Al menos 110 personas criminalizadas en la UE por ayudar a migrantes en 2025
Al menos 110 personas afrontaron procedimientos judiciales en la Unión Europea como forma de criminalización por ayudar a migrantes entre enero y diciembre de 2025. Las personas fueron criminalizadas por intentar rescatar a personas en peligro en el mar o en zonas fronterizas, por participar en acciones de desobediencia civil, proporcionar asistencia jurídica o información, u ofrecer comida, agua y/o refugio a migrantes.
Silvia Carta, responsable de incidencia de PICUM y autora del estudio, afirmó:
Es una realidad bastante distópica que en la Europa actual una persona pueda enfrentarse a un juicio, multas e incluso prisión simplemente por ayudar a otros necesitados. Pero no olvidemos que la criminalización de la solidaridad es la extensión lógica de unas políticas que castigan, en primer lugar, la migración y a las personas migrantes."
Las cifras proceden del seguimiento de medios y de la investigación realizada por PICUM y sus socios: Gisti, Greek Council for Refugees, Hungarian Helsinki Committee, Oxfam Italia y Ocalenie Foundation durante 2025, en el marco del proyecto europeo WING.
Lo más probable es que exista un subregistro, ya que a menudo faltan datos estadísticos y oficiales, y muchos casos no se denuncian por miedo a represalias, especialmente entre las propias personas migrantes. Además, algunos casos recogidos por los medios pueden no haber sido detectados por el sistema de monitoreo. Aun así, estos datos confirman una preocupante tendencia continuada observada en informes anteriores.
Al menos 142 personas fueron criminalizadas en la UE en 2024; al menos 117 en 2023; al menos 102 en 2022; y al menos 89 entre enero de 2021 y marzo de 2022.
El monitoreo encontró que la mayoría de las personas sometidas a procedimientos judiciales estaban en Grecia (49), Polonia (20), Italia (19) y Francia (14). También se registraron casos en Letonia, Malta, Eslovenia y Chipre. Entre ellas:
- 41 personas fueron criminalizadas por rescatar o ayudar a migrantes en peligro en el mar.
- 17 por participar en protestas y otras formas de desobediencia civil.
- 12 por ayudar a personas a cruzar una frontera.
- 10 por proporcionar asistencia jurídica e información.
- 8 por ofrecer comida, agua y ropa.
Otras acciones criminalizadas incluyen monitorear violaciones de derechos o proporcionar refugio a migrantes.
En más del 60% de los casos, las personas fueron acusadas de facilitar la entrada, estancia o tránsito, o de tráfico de migrantes (según la definición del delito en cada legislación nacional). Otros cargos utilizados para criminalizar a las personas incluyen pertenencia o creación de organización criminal, falsificación y uso de documentos falsos, fraude y actos de terrorismo. La amplitud y gravedad de estos cargos siguen siendo llamativamente desproporcionadas respecto a las acciones criminalizadas.
La duración media de los procedimientos registrados supera los tres años. En 2025 concluyeron los procesos judiciales para 41 de las 110 personas criminalizadas. Casi todas (38) fueron absueltas o vieron retirados sus cargos. Tres personas fueron condenadas con penas suspendidas. Aunque un caso termine en absolución, los juicios tienen graves consecuencias para las finanzas, la vida personal y el bienestar psicológico de las personas afectadas.
Además de los casos de criminalización judicial, el informe constató que al menos 11 organizaciones de la sociedad civil fueron objeto de multas y sanciones administrativas. La mayoría eran organizaciones de búsqueda y rescate que operan en el Mediterráneo. Asimismo, en 2025 se registraron al menos 33 casos de acoso no judicial, como intimidaciones y campañas de difamación dirigidas tanto contra individuos como contra organizaciones civiles.
Casos destacados
Francia
- Siete activistas vascos fueron llevados a juicio por ayudar a 36 migrantes a cruzar de España a Francia en 2024 durante la carrera local "Korrika". Finalmente fueron absueltos en enero de 2026.
