La inmoralidad de la prisión provisional

La inmoralidad de la prisión provisional

El gran jurista italiano Francesco Carrara (1805-1888), publicó en 1872 un artículo titulado justamente así: "La inmoralidad de la prisión provisional". Carrara, gran opositor a la pena de muerte, afirmaba que encarcelar a una persona antes de que haya sido condenada en base a un juicio era una grave injusticia. Admitía que algunas circunstancias excepcionales podían hacer que esta medida fuera necesaria pero fuera de estos casos, calificaba el encarcelamiento provisional de intolerable y una auténtica tiranía.

Han sido muchos los pensadores y juristas que a lo largo de la historia han constatado los enormes peligros y terribles abusos cometidos mediante el encarcelamiento provisional. Ya en 1651, el célebre Thomas Hobbes, en la obra "Leviatán" (1651), afirmó que la prisión provisional no es una pena, sino "un acto hostil" contra el ciudadano. También Voltaire (1694-1778) afirmó que "la forma como se arresta cautelarmente a un hombre en muchos estados se parece demasiado a un asalto de bandoleros". En España, la escritora gallega Concepción Arenal (1820-1893), gran defensora de la dignidad de las personas encarceladas, decía: "Si se escribiese la historia de las víctimas de la prisión preventiva se leería en ella una de las más temibles acusaciones contra la sociedad". Por citar sólo unos pocos. Son constantes las voces de instituciones y expertos que siguen reclamando una revisión en profundidad de esta institución, su limitación progresiva a casos excepcionales o incluso (como defiende hoy día otro influyente jurista italiano, Luigi Ferrioli), su completa abolición.

Recientemente, también el Papa Francisco ha alertado sobre los peligros de la prisión provisional. En su discurso a la asociación internacional de derecho penal (23 de octubre 2014) ya afirmaba que “La prisión preventiva —cuando de forma abusiva procura un anticipo de la pena, previa a la condena, o como medida que se aplica ante la sospecha más o menos fundada de un delito cometido— constituye otra forma contemporánea de pena ilícita oculta, más allá de un barniz de legalidad”.

A pesar de las críticas constantes y una cierta tendencia legal a su limitación, la prisión provisional sigue siendo una práctica habitual en casi todos los países del mundo y que afecta a una enorme proporción de la población reclusa. En nuestro país, si bien se ha reducido su uso en las últimas décadas, cuenta en estos momentos con más de nueve mil personas encarceladas sin juicio, lo que supone más del 15% de las personas en prisión. En los países europeos de nuestro entorno se dan en general proporciones similares o superiores y sólo en unos pocos la proporción es inferior, como en el Reino Unido. Ahora bien, a escala mundial, el uso y el abuso de la prisión provisional es una constante, afectando en muchos países a más de la mitad de la población encarcelada.

Condena sin juicio de presuntos inocentes.

El problema fundamental del encarcelamiento provisional es su incompatibilidad con la presunción de inocencia, garantía elemental de derechos humanos, que ampara a todo ciudadano ante cualquier acusación hasta que no se pruebe su culpabilidad en un juicio justo. Además, la situación de prisión provisional supone normalmente un obstáculo para poderse defender adecuadamente,  sitúa al acusado en peores condiciones que la parte acusadora y predispone a quien le ha de juzgar en favor de la culpabilidad (como también a la opinión pública), todo lo cual favorece la condena de personas por hechos que no han cometido o que no son delictivos.

Ha sido justamente el proteger a los inocentes y para evitar los errores y la arbitrariedad en la aplicación de las leyes penales el motivo por el que los Estados democráticos fueron introduciendo progresivamente en sus ordenamientos jurídicos y constitucionales lo que llamamos las garantías penales y procesales. Entre ellas, el principio de jurisdiccionalidad (sólo puede condenar un juez independiente e imparcial según el proceso legal), el principio acusatorio (el juez no puede ser a la vez parte acusadora, es necesario un acusador separado), el principio de presunción de inocencia (el acusado se presume inocente hasta que no se pruebe su culpabilidad sin dudas razonables) y el principio de defensa (el acusado ha de poder defender su posición en igualdad de condiciones con la acusación).

Por tanto, encarcelar a personas no juzgadas y condenadas (es decir, sin que exista una condena definitiva de un juez independiente e imparcial, después de un juicio justo, donde el acusado haya podido defenderse y se haya probado su culpabilidad mediante las pruebas presentadas por una acusación) viola las garantías democráticas y equivale aceptar que se castigue injustamente y cause un gran daño a inocentes. Y desde luego, ello no es en absoluto infrecuente. Los casos de personas exoneradas después de haber cumplido un tiempo de prisión provisional son incontables y continuos.

