Afrontar el reto: contener la delincuencia organizada
Europa se enfrenta actualmente a numerosas amenazas para su seguridad, integridad y cohesión, tanto internas como externas. A raíz de estas visibles amenazas existe un peligro parcialmente oculto que está actuando y creciendo: la delincuencia organizada.
La percepción social y política de la amenaza potencial que representa la delincuencia organizada varía considerablemente en toda Europa. Mientras que en algunos países el problema es evidente y existen numerosas respuestas gubernamentales y sociales para abordarlo, en otros países aún no se ha desarrollado suficientemente esta sensibilización. A menudo prevalece la idea de que se trata de un problema ajeno, sin embargo, esto es un grave error de juicio. La delincuencia organizada es un fenómeno global y, por lo tanto, también europeo, y ningún Estado puede eludir la responsabilidad de afrontarlo, especialmente por su carácter transnacional.
Una perspectiva cristiana nos lleva a considerar el crimen organizado no solo como un desafío político y social, sino también como una manifestación del pecado estructural. Las Escrituras nos recuerdan que «el amor al dinero es la raíz de toda clase de males» (1 Tim 6, 10). Por lo tanto, la Iglesia está llamada a dar testimonio de que la lucha contra el crimen organizado es una cuestión de conversión, justicia y solidaridad. Esta perspectiva da forma al siguiente análisis y recomendaciones.
Por mucho que la contención del crimen organizado requiera un esfuerzo conjunto de toda la familia de Estados europeos, no tiene una sola cara. Existen diferencias considerables en sus características, ya que los actores del crimen organizado saben cómo explotar las diferentes circunstancias de sus respectivas áreas de actividad - nacionales y regionales, rurales y urbanas, fronterizas y del interior-. Esto también explica su amplitud y profundidad de penetración en las sociedades afectadas. Así, la mezcla hace muy difícil contener y combatir el crimen organizado, ya que las actividades delictivas no solo tienen lugar en los «bajos fondos». Por el contrario, también participan en ellas personas procedentes del centro de la sociedad y de las clases altas. El crimen organizado se caracteriza a menudo por el hecho de que la frontera entre las esferas ilegal y legal, entre los «bajos fondos» y la «sociedad», se difumina al crear dependencias o incluso forjar alianzas entre ambas áreas. Esta interdependencia conduce frecuentemente a la situación paradójica de que, por un lado, muchas sociedades sufren las actividades de la delincuencia organizada y, por otro, los actores de la delincuencia organizada logran obtener un cierto grado de tolerancia, aprobación o apoyo social al explotar hábilmente estas alianzas, presentándose como benefactores sociales o asumiendo funciones estatales originales, como la seguridad, la protección y el orden.
El enorme potencial destructivo de la delincuencia organizada se hace evidente en el contexto de la Doctrina social cristiana: la mayoría de las formas de delincuencia organizada van acompañadas de las más graves violaciones de los derechos humanos. Esto resulta claro en el caso de los homicidios y asesinatos que violan el derecho a la integridad física o el derecho fundamental a la vida. El tráfico de drogas ignora el derecho a la salud. Este también se pone en peligro de forma imprudente en el caso de la eliminación ilegal de residuos tóxicos, los medicamentos falsificados, el incumplimiento deliberado de las normas de seguridad en la industria de la construcción, la prostitución forzada o la explotación comercial de menores. La característica común es que siempre se acepta que las personas sufran daños, ya sean físicos o emocionales, a corto plazo o permanentes, —e incluso la muerte—. Las personas son instrumentalizadas en la búsqueda del lucro o la adicción, siempre en el caso de las víctimas, pero a menudo también en el caso de las personas autoras si son coaccionadas para cometer sus actos. Por esta razón, la delincuencia organizada casi siempre va dirigida contra el núcleo mismo de los derechos humanos, es decir, la dignidad humana. Sin embargo, viola igualmente de forma masiva los demás principios fundamentales que constituyen la Doctrina social de la Iglesia: los principios de justicia, solidaridad, orientación hacia el bien común, subsidiariedad y el desarrollo integral.