- La presidenta del grupo local de apoyo Germà fue detenida en Perpiñán en octubre de 2025 y su casa registrada en relación con su trabajo de apoyo a menores no acompañados. Fue interrogada durante cinco horas sin descanso y posteriormente liberada sin cargos.
Grecia
- Tommy Olsen, fundador del observatorio de devoluciones en caliente Aegean Boat Report, fue arrestado en Noruega en marzo de 2026 tras una Orden Europea de Detención emitida por Grecia en 2025, donde es buscado por ayudar a personas a ponerse a salvo y documentar devoluciones ilegales por parte de la guardia costera griega.
- 24 trabajadores humanitarios y voluntarios de búsqueda y rescate soportaron siete años de procedimientos judiciales y se enfrentaron a penas de hasta 20 años de prisión por ayudar a personas a desembarcar de forma segura en la isla de Lesbos. Finalmente fueron absueltos en enero de 2026.
- La periodista neerlandesa Ingeborg Beugel fue procesada por alojar a un solicitante de asilo mientras recurría una denegación de asilo. Fue condenada en primera instancia y absuelta en apelación en noviembre de 2025 tras cuatro años de proceso judicial.
Italia
- Seis tripulantes de la organización humanitaria Mediterranea Saving Humans afrontan actualmente graves cargos penales tras una operación de rescate realizada en septiembre de 2020. Es la primera vez que personal de una organización de búsqueda y rescate no solo es investigado, sino formalmente imputado.
Polonia
- Los "Hajnowka 5", cinco activistas que ayudaron a personas atrapadas en la frontera con Bielorrusia, fueron acusados de tráfico de migrantes. Finalmente fueron absueltos en septiembre de 2025 y la fiscalía decidió no recurrir la absolución en marzo de 2026.
La nueva Directiva europea de Facilitación
Es probable que las tendencias de criminalización empeoren debido a la propuesta de revisión de la actual legislación europea sobre tráfico de migrantes (Directiva de Facilitación de la UE). La propuesta de la Comisión Europea, actualmente en negociación en el Parlamento Europeo, deja abierta la puerta a la criminalización de la ayuda humanitaria y podría ampliar las bases para criminalizar a las propias personas migrantes.
Silvia Carta señaló:
La propuesta de Directiva de Facilitación corre el riesgo de provocar que más personas sean arrestadas o llevadas a juicio por ayudar a personas necesitadas, y que las propias personas migrantes sean acusadas de tráfico. La dignidad humana y los derechos humanos son valores fundamentales de la Unión Europea. A medida que avanzan las negociaciones, el Parlamento Europeo debe defender estos valores y consagrar en la ley que nadie debería ser procesado simplemente por cruzar una frontera o ayudar a personas necesitadas."
Notas para los editores
- El informe incluye la lista completa de casos monitoreados, detalles sobre los casos más significativos e información adicional sobre la legislación contra el tráfico de migrantes.
- El informe también documenta 13 casos de sanciones administrativas contra ONG, activistas y otros actores, así como 33 casos de acoso no judicial contra ONG e individuos.
- Este informe se centra en la criminalización de la solidaridad y no documenta la criminalización de las propias personas migrantes, aunque ambos fenómenos forman parte de un mismo continuum derivado de políticas migratorias restrictivas.
- El proyecto WING ("EmpoWerING Actors in Civic Space Protection") es una iniciativa transnacional que responde al aumento de la criminalización de la solidaridad y al cierre de espacios cívicos en Europa.
- La propuesta de Directiva europea de Facilitación, presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2023, pretende combatir el tráfico de migrantes, pero se centra en criminalizar a supuestos traficantes —a menudo las propias personas migrantes— sin abordar las causas profundas del fenómeno, como la falta de vías seguras y regulares para llegar a Europa. La nueva propuesta, ampliamente validada por el Consejo de la Unión Europea en diciembre de 2024, no introduce una excepción clara y vinculante a la criminalización de la asistencia humanitaria prestada por ONG, familiares o las propias personas migrantes. La posición de PICUM sobre la propuesta puede consultarse aquí.