La Iglesia reclama un sistema financiero al servicio del bien común, Eduard Ibáñez

La Iglesia reclama un sistema financiero al servicio del bien común, Eduard Ibáñez

El Papa Francisco, con su agudeza comunicativa, ha afirmado reiteradamente que “¡el dinero tiene que servir y no gobernar!”. Con esta sentencia, el Papa ha querido dejar pedagógicamente claro que la economía y las finanzas están al servicio de las personas y no al revés. Que la actividad económica y financiera tiene como finalidad la promoción del bien común, en lugar del enriquecimiento de unos pocos, a menudo a costa del empobrecimiento y exclusión de muchos...

Recientemente la Santa Sede ha publicado un documento que profundiza esta perspectiva, titulado “Oeconomicae et pecuniariae quaestiones. Consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del actual sistema económico y financiero”.

El documento desarrolla la doctrina social de la Iglesia y, en particular, las enseñanzas de Francisco y de Benedicto XVI sobre la materia, en continuidad con sus predecesores.

Estas Consideraciones formulan un análisis crítico de algunos de los fenómenos del sistema financiero actual. En este sentido, el documento da continuidad a la reflexión que publicó el Pontificio Consejo de Justicia y Paz el mes de octubre de 2011, en plena crisis económica y financiera, con el título “Por una reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de una autoridad pública mundial”, que generó una fuerte polémica. Seguramente por este motivo y con el fin de asegurar su carácter de pronunciamiento oficial, ha sido elaborado conjuntamente por el Dicasterio por el Desarrollo Humano Integral (que ha absorbido el antiguo Consejo de Justicia y Paz) y la Congregación por la Doctrina de la Fe, y cuenta con la aprobación expresa del Papa Francisco.

El fundamento ético de la actividad económica

La idea central y punto de partida de toda la reflexión es una consideración ética elemental, pero a menudo ignorada: la vida económica y financiera, como cualquier otro sector de la actividad humana, necesita un fundamento ético claro.

Este fundamento no puede ser producido por los mismos mecanismos económicos, ni por un saber meramente técnico, sino que se encuentra en un orden ético objetivo. La razón, rectamente orientada hacia la verdad y la justicia, es capaz de reconocer este orden ético, sobre el que se funda la dignidad de la persona y sus derechos y deberes fundamentales. Este orden ético orienta a toda la actividad humana, incluso la económica, hacia la promoción integral de cada persona y de cada pueblo, como último horizonte.

Para entender correctamente el sentido de esta exigencia, es precisa una adecuada visión del ser humano. Hay que darse cuenta de que la persona es un ser esencialmente relacional, que solamente se desarrolla y se realiza plenamente en la relación con otras personas y con Dios. Eso tiene consecuencias enormes.

Por un lado, la realización de la persona no se reduce a los aspectos de consumo o materiales. Al mismo tiempo, la persona no debe cosificar a los demás, ni relacionarse como si fueran competidores, sino como aliados en la construcción del bien, que sólo es auténtico si es de cada uno y de todos. Nadie se puede realizar individualmente de forma completa sino es cuando todos se realizan y se desarrollan plenamente.

Por eso, el bienestar humano debe ser integral, de todas las dimensiones de la persona y de todas las personas. Ningún beneficio es legítimo si se pierde este horizonte. La finalidad de promoción integral de todas las personas, la exigencia de la destinación  universal de los bienes y la opción preferencial por los más pobres son tres principios interconectados y esenciales para construir un mundo justo y solidario.

El documento insiste en una idea clave: el progreso económico no se puede medir únicamente de acuerdo con los parámetros de cantidad y eficacia en la obtención de beneficios, sino por la calidad de vida que produce y la extensión social del bienestar que difunde, no sólo material. El sistema económico se legitima no solamente por el crecimiento cuantitativo de los intercambios, sino produciendo el desarrollo de toda la persona y de todas las personas. Bienestar y desarrollo se exigen mutuamente. Eso incluye elementos fundamentales como la seguridad humana, la salud, la calidad de la vida y del trabajo humano. Además, el parámetro de la gratuidad, es decir, la búsqueda del bien del otro como fin, ha de tener un peso importante. Ganancia y solidaridad tienen que ir juntas en un círculo virtuoso.