De hecho, estas violaciones deben considerarse a la luz del Magisterio, tal y como se articula en Gaudium et spes, Centesimus annus y Fratelli tutti. El crimen organizado representa un ataque directo a la dignidad de la persona humana, a la integridad de la creación y a la vocación de las sociedades de servir al bien común. Siguiendo Laudato si', también reconocemos que el clamor de la tierra y el clamor de las personas empobrecidas están inseparablemente vinculados: la devastación ecológica causada por la explotación criminal de los recursos es inseparable del sufrimiento infligido a las comunidades vulnerables.
Todo ello requiere una concepción más amplia de la seguridad, que debe incluir los aspectos centrales de la seguridad humana e integrar una nueva relación entre la seguridad interna y la externa. El concepto de seguridad humana, en particular, resulta ser un instrumento adecuado para reconocer la multidimensionalidad y la complejidad de las amenazas que plantea este tipo de delincuencia. Esto se debe a que no se trata solo de la amenaza a la seguridad individual que supone la violencia física directa, sino también de riesgos para la seguridad, como los peligros para la salud, la destrucción del medioambiente o los problemas sociales que amenazan o destruyen la vida humana y la coexistencia pacífica de las personas. Por supuesto, esto no debe llevarnos a ignorar o minimizar el daño causado por la delincuencia organizada a la creación no humana. El mundo que nos rodea se ve afectado o incluso destruido, por ejemplo, por el comercio de especies animales y vegetales en peligro de extinción, la explotación ilegal de los recursos naturales o la explotación de estos recursos que parece legalizada por la corrupción, la caza furtiva, el vertido de aguas residuales tóxicas en ríos y lagos, o el vertido de petróleo y sustancias tóxicas en el mar.
Esto demuestra que la contención y el trabajo contra la delincuencia organizada deben ser una cuestión política y social transversal. Por lo tanto, tampoco basta con dejar este empeño únicamente en manos de la policía o los tribunales. En cambio, cada sociedad afectada debe rendir cuentas honestamente sobre las formas en las que se beneficia de la delincuencia organizada, ya sea sin su conocimiento o deliberadamente. Esto comienza con el trabajo no declarado en la construcción, o la compra de cigarrillos sin timbre fiscal y abarca desde las visitas a burdeles o el empleo ilegal de personal doméstico, hasta la compra de drogas para mejorar el rendimiento o para diversión, así como el robo de obras de arte. La aceptación social de la evasión fiscal como un delito trivial solo difiere en grado del fraude fiscal masivo al que contribuyen honorables personas de la banca. En la medida en que la delincuencia organizada funciona según el principio del mercado, solo puede prosperar si también existe una demanda social. Sin cambiar la cultura de una sociedad en la que opera la delincuencia organizada, esta fracasará.
Para la Iglesia, este cambio cultural debe comenzar con la conversión del corazón y de la comunidad. Las parroquias, las diócesis y las instituciones católicas están llamadas a convertirse en lugares de resistencia a la corrupción, modelos de transparencia y escuelas de justicia y paz. La oración, la catequesis y el testimonio litúrgico deben acompañar la defensa social y política, para que la lucha contra el crimen organizado esté firmemente arraigada en el Evangelio.
Por esta razón, Justicia y Paz Europa hace un llamamiento a la creación de amplias alianzas nacionales y europeas contra el crimen organizado, en las que participen la política, las fuerzas del orden, la sociedad y las Iglesias. Desde nuestra perspectiva, se necesitan urgentemente las siguientes medidas para que conjuntamente podamos combatir eficazmente el crimen organizado en Europa:
- La base de un compromiso conjunto es un entendimiento vinculante de lo que realmente es la delincuencia organizada. Partiendo de la definición de las Naciones Unidas de los grupos de delincuencia organizada, debería iniciarse un proceso en Europa para crear una definición de este tipo sobre una base interdisciplinar y revisar periódicamente su eficacia.
- Sigue siendo urgente ampliar y reforzar la Europol. La Evaluación de la amenaza de la delincuencia grave y organizada en la UE para 2025 (EU-SOCTA) ofrece una visión estratégica de la dinámica de las redes delictivas y las tendencias emergentes.
