Sobre el nexo entre el agua, la energía y la “inteligencia artificial”
Este texto está motivado por el reciente y extenso Informe del Relator Especial de Naciones Unidas para los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo, que lleva por título "El nexo entre el agua y la energía" [1] y tiene como objetivo analizar dicho vínculo desde el punto de vista de los derechos humanos, promoviendo una llamada a la concienciación y la acción en este ámbito. Este excelente documento ha sido presentado en el último periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y merece una lectura detenida. En estas líneas sólo destacamos alguno de sus contenidos para motivar esta reflexión.
Empecemos por una afirmación muy básica: todos los procesos de obtención, potabilización, almacenamiento y distribución del agua potable y para saneamiento o riego necesitan energía para poder realizarse. Y la recíproca es también cierta: la producción, almacenamiento y distribución de energía implica consumo de agua dulce, muchas veces en cantidades muy importantes. Todas las fuentes de energía, renovables o no, requieren consumo de agua: bien de forma directa, o bien indirecta en los procesos de extracción y/o manipulación de los materiales necesarios para poner en marcha cada una de las diferentes tecnologías energéticas.
Además, es importante recordar que todos los procesos de obtención, almacenamiento, procesamiento y distribución de información en formato digital consumen energía y agua. Cada mensaje que enviamos, cada fichero que almacenamos, cada película que visualizamos, cada consulta que realizamos a un buscador o a una aplicación de la denominada "inteligencia artificial" supone un consumo de energía y agua que habitualmente no tenemos tan siquiera en cuenta o, en el mejor de los casos, subestimamos.
Este nexo entre agua y energía es indisoluble y los sistemas hídricos y energéticos determinan en buena medida las posibilidades del bienestar humano y de la sostenibilidad ambiental. Por tanto, en un horizonte de escasez de estos dos recursos esenciales es necesario reflexionar sobre sus interrelaciones para poder proponer acciones que contribuyan a que todas las personas del planeta tengan garantizado el acceso al agua y a la energía de forma sostenible.
Además, en este momento histórico no podemos olvidar que la transición energética imprescindible para frenar en todo lo posible el cambio climático necesita un importante consumo de energía (en buena parte no renovable), materias primas y agua para su puesta en marcha. Lo cual realimenta el proceso, porque cualquier contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero va a agudizar el cambio climático, agravando a su vez la crisis hídrica en la que nos encontramos, con sequías, inundaciones y la subida del nivel del mar como consecuencias más inmediatas y especialmente graves para las comunidades más empobrecidas.
En este contexto, el resumen con el que comienza el Informe es contundente: "… Los sistemas energéticos actuales a menudo violan los derechos humanos, degradan los ecosistemas y agudizan las desigualdades sociales. Los modelos energéticos dictados por el mercado priorizan el beneficio sobre la integridad ambiental y los derechos humanos, y dejan de lado a las comunidades marginadas. Una transición doblemente justa de los sistemas hídricos y energéticos debe centrarse en los derechos humanos, proteger los ecosistemas acuáticos y garantizar la gobernanza participativa. Resulta crucial constatar que un futuro energético justo y sostenible es indisociable de un futuro hídrico justo y sostenible: ambos deben avanzar a la par para hacer valer los derechos humanos de todas las personas".
Resaltamos alguna de las cifras más llamativas que se presentan para dar idea de la magnitud del problema. Se calcula que actualmente más de 4.000 millones de personas carecen de acceso al agua potable, duplicando la estimación que hizo en 2018 la OMS. Tal y como ya ha insistido el Relator Especial en sus informes previos, "la mayoría de esos miles de millones de personas no son estrictamente personas sedientas que viven sin agua en su entorno natural, sino personas extremadamente empobrecidas que viven en la cercanía de ríos o encima de acuíferos contaminados, o cuya agua es acaparada por poderosos agentes para sus actividades productivas". Por ello, resulta indispensable realizar un esfuerzo urgente por recuperar los ecosistemas acuáticos de los que depende a diario la mitad de la población mundial.
En lo relativo a la energía, el Informe destaca que actualmente "aproximadamente 1.000 millones de personas siguen sin tener acceso a la electricidad y más de 1.500 millones dependen de la biomasa sólida como combustible de cocina", recordando que "el uso de sistemas de cocinado ineficientes causó la muerte de 6,7 millones de personas en 2020, con un impacto desproporcionado en las mujeres y los niños". De nuevo, la situación está empeorando rápidamente: las cifras de personas en situación de pobreza energética y sin acceso a la electricidad han aumentado un 60% desde 2020.
Podría parece que esta situación tiene difícil solución. Sin embargo, el Relator enfatiza que "garantizar los derechos humanos básicos no requiere más que una fracción del consumo total de los recursos: en el caso del agua, menos del 5 % de lo que se extrae en la actualidad", lo cual "no dejará sin agua ningún río ni ningún acuífero". Lo mismo ocurre con la energía necesaria para satisfacer las necesidades básicas de electricidad de la población sin abastecimiento regular, que supondría tan sólo un pequeño porcentaje del gasto total de energía a nivel mundial.
