, la pobreza en habría aumentado en 61.262 personas y la extrema en 39.986 personas.
  2. Tanto la intensidad de la pobreza (distancia de las personas pobres con respecto a su umbral) como la desigualdad han crecido entre 2008 y 2018 pero los resultados hubiesen sido otros en ausencia del programa RGI.

 

Argumentos a favor de una Renta Mínima/Renta Básica

 

Tras la crisis de 2008 muchos de los mecanismos tradicionales del Estado del Bienestar entraron también en crisis o quedaron obsoletos porque dejaron desentendidos a muchos colectivos vulnerables. Además la continua revolución tecnológica y la globalización aceleraron las deslocalizaciones productivas, cuestionaron los programas formativos, activaron las corrientes migratorias y las rigideces del mercado de trabajo, todo lo cual tuvo consecuencias positivas y negativas en el empleo y en los ingresos de los colectivos más vulnerables.

 

Tres argumentos justifican con fuerza la elección de la renta mínima/básica como instrumento que garantice un nivel razonable de ingreso a las personas/hogares con bajos recursos: la pobreza crónica y creciente desatada a partir de la crisis de 2008, las transformaciones del mercado de trabajo y la insuficiencia de las prestaciones/subsidios sociales tradicionales que garanticen un nivel mínimo de ingreso.

 

Como ya se ha analizado el problema de la pobreza absoluta y severa, fijemos ahora la atención en las transformaciones del mercado de trabajo en los países desarrollados y concretamente en España que tuvieron, entre otras, las siguientes consecuencias:

- Niveles salariales reducidos para trabajadores de baja cualificación o formación.

- Insuficiencia de las prestaciones por desempleo.

- Empleo precario, flexible, basura, de bajos salarios.

- Surge una nueva categoría laboral: la de “pobres con empleo”.

- Parados de larga duración con escasas protección salarial o sin ninguna.

- Nuevos tipos de contratos (tiempo parcial, temporales...) con escasa/nula estabilidad y con salarios reducidos.

- Escasa cobertura social para los trabajadores autónomos.

 

La insuficiencia de las prestaciones sociales tradicionales también abrió la puerta al ingreso mínimo de inserción/renta básica. Es evidente que si las prestaciones sociales ordinarias hubieran sido suficientes, no hubiese habido necesidad de pensar en otros instrumentos compensatorios. Durante la última década se han aprobado por las CCAA, los Ayuntamientos y el Gobierno Central una heterogeneidad de programas sociales, que han resultado insuficientes (sin ignorar los efectos positivos) para frenar/reducir los indicadores de pobreza que se ha hecho crónica, intensa y generalizada.

Alfonso Rodriguez Sánchez de Alva
Profesor jubilado de la Universidad de Sevilla