Europa ante los retos del crimen organizado

Antecedentes

Europa se enfrenta actualmente a numerosas amenazas a su seguridad, integridad y cohesión, tanto desde dentro como desde fuera. Tras estas amenazas, muchas de las cuales son visibles, opera y crece un peligro parcialmente oculto: el crimen organizado.

A falta de una definición de aplicación general, es muy difícil delimitar exactamente qué se entiende por crimen organizado. Basándonos en una descripción de Europol, al menos es posible ilustrar lo que puede abarcar el crimen organizado: Se trata principalmente de redes o grupos delictivos que actúan en muchos ámbitos. Al igual que los ámbitos de actividad, los métodos son muy diversos. Por regla general, sin embargo, incluyen la corrupción y formas de ejercer el poder y la violencia.

La percepción social y política de la amenaza potencial que representa el crimen organizado varía mucho en Europa. Mientras que en algunos países el problema es casi obvio y existen numerosos enfoques gubernamentales y sociales para atajarlo, en otros el trabajo contra este fenómeno es muy limitado. Una de las razones es que la concienciación sobre el problema no suele estar suficientemente desarrollada o falta voluntad política. A menudo prevalece la sensación de que el crimen organizado es un problema de otros. Sin embargo, se trata de un grave error de apreciación. El crimen organizado es tanto un problema mundial como un problema europeo cada vez mayor y ningún Estado puede eximirse de la tarea de hacer frente a los retos que plantea, sobre todo teniendo en cuenta que una de las características sobresalientes de esta forma de delincuencia es que opera a escala transnacional.

Por mucho que la contención del crimen organizado requiera un esfuerzo conjunto de toda la familia europea de Estados, ésta no tiene una sola cara. Existen diferencias considerables en sus características, ya que las organizaciones delictivas operan de múltiples maneras y saben explotar las distintas circunstancias de sus respectivas áreas de actividad (es decir, estratos territoriales como el nacional y el regional, el rural y el urbano, el fronterizo y el interior). Esto explica también su amplitud y profundidad de penetración en las sociedades afectadas. Esta complejidad dificulta enormemente la contención y el trabajo contra el crimen organizado, ya que las actividades delictivas no sólo tienen lugar en los llamados «bajos fondos». Por el contrario, están implicados, voluntariamente o sin su conocimiento, perpetradores de toda la sociedad y de todas las clases sociales. Por ejemplo, también desde las estructuras políticas estatales y locales, y a menudo en conexión con restos de redes de inteligencia de antiguos regímenes. El crimen organizado se caracteriza muchas veces por el hecho de que la frontera entre las esferas ilegal y legal, entre los «bajos fondos» y la «sociedad», se difumina creando dependencias o incluso forjando alianzas entre ambos ámbitos. No son raros los casos, especialmente en los países en transición, de actividades delictivas conjuntas en las llamadas asociaciones público-privadas. En estos casos, el dinero fluye de los fondos públicos a los bolsillos privados de forma poco transparente y delictiva y se soborna a los servicios públicos. Esta interdependencia conduce a menudo a la paradójica situación de que, por un lado, muchas sociedades sufren las actividades del crimen organizado, mientras que, por otro, algunos actores del crimen organizado consiguen cierto grado de tolerancia social. Es más, pueden incluso ocupar altos cargos estatales y gozar de la aprobación o el apoyo público explotando hábilmente estas alianzas oficiales y extraoficiales, presentándose como benefactores sociales. No es infrecuente que estas turbias alianzas se hagan cargo de funciones estatales originales como la seguridad, la sanidad, la eliminación de residuos, la protección y el orden, entre otras, utilizando fondos públicos en beneficio privado.

La Iglesia católica, especialmente bajo el liderazgo del papa Francisco, se ha mostrado inquebrantable en su condena del crimen organizado, denunciándolo como un grave mal moral y social que socava la dignidad humana y el bien común. El papa Francisco ha excomulgado explícitamente a los miembros de la mafia, afirmando en 2014: «Aquellos que en su vida siguen este camino del mal, como hacen los mafiosos, no están en comunión con Dios. Están excomulgados». Su firme postura enmarca el crimen organizado no sólo como una cuestión legal, sino como una profunda violación de la justicia divina y de valores cristianos como el bien común, la solidaridad y la justicia. Ha hecho un llamamiento a la cooperación mundial para trabajar contra estas redes transnacionales, subrayando que estos delitos se aprovechan de la disfunción institucional y de la vulnerabilidad de la sociedad. El papa Francisco también ha destacado el enorme coste humano del crimen organizado, describiéndola como una fuerza que inflige sufrimiento a víctimas visibles e invisibles, cuya dignidad y derechos deben ser protegidos.