Pero, como ha repetido a menudo la Doctrina Social de la Iglesia, los mercados son incapaces de regularse por ellos mismos y de generar los fundamentos que les permitan funcionar correctamente (cohesión social, confianza, honestidad, seguridad...). Además, las capacidades actuales y omnipresencia de la industria financiera le dan un potencial enorme de causar daños.

La proliferación de prácticas especulativas y depredadoras

En efecto, el documento constata la existencia de mentalidades, espacios y prácticas del ámbito financiero donde se ha perdido de vista aquel fundamento ético. El crédito tiene una función social insubstituible de servir a la economía real (facilitando el consumo, la inversión...). Pero la finalidad especulativa amenaza con substituir el resto de objetivos.

Por eso, el documento hace una severa y contundente denuncia de las prácticas especulativas y depredadoras que proliferan en el sistema financiero: abusos, inmoralidades, fraudes e injusticias que se producen en el marco de los mercados, las instituciones y los intermediarios financieros, con sus negativas consecuencias sociales y su capacidad demostrada de poner en peligro la estabilidad económica, de provocar crisis sistémicas (como la de 2008) y de perjudicar gravemente a millones de personas. Todas son suficientemente conocidas, pero desgraciadamente aún no hay una política firme para erradicarlas.

Entre muchas otras, el documento señala prácticas como la comercialización de productos financieros complejos en situación de asimetría, es decir, aprovechándose de las lagunas informativas y de la debilidad contractual de una de las partes; las transacciones motivadas puramente por una intención especulativa y en negociaciones “de alta frecuencia”, que atraen enormes capitales y los desvía de la economía real; las prácticas de crédito con intereses excesivamente altos, insostenibles para los prestamistas; las prácticas especulativas de grandes fondos de inversión dirigidas a provocar disminuciones artificiales de precios de títulos de deuda pública, que pueden afectar muy negativamente a la situación económica de países enteros; la falta de imparcialidad de algunos bancos en la oferta de títulos de ahorro o su falta de diligencia en la protección de los intereses de los clientes; las remuneraciones enormes a directivos vinculadas a los resultados, que acaban promoviendo la asunción de riesgos excesivos y debilitan a las empresas; la creación de títulos de alto riesgo, que operan como creación ficticia de valor, que se propagan masivamente por los mercados y pueden generar crisis de insolvencia sistémicas; las situaciones de oligopolio entre las empresas evaluadores de riesgos de solvencia (rating), que favorecen prácticas distorsionadas y peligrosas; los denominados productos financieros “derivados”, que distorsionan el valor efectivo del riesgo y favorecen burbujas especulativas; la proliferación de productos financieros que permiten apuestas éticamente inaceptables sobre el riesgo de quiebra de terceros; la manipulación con total impunidad de los procedimientos que fijan las tasas de interés de los préstamos interbancarios; la proliferación de sistemas bancarios paralelos fuera de todo control de las autoridades públicas de vigilancia o la expansión de las finanzas off shore, que operan en los llamados paraísos fiscales, y que favorecen la elusión fiscal y el lavado de dinero procedente de actividades ilícitas, no solamente faltadas de toda justificación ética, sino que perjudican la economía real y la eficiencia del sistema financiero.

Propuestas para favorecer un sistema financiero al servicio de la economía real y el desarrollo humano integral

Las Consideraciones constatan que la última crisis económica y financiera fue una prueba evidente de estos graves problemas, y a pesar de los discursos y propuestas hechas, no se aprovechó la oportunidad para introducir las reformas y correcciones que aún son necesarias para revertir esta realidad. Los actores políticos se muestran a menudo desorientados e impotentes e incluso simples sirvientes de intereses ajenos al bien común.

