Reflexiones sobre la crisis de la vivienda (I), Eudald Vendrell

Reflexiones sobre la crisis de la vivienda (I), Eudald Vendrell

TODOS LOS ESPAÑOLES TIENEN DERECHO A DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y ADECUADA. LOS PODERES PÚBLICOS PROMOVERAN LAS CONDICIONES NECESARIAS Y ESTABLECERAN LAS NORMAS PERTINENTES PARA HACER EFECTIVO ESTE DERECHO...........DE ACUERDO CON EL INTERÉS GENERAL  PARA IMPEDIR LA ESPECULACIÓN.

 

Estas solemnes, y, por qué no, estimulantes palabras figuran en el artículo 47 de la Constitución española, tan citada, y a la vez olvidada, cuando no menospreciada, por tantos de nuestros gobernantes, legisladores y políticos en general.

Pero para millones de ciudadanos –muchos de los cuales ignoran su existencia – constituye un auténtico sarcasmo o una broma de mal gusto.

Nadie que tenga un mínimo sentido de la realidad  y mire a su alrededor, ignora  que el derecho  a  acceder  a una vivienda digna está en crisis  permanente y creciente, y que la inefectividad de esta proclamación no tiene parangón. No dudo en afirmar que existe, en nuestro país, una  situación de violación constante de este derecho.

Cierto que también lo reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 25.1, y que su falta de protección efectiva se extiende por muchos países del planeta, fruto de la globalización de los daños; pero mediante algunos datos estadísticos que después ofreceré, veremos que el caso de España, entre los países de su área, es de verdadero escándalo.

Me centraré ahora en la problemática de la vivienda en alquiler, ya que como explican los expertos, en nuestro país la burbuja y posterior crisis hipotecaria, ha cedido el paso al alquiler de pisos a precios desorbitados.

En efecto, un sinfín de ciudadanos, especialmente de los grupos más desfavorecidos, pero también entidades  y trabajadores  sociales, sindicatos, plataformas ciudadanas, expertos,  académicos, etc... claman a fin de que se reconozca, y se solucione un problema sangrante: la falta de un parque de vivienda social y asequible en alquiler.

Esta situación de rentas imposibles genera infinidad de dramas personales : angustia e incluso desesperación cuando toca renovar el contrato (cada tres años, o incluso menos), al albur del propietario, sobre todo cuando se trata de bancos, grandes  grupos inversores multinacionales o “fondos buitres”; la desaparición de vecinos “de toda la vida”, que son suplantados por otros que si pueden permitirse pagar rentas de 1.000, 1.500, o más Euros ; la necesidad de trasladarse a zonas periféricas cada vez más alejadas de los centros de vida social y laboral; o de refugiarse en locales o espacios ilegales, insalubres, sin servicios o compartidos por gran número de familias  hacinadas.

Este panorama de desprotección a los más débiles o vulnerables ha producido en los últimos años un fenómeno al que se ha dado el nombre de “gentrificación”, de origen anglosajón, que significa, grosso modo, la substitución forzada de una población de menor poder económico por otra más rica. La causa suele ser la realización de costosas Inversiones urbanísticas, especialmente en grandes o medianas  ciudades para mejorar el aspecto de ciertos barrios céntricos pero que se habían marginalizado,  en cuyo caso los más desfavorecidos de estas zonas, incluso las clases medias que viven de sueldos mileuristas, son empujados a las periferias; se ha dicho que este es el precio a pagar para que coloquen a un barrio en el mapa de las zonas de mayor “glamour”.  Se relaciona también el desplazamiento no sólo de vecinos, sino también  el cierre y la desaparición de establecimientos, especialmente comercios de proximidad y “de toda la vida”,  que son sustituidos por negocios de lujo y muchas veces efímeros e innecesarios con la progresiva “turistificación” de muchas ciudades, siendo casos emblemáticos los de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, y la proliferación incontrolada de “pisos turísticos” en ellas.

Además de los desahucios que llegan a la opinión pública, por circunstancias dramáticas, como el caso de familias sin recursos y con hijos pequeños a su cargo, o aquellos en que llega a producirse un trágico final (el suicidio del ocupante) y los que dan a conocer, con sus luchas y denuncias las diversas plataformas ciudadanas, asociaciones de vecinos, activistas, etc..., es mucho más frecuente el caso de los llamados “desahucios silenciosos”. Se trata de situaciones en que los inquilinos, impotentes ante la presión de los propietarios y la imposibilidad de asumir las nuevas rentas que se les proponen, “tiran la toalla” y acaban marchando; se trasladan, de forma aparentemente voluntaria, pero las entidades les llaman “desahucios silenciosos o “invisibles”, y resulta imposible tener datos estadísticos de su volumen.

