Ante las violaciones de derechos de comunidades del pueblo guatemalteco de origen Maya Q’eqchi’ en los departamentos de Baja Verapaz e Izabal, región de Purulhá
Desde el pasado 19 de noviembre, las comunidades de la región de Izabal, Alta Verapaz y Baja Verapaz, cercanas al valle del Polochic, Sierra de las Minas, han sido vulneradas con cercos de sus territorios, ataques violentos con armas de fuego, secuestros de mujeres, y desalojos violentos, por parte de las fuerzas militares y policiales represivas del Estado, y por sectores privados.
Según denuncian las comunidades de la región afectada, así como sus líderes, organizaciones defensoras de derechos humanos y del cuidado de la madre tierra, y organizaciones indígenas, como el Consejo del Pueblo Maya, y sociales, como Convergencia Nacional de Resistencia (CNR), el operativo militar en el territorio mencionado ha impuesto un cerco, al estilo de los realizados durante el genocidio y el etnocidio de los años 80 con la política de "tierra arrasada". Las poblaciones de las comunidades de estos pueblos originarios Maya Q´eqchi´, no pueden salir de sus viviendas ni traspasar el cerco al que han sido sometidas en un secuestro generalizado de toda la población, les han cerrado la ruta comercial y la presencia y ataque de las fuerzas militares y policiales están provocando el terror, intimidando especialmente a la infancia, a las mujeres (algunas de ellas capturadas) y a personas ancianas. Están quemando viviendas, afectando a la producción agrícola y animales domésticos. El ataque del ejército y la PNC con armas de fuego en el desalojo a la comunidad de Chapin Abajo, el pasado día 6 de diciembre, se cobró la vida de un niño de 16 años, Lisbin Nefalí Quilub.
El pretexto de esta militarización es ejecutar órdenes solicitadas por finqueros de este territorio, vulnerando con este brutal acoso por parte del Estado de Guatemala, principios democráticos en protocolos de desalojo, que incluyen la supervisión y protección de la población por la Procuraduría de Derechos Humanos y de organismos internaciones de respeto a estos derechos. Con ello ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad de las personas y la cultura y organización de los pueblos originarios, que reclaman el legítimo derecho ancestral a sus tierras. A su vez provocan que las fuerzas de seguridad del Estado cometan abusos y violen derechos, poniéndose del lado de terratenientes y en contra de la población autóctona, empobrecida, excluida y explotada.
Este cerco, persecución, represión y violación de derechos es la respuesta a la demanda de las comunidades de ser respetadas y restituidas sus tierras comunales y el territorio que habitan y responden a un plan sistemático de desalojo para favorecer intereses del grupo de poder gobernante en el país, propietario de grandes tierras, que promueve, entre otros, el monocultivo de la palma aceitera, como la empresa Naturaceites. A ese grupo de poder también pertenecen oficiales militares y personas empresarias de minas, palma y ganadería extensiva.
El problema de fondo es que el modelo de desarrollo económico actual está diseñado para satisfacer a una élite con los recursos que pertenecen a todo el pueblo. Lo deplorable es que para mantener este modelo se debe acallar a las personas opositoras y víctimas con el uso de la fuerza indiscriminada y de la violencia política, capturando el sistema de justicia. Todo ello agrava la situación de indefensión de la población más vulnerable, aumenta la impunidad con que se actúa por parte de las fuerzas del Estado, que no protege a la ciudadanía sino los capitales e intereses de las clases pudientes y gobernantes que controlan el poder.
Los obispos centroamericanos, recientemente reunidos en Panamá, denunciaron las situaciones de abandono, pobreza y desigualdad y la fragilidad de la democracia y del Estado de derecho, en la región. Es un fiel reflejo, por otra parte, de la compleja situación internacional con sus consecuencias para la paz social y la salud de las economías de estos países.
Justicia y Paz España se suma a las organizaciones y pueblos para repudiar la ocupación de territorios de las comunidades originarias, el secuestro indiscriminado de las poblaciones, su persecución y violación de derechos fundamentales. El ataque sistemático a los pueblos originarios trae como consecuencia "la desarticulación del sentido de la vida comunitaria vinculada a la sagrada tierra", el empobrecimiento generalizado de las democracias y del dialogo y convivencia entre culturas diversas que debe ser respetuosa con usos y costumbres y la participación activa de representantes y agentes sociales.
Nos unimos al llamamiento que hacen estas poblaciones tanto al Estado de Guatemala como a la comunidad internacional para que:
- Se restablezca la institucionalidad del Estado y cumpla con sus obligaciones en la búsqueda del bien común, cesando las múltiples acciones de agresión que violentan los derechos de las comunidades mayas, cumpliendo las exigencias a las que se obliga por la adhesión a tratados y convenios internacionales, así como por las sentencias de las Corte de Interamericana de Derechos Humanos.
- El Procurador de los Derechos Humanos desarrolle la función que tiene encomendada.
- La ciudadanía se solidarice con las poblaciones afectadas y condene los hechos de violencia que promueve el actual Gobierno del país para favorecer intereses privados.
- Los organismos internacionales de Derechos Humanos realicen la verificación inmediata de esta violación para esclarecer responsabilidades directas e indirectas.
Comisión General de Justicia y Paz
De la encíclica Fratelli tutti del papa Francisco, número 122:
"El desarrollo no debe orientarse a la acumulación de unos pocos, sino que tiene que asegurar "los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los derechos de las naciones y de los pueblos" (SRS 33) El derecho de algunos a la libertad de empresa o de mercado no puede estar por encima de los derechos de los pueblos, ni de la dignidad de los pobres, ni tampoco del respeto al medio ambiente, puesto que "quien se apropia algo solo es para administrarlo en bien de todos" (LS95)".