Esperanza, riesgo y compromiso en tiempos convulsos
Reflexiones con motivo del Día Internacional del Refugiado 2022. El Día Mundial de las Personas Refugiadas se conmemora en un momento en que el número de desplazamientos forzados en el mundo alcanza ya más de cien millones de personas según los últimos datos de ACNUR para 2022. Un crecimiento sin precedentes que apela a nuestra conciencia individual y colectiva para responder de una manera ética, empática y sinérgica a este complejísimo desafío.
En este proceso no sobran las razones para la esperanza, pero "haberlas haylas". Un ejemplo afortunado se encuentra en el reciente caso de la deportación (felizmente fallida) de desplazados hacia Ruanda por parte del Reino Unido. Como antecedente es importante conocer que el Gobierno de Boris Johnson firmó el pasado 14 de abril de 2022 un acuerdo con el Gobierno de Ruanda por medio del cual, las personas que entraran irregularmente en el Reino Unido desde el 1 de enero de 2022 y cuya solicitud de asilo no hubiera sido considerada favorablemente serían deportadas a este país africano independientemente de su origen, en lo que ha sido considerado unánimemente una vulneración de los estándares de protección internacional. El coste de esta medida era, en principio, de 120 millones de libras que recibiría como contraprestación el gobierno de Kigali (aproximadamente 144 millones de euros), cifra que se ampliaría conforme el número de personas deportadas fuera aumentando.
Dentro del primer grupo de "reubicables" había personas de Siria, Sudán, Irak e Irán. En total seis personas que iban a ser deportadas en un vuelo contratado con una compañía española. Entre ellos se encontraban dos jóvenes a los que se había considerado por pruebas óseas (altamente cuestionadas) su mayoría de edad. También se encontraba un oficial de policía iraní que se había negado a disparar contra unos manifestantes que protestaban pacíficamente en las calles de Teherán por la subida del coste de la vida, gesto que le costó una sentencia de cinco años de prisión y que propició su huida hacia el Reino Unido, donde pensaba que podría encontrar una adecuada protección.
La firma de convenios de readmisión es ya "un lugar común" en la política migratoria. En este caso nos encontramos con un Gobierno como el británico que firma un acuerdo con un país (Ruanda) cuyo bagaje en materia de protección de derechos humanos es más que discutible. Acuerdo que, en su espíritu no difiere mucho de los firmados por la Unión Europea con países como Libia, Marruecos, Senegal, Turquía y próximamente Egipto y cuyo objetivo es externalizar las fronteras y acordar la readmisión de personas expulsadas o devueltas sin tener en cuenta que se respeten los derechos humanos.
El planteamiento defensivo y controlador que subyace a estas políticas lleva en la práctica a mirar con recelo a todo aquél, a toda aquella, que busca reconstruir su proyecto vital después de haber dejado atrás su país y su hogar por motivo de conflictos y persecuciones de toda índole. Con la única excepción (claramente discriminatoria) de los nacionales procedentes de Ucrania, para quienes se ha activado la Directiva de Protección Temporal que ofrece a estos nacionales protección inmediata, un estatuto jurídico de regularidad administrativa o y la posibilidad de trabajar sin prácticamente trabas.
La activación de la sociedad y de la ciudadanía.
El caso británico al que nos referíamos es importante por lo que resulta de revelador respecto al papel que puede desempeñar la ciudadanía para intentar revertir estas políticas. Así, una vez conocida la decisión de la deportación por parte del Gobierno Británico se activaron un conjunto de acciones tendentes a evitarla desde la ciudadanía y la sociedad civil organizada.
De una parte, se llamó al boicot a las compañías aéreas que iban a trasladar a estas personas (entre ellas una española) en una carta abierta en la que participaron más de noventa personalidades relevantes del país, así como en redes sociales . De otra parte, los equipos jurídicos de las ONG de derechos humanos solicitaron una medida cautelar provisionalísima al Tribunal Europeo de Derechos Humanos a fin de poder impedir el vuelo.
En las carreteras que van desde los centros de detención hacia el aeropuerto del que iba a partir el vuelo numerosos activistas de la plataforma "Stop deportations" bloquearon las carreteras y se manifestaron delante de los centros de internamiento dificultando el paso de la comitiva.
Mención
especial merece el posicionamiento de la Iglesia de Inglaterra, que, a través
de los Arzobispos de Canterbury y York y
los 23 obispos de la Cámara de los Lores calificaron la política de
"reubicaciones" en Ruanda como una política inmoral que avergüenza a Gran
Bretaña, en una carta dirigida al diario The times.
Final Feliz... por el momento
El resultado de las anteriores acciones fue que se logró frenar, al menos de modo temporal, la deportación a Ruanda de un primer grupo de desplazados, gracias a las acciones que se llevaron a cabo tanto a nivel social como a nivel particular de numerosos ciudadanos y ciudadanas y contando además con el posicionamiento de la Iglesia anglicana y de algunos miembros de la realeza británica contrarrestando de este modo una decisión política inmoral.
Juntos y a tiempo.
Sin embargo, en este camino hacia la defensa de los derechos de inmigrantes y refugiados, conviene no llegar "pronto ni solo, sino, juntos y a tiempo", parafraseando al poeta. León Felipe, y ello porque son muchos los desafíos que hay que abordar.
El desafío de una ciudadanía despistada, desmotivada y desapegada (las tres "d" que persigue el pensamiento neoliberal para controlar las sociedades). No nos podemos engañar pensando que una mayoría de la ciudadanía británica se posicionó en contra de las deportaciones. Ni podemos pensar que una mayoría de las sociedades de los países de la Unión Europea están en contra de las expulsiones o de las "devoluciones en caliente" o las deportaciones. Lo cierto y verdad es que la mayor parte de la sociedad ni siquiera se lo plantea porque está inmersa en sus afanes y miedos cotidianos, lo cual les hace tremendamente vulnerables y receptivos a mensajes fáciles y populistas. Una educación en derechos humanos que fuera transversal a toda la sociedad, a sus actores e instituciones sería el mejor antídoto contra la insensibilidad y la indiferencia, pero eso es algo que lleva tiempo.
El desafío de una Iglesia acomodaticia. Que no se arriesgue ni sea capaz de salir de sus zonas de confort para no comprometerse ni entrar en conflicto. En este sentido hay que ser muy claro y afirmar que no es posible trabajar ni la acogida, ni la promoción, ni la protección, ni la integración sin desenmascarar todo aquello que lo impide. La postura de la Iglesia anglicana defendiendo los derechos y la dignidad de los migrantes y refugiados puede ser un buen ejemplo para los obispos de la COMECE y la CCEE a nivel europeo y para las diferentes conferencias episcopales nacionales.
El desafío de unas entidades del tercer sector valientes y decididas en la denuncia de las vulneraciones de derechos humanos.
Es bien conocido que optar por los derechos humanos de los migrantes y refugiados lleva consigo sanciones institucionales, pecuniarias e incluso penales. Los ejemplos de entidades como "Open Arms", o de ciudadanos como Javier Bauluz o ciudadanas como Helena Maleno muestran bien a las claras las consecuencias que conlleva cruzar determinadas "líneas rojas" en defensa de la dignidad de la persona, pero al tiempo cuestiona profundamente el modo de "estar" de no pocas instituciones que se ven en la tesitura de entrar o no en espacios de riesgo con lo que ello conlleva de pérdida de determinados recursos materiales, humanos o financieros.
A modo de conclusión. La importancia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Emilio José Gómez Ciriano
Responsable de Derechos Humanos de Justicia y Paz