Otro fenómeno vinculado  a la precariedad laboral, afecta a los jóvenes: según el “Observatori Metropolitá de l´Habitatge de Barcelona”,  ha disminuido en esta área, en los últimos 10 años un 27 % de jóvenes de 25 a 34 años que acceden a vivienda en alquiler. Con contratos de trabajo “basura” y sueldos tan bajos, no consiguen emanciparse. Según esta entidad, el  coste medio de alquiler de una vivienda de 60 metros cuadrados, a junio de 2018, era de 870 € en Barcelona-ciudad, y de 690 en el conjunto del área metropolitana.

Tras este somero repaso de la realidad, debemos preguntarnos a quien corresponde asumir la responsabilidad de tan  lacerante estado de conculcación de  este derecho fundamental; y a quien hay que exigir, con indignación y sin tregua, soluciones efectivas.

Sin duda, en primer lugar a los “poderes públicos” a quienes la Constitución (en otro solemne precepto, el artículo 9), reclama e impone la obligación de implementar los derechos fundamentales, y “remover los obstáculos “que los impidan. Y en primer lugar, al poder ejecutivo en todos sus grados, empezando por el Gobierno del Estado y siguiendo por los Gobiernos Autonómicos y Locales, en el ámbito de sus competencias. Y si el poder ejecutivo  incurre  en pasividad o dejación de sus obligaciones, ahí debe  actuar  el legislativo, en sus respectivas Cámaras, o los partidos políticos, para suplir  esta inactividad o para corregir políticas manifiestamente erróneas.

En España son recurrentes las enfáticas proclamaciones de los políticos o Gobiernos, especialmente en campañas electorales o al inicio de sus mandatos, sobre sus programas de acción, anunciando cifras espectaculares de promoción de viviendas sociales o la aprobación de leyes en favor de los inquilinos, y que luego se convierten en agua de borrajas.

Es crónica en nuestro país la desatención  al régimen del alquiler,  frente  al impulso de las viviendas en propiedad, hasta el punto de que superamos en mucho la media europea, e incluso triplicamos, por ejemplo respecto del Reino Unido, Países Bajos, Dinamarca y Suecia, el índice porcentual entre ambos sistemas de acceso a la vivienda familiar.

Y en el marco del arrendamiento, en general, las políticas han sido de “abdicar” en favor del libre (?) mercado su regulación. Es más, las últimas reformas de la LAU, propiciadas por Gobiernos del PP (en 2003 y 2015, entre otras)  han sido dictadas bajo presión de la gran banca, los grandes grupos de inversión inmobiliaria y los fondos que se han aprovechado y especulado con las viviendas “basura” fruto de la crisis hipotecaria; por ejemplo, reduciendo aún más los plazos de duración de los contratos, atentando así al principio de estabilidad de cualquier proyecto de vida familiar o personal, o endureciendo las condiciones para sus prórrogas o renovaciones.

Y, en cuanto a la imprescindible política de vivienda social (es decir, aquella destinada a personas o familias con graves dificultades económicas, o en riesgo de exclusión social, incluyendo ancianos, pensionistas, parados, o jóvenes parejas, y cuya renta no debería superar el 20 % de los ingresos mensuales), la inversión pública ofrece un panorama desolador: el Gobierno español invierte en políticas de vivienda un0,03 % del PIB, mientras que estados como Francia  o el Reino Unido, le destinan un 1,5 %.

Y, un último dato estadístico significativo: según estudios conjuntos del mencionado “Observatorio de Barcelona” y el “Sindicat de Llogaters” (inquilinos) de la misma ciudad, un 42% de las persones que viven en pisos  arrendados en Barcelona y su área metropolitana, dedican más del 40% de sus ingresos al pago del alquiler, mientras que la mediana europea se sitúa en el 27,9 %, e incluso en Francia, nuestra vecina,  es del 18 %. Así nos colocamos  en el quinto lugar en este triste índice de sobrecarga, inmediatamente después de Grecia, Bulgaria, Lituania y Croacia.

Detengo aquí este artículo, para no fatigar al lector, ni abrumarle más con la crudeza de esta  realidad. Pero, como estamos llamados a la esperanza  solidaria y al esfuerzo por cambiar a mejor todas las crisis humanitarias (y la de la vivienda también lo es), me permito anunciar una segunda parte en la que trataré sobre señales de cambio y alternativas en marcha, aquí y en otros lugares, que hagan posible soluciones dignas para la ciudadanía, y en especial para los más vulnerables.

 

Eudald Vendrell

Justícia i Pau Barcelona