Ante los acontecimientos en Guatemala
La Comisión General de Justicia y Paz se une a SISCAL-Europa para denunciar la grave situación por la que atraviesa Guatemala.
Desde la firma de la paz, hace más de 26 años, Guatemala ha estado gobernada por una oligarquía que ha ignorado los Acuerdos de Paz y se ha estado enriqueciendo a costa de dejar al pueblo cada vez más hundido en la pobreza. Guatemala es uno de los países con mayor desigualdad social del planeta. Es un país rico lleno de personas empobrecidas. Ocupa el lugar 117 en desarrollo humano. Esto es expresión del modelo socioeconómico marcadamente neoliberal, que privilegia los intereses de grandes empresas y compañías transnacionales.
Cuando han surgido voces exigiendo justicia y dignidad las han reprimido violentamente. La fuerza pública, en lugar de defender a la población, está al servicio de las empresas, terratenientes y multinacionales mineras, cometiendo allanamientos, detenciones arbitrarias e incluso asesinatos. Muchas personas defensoras de los derechos humanos han sido asesinadas y otras se han visto obligadas a salir del país.
En las elecciones generales del pasado 20 de agosto quedó como ganador de las mismas Bernardo Arévalo, del movimiento Semilla, apoyado por organizaciones democráticas y populares, campesinas, indígenas, colectivos de derechos humanos… Sin embargo, el grupo conocido como el "Pacto de corruptos", que es una coalición de redes formadas por personas de la función pública, política, empresarial, militares y estructuras criminales relacionadas con el narcotráfico, no aceptan un cambio democrático en el país.
Los Comités Oscar Romero de Europa, integrados en el SICSAL (Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina) manifestamos nuestro total apoyo a las muestras de repudio y protesta de las expresiones de la sociedad civil guatemalteca en defensa de la democracia y en contra del golpe de Estado, encabezado por el Ministerio Público y las judicaturas.
Expresamos nuestro respaldo a los esfuerzos legales en defensa de la voluntad popular expresada en las urnas en las pasadas elecciones. Nos unimos a los clamores de la Convergencia Nacional de Resistencia Pacífica, presidida por el cardenal Ramazzini, exigiendo la renuncia de la fiscal Consuelo Porras y su equipo en el Ministerio Público que, lejos de defender la ley, defienden intereses del "Pacto de corruptos".
Nos unimos a las demandas de las organizaciones de derechos humanos exigiendo la liberación inmediata de las personas defensoras de justicia, encarceladas de manera injusta e ilegal. Finalmente, hemos observado que el Congreso de la República actúa con falta de transparencia, aprobando leyes que benefician a empresas transnacionales extractivistas, en detrimento de la vida y bienestar de las mayorías empobrecidas.
SICSAL-Europa