El enorme potencial de destrucción social de la delincuencia organizada se hace especialmente evidente en el contexto de la doctrina social cristiana: la mayoría de las formas de crimen organizado van de la mano de flagrantes violaciones de la dignidad humana y de las más graves violaciones de los derechos humanos. Tales fenómenos deben considerarse manifestaciones flagrantes de estructuras de pecado invisibles pero activas. Esto es evidente en el caso de asesinatos y homicidios que violan el derecho a la integridad física o el derecho fundamental a la vida. Se trata de un caso especialmente delicado en circunstancias en las que se encuentran redes criminales en los ámbitos sensibles de la sanidad, la educación, la cultura y los medios de comunicación. El narcotráfico, además de envenenar a las personas y a la sociedad e incapacitarlas para un funcionamiento normal, atenta contra el derecho a la salud. Éste también se ve temerariamente comprometido en el caso de la eliminación ilegal de residuos tóxicos, la falsificación de medicamentos, el incumplimiento deliberado de las normas de seguridad en la industria de la construcción o la prostitución forzada de mujeres y hombres o el abuso comercial de menores o adolescentes. Una forma especialmente pérfida de explotación de la infancia y las mujeres es la maternidad subrogada forzada, que sirve principalmente a fines comerciales, o el tráfico de menores, especialmente de países no europeos, para ofrecerlos en adopción. También mencionamos explícitamente la delincuencia financiera organizada, llevada a cabo por delincuentes con una organización en todos los continentes y que ha adquirido una importancia mucho mayor gracias a las nuevas tecnologías. La gravedad de la delincuencia financiera tiene repercusiones socioeconómicas y a menudo está vinculada a la delincuencia violenta e incluso al terrorismo.

La característica común es que siempre se acepta que las personas sufran daños -físicos o emocionales, a corto plazo o permanentes- y, en casos extremos, mueran. Se instrumentaliza a las personas en busca de beneficios o adicción. La instrumentalización no sólo afecta a las víctimas, sino también a quienes cometen los delitos. En tales actos delictivos, sólo hay víctimas, porque no hay nada aceptable o deseable en ellos. Por esta razón, el crimen organizado casi siempre va dirigido contra el corazón mismo de los derechos humanos, a saber, la dignidad humana.

Todo ello hace necesario una comprensión ampliada de la seguridad, que debe extenderse a los aspectos centrales de la seguridad humana e integrar una nueva relación entre seguridad interior y exterior. No se trata sólo de la amenaza a la seguridad individual que supone la violencia física directa, sino también de riesgos para la seguridad como los peligros para la salud, la destrucción del medioambiente o los problemas sociales que amenazan o destruyen vidas humanas y la coexistencia pacífica de las personas. No debemos ignorar ni minimizar el daño que el crimen organizado causa a toda la creación. El mundo que nos rodea se ve afectado o incluso destruido, por ejemplo, por el comercio de especies animales y vegetales en peligro de extinción, la devastación ilegal de espacios naturales protegidos, la explotación ilegal o aparentemente legalizada de recursos naturales mediante la corrupción, la caza furtiva, el vertido de aguas residuales tóxicas en masas de agua o el vertido de petróleo y sustancias tóxicas en ellas.

La contención y la lucha contra el crimen organizado deben ser una cuestión política transversal y social más amplia. No basta con dejar el trabajo contra esta forma de crimen exclusivamente en manos de la policía o de los tribunales, cuya actuación en un ambiente de crimen organizado a menudo no responde a las exigencias de la acción legal, sino más bien a las expectativas de los grupos de interés. Por ello, toda sociedad afectada debe enfrentarse seriamente a la cuestión de cómo beneficia, consciente o inconscientemente, a determinadas formas de crimen organizado. La participación tácita en tales actividades comienza con la falsificación de beneficios y la no declaración de impuestos, la no declaración de trabajo en la construcción con malas condiciones laborales y horarios poco claros. Esto se extiende a la compra de cigarrillos sin banda y la visita a prostíbulos, luego a la contratación ilegal de un ama de casa y de personal laboral extranjero en general -que suelen ser formas de esclavitud moderna-, a la compra de drogas para mejorar la eficacia y también para divertirse y hacer fiestas, al robo de obras de arte y a la entrega de sobornos para obtener empleo o algún otro beneficio. 

Además, toda forma de acción y toma de decisiones no transparentes corresponde a la lógica de las estructuras del pecado. A todo ello hay que añadir la nueva lacra de la adicción al juego y a las apuestas, que no sólo constituye un grave problema moral y familiar, sino que también está vinculada a diversas formas de delincuencia, como la extorsión, el chantaje, el robo y la conspiración criminal con fines lucrativos. La aceptación social de la evasión fiscal como un delito trivial difiere sólo gradualmente del fraude fiscal masivo que facilitan y a veces orquestan instituciones financieras de alto nivel o su personal. 

En la medida en que el crimen organizado funciona según el principio del mercado, sólo puede prosperar si existe también una demanda social que se ve favorecida además por la indiferencia hacia estos fenómenos, lo que se traduce en una aprobación que refleja la mentalidad de la comunidad local. Por lo tanto, además de los factores estructurales que benefician el crimen organizado, en la lucha contra él también deben tenerse en cuenta los valores y actitudes sociales, ya que son precisamente éstos los que mantienen determinadas prácticas corruptas, si no moralmente, al menos haciendo que se consideren socialmente aceptables, hecho que muestra claramente las características sociales de la cultura y mentalidad locales. Porque sin un cambio en la mentalidad y la cultura de una sociedad en la que actúan la corrupción y el crimen organizado, la sociedad está condenada al declive.

Resolución conjunta de las Comisiones de Justicia y Paz de Albania, Alemania, Bélgica Flandes, Bélgica Francófona, Croacia, España, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Suecia, Suiza y Ucrania.