- Lo que se necesita es una estrategia europea global que armonice, integre y aúne los esfuerzos nacionales e internacionales. Es necesario ampliar la iniciativa EMPACT existente. Las condiciones para ello son relativamente favorables a nivel de la UE, pero se requiere una cooperación mucho más intensa y una red aún más sólida, sobre todo para acelerar y mejorar el intercambio de información entre las autoridades nacionales. Las plataformas de intercambio existentes o de nueva creación, como la Red Judicial Europea contra la Delincuencia Organizada (EJOCN), deben estar en condiciones de registrar las formas dinámicamente cambiantes de ella, a fin de poder adaptar de manera dinámica las reacciones políticas, policiales, judiciales, etc. Esto permitirá adecuar de manera flexible nuestras respuestas políticas y policiales.
- Pedimos que el trabajo contra la delincuencia organizada se considere cada vez más una cuestión transversal en la política nacional y europea. Esto significa tenerla en cuenta sistemáticamente en las consideraciones conceptuales sobre la orientación de las políticas de desarrollo, económicas, sociales, educativas y de integración, por ejemplo.
- En concreto, proponemos la creación de mesas redondas que reúnan a diversos grupos e instituciones de los niveles políticos europeos y nacionales pertinentes, que estén familiarizados con el problema o se vean afectados por él, con el fin de intercambiar información y experiencias, debatir medidas e iniciativas necesarias o útiles y elaborar recomendaciones adecuadas para la sociedad, las personas con responsabilidad política y las autoridades.
- Una prevención eficaz incluye información, educación y sensibilización. Para ello, debemos financiar y promover proyectos e instituciones comprometidos con este objetivo. En este contexto, deben promoverse organizaciones como Libera Network, que llevan a cabo medidas de desarrollo personal para fomentar la resiliencia en la sociedad en su conjunto a medio y largo plazo. Debe prestarse especial atención a las asociaciones que apoyan a las víctimas de la delincuencia organizada.
- Desde la inspiración del papa Francisco, quien afirmó que «el crimen organizado ataca a millones de hombres y mujeres que tienen derecho a vivir su propia vida con dignidad y libres del hambre y el miedo a la violencia, la opresión o la injusticia», hacemos un llamamiento a las Iglesias y sus organizaciones para que aprovechen todas las oportunidades, no solo para concienciar sobre la destrucción social que suponen los delitos de guante blanco, sino también para educar y predicar de forma coherente contra la corrupción, celebrar actos litúrgicos de arrepentimiento e intercesión por las víctimas, y formar las conciencias a través de la catequesis y la Doctrina social de la Iglesia. Las actividades empresariales de las Iglesias no deben promover ni facilitar el crimen organizado, ni tener rasgos delictivos en sí mismas. El grupo de trabajo de alto nivel del Vaticano sobre el crimen organizado debe completar su labor y establecer una norma en el derecho canónico para la excomunión de las personas mafiosas.
- Por último, las Iglesias, en sus propias estructuras, deben posicionarse en todos los niveles como aliadas de aquellas personas, iniciativas u organizaciones que se oponen al crimen organizado. Deben estar informadas sobre sus puntos vulnerables en el contexto de sus actividades y tomar precauciones contra la influencia criminal. Esto se aplica, por ejemplo, a la participación de organizaciones de ayuda a la Iglesia u otros programas de ayuda. Además, los bancos eclesiales no pueden invertir en empresas o sectores económicos vinculados al crimen organizado.
En conclusión, oponerse al crimen organizado no es solo una necesidad política, sino una exigencia del discipulado. Justicia y Paz Europa afirma que la llamada de Cristo a la justicia y la paz nos exige denunciar las estructuras del pecado, acompañar a las víctimas y fomentar culturas de reconciliación. Esta Acción Concertada busca combinar la defensa práctica con el testimonio teológico, basando nuestro trabajo común en la Escritura, la Tradición y la Doctrina Social de la Iglesia.