En paralelo, la demanda mundial de agua y energía sigue aumentando fuertemente debido a las necesidades cada vez mayores vinculadas a "nuevas demandas productivas vinculadas a poderosos intereses económicos" que están absorbiendo estos recursos, y no fundamentalmente por el aumento de la población. Por tanto, "el hecho de que millones de personas sigan sin electricidad o sin acceso al agua potable no es consecuencia de limitaciones técnicas o de recursos, sino la consecuencia y la causa de profundas desigualdades entre los países y dentro de ellos".
El Informe estudia con detalle el impacto social y medioambiental de todos los sistemas energéticos actuales, enfatizando que los sistemas energéticos no renovables dominantes en la actualidad con frecuencia no respetan los derechos humanos de muchas comunidades, no garantizan el acceso universal suficiente a la energía y suponen costes desproporcionados para las comunidades marginadas y de bajos ingresos. Además, recuerda que los nuevos sistemas energéticos renovables que se están promoviendo también presentan importantes impactos humanos y ambientales, frecuentemente ligados a su dependencia de la extracción masiva de minerales esenciales, en algunos casos con importantes repercusiones negativas para muchas comunidades y para numerosos ecosistemas acuáticos.
El Relator destaca también que "la mayoría de los usuarios de energía carecen de control democrático sobre el modo de producir, distribuir y regular la energía, o de la oportunidad de participar en las decisiones al respecto" y que "una transición energética justa debe empoderar a las comunidades, poner en el centro la equidad, salvaguardar los ecosistemas y favorecer medios de vida sostenibles y dignos para todas las personas". Por ello, propone "reconocer de forma expresa como derecho humano en el derecho internacional el derecho a la energía limpia y sostenible necesaria para llevar una vida digna", en pie de igualdad con el agua que desde 2010 está reconocido como derecho humano.
En este contexto, de cara a revertir la situación actual se insiste en la necesidad de "pasar de las estrategias tradicionales de gestión y planificación del agua basadas en la oferta, que dominaron durante todo el siglo XX, a nuevos enfoques centrados en la gestión de la demanda y la conservación de los ecosistemas acuáticos". Para ello, "es necesario frenar considerablemente las industrias con un uso intensivo de agua, incluida la agricultura. Además de modernizar los sistemas de riego y mejorar su eficiencia, hay que reducir o limitar la expansión del riego y promover estrategias para adaptar la producción de alimentos mediante el uso de cultivos resistentes a la sequía, entre otras medidas". Desde el punto de vista de la energía la propuesta es similar: "una transición justa y sostenible requiere frenar y gestionar la demanda energética, sin limitarse a cambiar a fuentes de energía limpias y renovables". Porque la sostenibilidad sólo se alcanzará trabajando en contra del "paradigma del crecimiento ilimitado", esto es, disminuyendo significativa y sostenidamente el consumo global de recursos materiales y energía, del tipo que sea, a la vez que se mejora su justa redistribución.
Finalmente, como aspecto muy interesante y novedoso, el Informe insiste en el gran aumento del consumo de energía eléctrica y de agua para refrigeración que está suponiendo el crecimiento exponencial de la denominada "inteligencia artificial" y el auge de las criptomonedas. El crecimiento incontralado de megacentros de datos "…genera importantes y preocupantes demandas de agua, así como un dramático aumento del consumo de electricidad", lo cual implica "graves riesgos para los ecosistemas acuáticos" y hace insostenibles medioambientalmente las grandes expectativas de crecimiento futuro de estas nuevas tecnologías que preconizan grandes corporaciones y gobiernos. Diferentes fuentes constatan que su consumo de electricidad podría representar el 12 % del total en 2028, y en muchos casos se está observando que la instalación de los megacentros de datos se está realizando de forma indiscriminada, a través de concesiones directas carentes de transparencia y anteponiendo las necesidades de agua y energía de estas instalaciones a otras socialmente mucho más prioritarias. Así, el informe destaca que, por ejemplo, "la totalidad de la energía eólica adicional generada en Irlanda entre 2017 y 2023 fue absorbida por los centros de datos, cuya demanda creció al mismo ritmo que las energías renovables".
Este problema es de tal magnitud que el Informe concluye proponiendo una regulación estricta y específica a este respecto: "Los Estados y las instituciones internacionales deben promover una moratoria de la puesta en marcha de centros de datos y proporcionar información clara sobre su consumo de agua y energía y los riesgos que suponen para el cambio climático, la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos, los derechos humanos de las poblaciones empobrecidas y la supervivencia de los sectores productivos vulnerables. Deben fijarse prioridades sobre la base de la transparencia y la información adecuada, con arreglo a los principios de sostenibilidad, equidad y goce efectivo de los derechos humanos, a fin de regular las demandas de agua y energía de dichos centros."
Ángel Ballesteros, Justicia y Paz de Burgos
[1] El nexo entre el agua y la energía - Informe del Relator Especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, Pedro Arrojo Agudo.
Este texto ha sido redactado en su integridad sin recurrir a herramientas de IA.