Por eso, señala algunas de las exigencias que sería necesario introducir urgentemente en el sistema económico y financiero (algunas de ellas ya planteadas en el documento del Consejo Pontificio Justicia y Paz de 2011) a fin de favorecer de orientarlo verdaderamente al servicio de la economía real:

1. La necesidad de que las universidades y escuelas de economía incorporen en sus estudios, no de forma marginal, una formación ética adecuada alrededor de la economía y las finanzas.

2. La certificación y control por parte de los poderes públicos de todos los productos procedentes de la innovación financiera, para garantizar su fiabilidad y calidad, preservar la salud del sistema y evitar posibles efectos colaterales negativos. El desarrollo de regulaciones y políticas económico- financieras adecuadas para asegurar la protección de todos los sujetos que operan en los mercados y a la vez garantizar la pluralidad de sujetos e instrumentos sanos, excluyendo aquellos que perjudican la generación y difusión de la riqueza.

3. Avanzar hacia la coordinación supranacional estable, clara y eficaz entre las autoridades nacionales de regulación de los mercados, tomando cuando convenga decisiones vinculantes y estableciendo sistemas normativos internacionales. Estas autoridades tienen que ser independientes y vinculadas a las exigencias de la equidad y el bien del común.

4. En relación a los intermediarios bancarios de crédito, establecer una clara definición y separación de las actividades de gestión de cartera de créditos comerciales y las dedicadas a la inversión o negociación de la propia cartera, exigiendo la máxima cantidad de información para que todo el mundo pueda proteger sus intereses. Es preciso que se proteja el ahorro como bien público.

5. Promover una cultura empresarial y financiera que favorezca la responsabilidad social de la empresa, en la que el beneficio no sea el criterio exclusivo, sino que se tengan en cuenta los intereses legítimos de todos los que operan en beneficio de la empresa (trabajadores, proveedores), los consumidores, las comunidades locales y el bien común. Hay que situar a la persona y la calidad de las relaciones interpersonales en el centro de la cultura empresarial.

6. Establecer comités éticos dentro de los bancos que garanticen la coherencia entre misión fiduciaria y praxis financiera en la perspectiva de la contribución a la economía real, así como el control de la legalidad y legitimidad de los procesos de decisión y de los productos financieros ofrecidos por la empresa.

7. Establecer una regulación y evaluación pública superpartes de las agencias de rating del crédito, que sancionen acciones distorsionadas y eviten situaciones de oligopolio.

8. Prohibir y sancionar severamente las prácticas y operaciones financieras ilegítimas, como las mencionadas anteriormente, con exigencia de responsabilidad patrimonial a todos los sujetos que cometan acciones dirigidas a eludir las normas.

9. Eliminar los fenómenos bancarios paralelos o a la sombra y limitar el alcance de las prácticas financieras off shore y en paraísos fiscales, mediante acuerdos o normativas internacionales eficaces, que impongan la transparencia a todos niveles, la rendición de cuentas de las empresas internacionales y sanciones a los países que retiren prácticas deshonestas.

10. Introducir impuestos mínimos a las transferencias off shore que limiten su alcance y capten recursos para luchar contra el hambre y la pobreza extrema.

11. Reducir de forma razonable y acordada la deuda pública de determinados países cuando sea insostenible para su población o ponga en peligro la salud del sistema financiero internacional, para evitar el contagio de crisis sistémicas.

12. Apoyar las actividades financieras que tienen una vocación primaria de servicio a la economía real y una circularidad virtuosa de la riqueza, como las iniciativas de crédito cooperativo, el microcrédito y el crédito público a las familias, empresas y comunidades locales y el crédito a los países en desarrollo.

13.  Finalmente, apela a los consumidores a tomar decisiones de consumo y de ahorro críticas y responsables que favorezcan el bienestar de todo el mundo y rehúsen aquello que les perjudica.

Así, pues, un cuadro rico de propuestas que sin duda tendrían que interpelar a los poderes públicos, a los intermediarios financieros, a las empresas en general, a las instituciones educativas y a la misma ciudadanía, para que revisen y reorienten sus prácticas a fin de contribuir decisivamente a un nuevo orden financiero global promotor del desarrollo integral de la persona.


Eduard Ibáñez Pulido

Presidente Comisión General de Justicia y Paz