Uno de los abusos más terribles del encarcelamiento provisional es su uso con fines políticos: el encarcelamiento inmediato y sin juicio de enemigos u opositores políticos es una tentación permanente de los estados autoritarios y de aquellos donde la democracia no es lo suficientemente madura. Es un recurso fácil para desacreditar y neutralizar inmediatamente los adversarios, sin los costes políticos, las dificultades procesales y la inevitable lentitud de un juicio, de resultado siempre incierto. En la Italia fascista, la España franquista, la Alemania nazi o en la Unión Soviética, la detención sin juicio y sin pruebas se utilizó de forma masiva tanto contra la delincuencia común como contra la disidencia política. Prácticas similares se dieron en los diversos regímenes comunistas, así como en las dictaduras de América Latina en la segunda mitad del siglo XX o en muchos estados árabes o africanos. Y son aún hoy una triste realidad en numerosos países con regímenes autoritarios, a menudo acompañada de una apariencia de legalidad e incluso, en algunos casos, en países más o menos democráticos. En opinión de muchos expertos y ONG, que yo comparto personalmente, este es el caso de los líderes políticos y sociales catalanes acusados en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo sin un fundamento legal sólido.

Los argumentos que se esgrimen para intentar justificar el encarcelamiento previo a un juicio suelen ser de dos tipos. De un lado se apela a razones de prevención del delito, sea evitar que el infractor reincida (suponiéndolo culpable) o intimidar a otros infractores mostrando públicamente la fortaleza de la respuesta penal y del Derecho, sea calmar los sentimientos de inseguridad, miedo o “alarma social” que produce la comisión de ciertos delitos. Estas razones son completamente inaceptables, puesto que suponen considerar culpables y castigar anticipadamente a presuntos inocentes antes de juicio, sacrifican la libertad de las personas convirtiéndolas en un puro instrumento para objetivos sociales o políticos y permiten un uso completamente arbitrario, subjetivo o político del encarcelamiento.

De otro lado, se apela a necesidades del proceso penal: proteger las pruebas para evitar que el acusado las destruya, garantizar su presencia ante la Justicia durante la investigación o el juicio, o bien evitar que se pueda fugar y frustrar la aplicación de la pena. Estas razones, presuponen también la culpabilidad y se basan en meras conjeturas subjetivas de futuro (la destrucción de las pruebas o la fuga) sobre la conducta del acusado, que es por principio impredecible. Como son hipótesis, no pueden ser objeto de prueba ni, por tanto, de contraprueba para defenderse, por lo que dan un margen tan amplio al juez que permiten también el uso arbitrario o malintencionado. Y además, las finalidades que persiguen pueden obtenerse o intentarse normalmente mediante medidas menos lesivas y normalmente eficaces (y desde luego menos costosas para el Estado): libertad bajo fianza económica u otras garantías patrimoniales, retirada del pasaporte y prohibición de salida del territorio, vigilancia policial, arresto domiciliario, medidas de control tecnológico de ubicación… Hay que tener en cuenta además que la fuga del culpable no equivale tampoco a la impunidad, ya que cada vez es más difícil ocultarse a la acción de la justicia (por la creciente eficacia policial y de medios técnicos y la colaboración entre países). Además, se suele olvidar que la vida en clandestinidad o en el exilio es, en la mayoría de casos, un grave perjuicio (o sea una pena grave) para la persona y el desarrollo de su proyecto vital, por lo cual no cabe hablar realmente de impunidad.

En España, los márgenes de apreciación que se otorgan al juez son enormes, pues se le permite aplicar la prisión provisional a un amplio número de delitos si aprecia riesgo de fuga, de destrucción de pruebas o de reincidencia. Este margen se agrava por el hecho de que, en nuestro ordenamiento, el juez que decide es a la vez el responsable de la investigación del delito, lo que suele condicionarle subjetivamente reduciendo su imparcialidad y le tienta a usar la amenaza de la prisión para obtener confesiones o delaciones. Además, los plazos máximos de duración de la prisión provisional (que pueden alcanzar los cuatro años) son completamente desproporcionados e injustificables.

Es pues realmente urgente una reforma legal que elimine o limite drásticamente la aplicación de este instituto. En caso de mantenerse, la prisión provisional, que debería llamarse simplemente detención (pues la “prisión” es la pena para el delito probado), sólo debería usarse por riesgos muy altos del proceso (fuga o destrucción de pruebas, nunca para finalidades de prevención de otros posibles delitos) y sólo cuando la culpabilidad sea notoria o aceptada por el mismo acusado, o bien tras una primera sentencia condenatoria. En todo caso, sólo debería ser aplicable frente a delitos muy graves y violentos. Para el resto, si es necesario, sólo deberían aplicarse medidas preventivas distintas y alternativas. En todo caso, hay que obligar al juez a fijar un período máximo de duración o revisión para cada caso, reducir drásticamente el plazo máximo de duración, impidiendo que la decisión corresponda al mismo juez o autoridad responsable de la investigación del delito y sometiéndola a una revisión rápida por otro tribunal.

Además, es necesario prever indemnizaciones automáticas y justas para todos aquellos que hayan sido encarcelados (o incluso simplemente detenidos por la policía) por delitos de los que finalmente no sean hallados culpables, puesto que han padecido un daño injusto.

 

Eduard Ibáñez Pulido

Presidente Justicia y Paz