El genocidio en Gaza revela la erosión de los compromisos de la Unión Europea en materia de derechos humanos
Mientras el mundo conmemora en 2025 el 80º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, no existe un contraste más evidente con los ideales del marco del derecho internacional que el genocidio que se ha desarrollado en Gaza durante más de dos años. Tras ocho décadas de compromisos internacionales para proteger la dignidad humana, el silencio de la Unión Europea contrasta con el marco del derecho internacional y con las obligaciones y compromisos asumidos por la propia UE para garantizar su respeto. Este retroceso se ejemplifica además en las respuestas hostiles de los Estados miembros de la UE hacia la población palestina que huye, así como hacia las personas en Europa que realizan actos de solidaridad con el pueblo palestino.
Como organización de derechos humanos que defiende los derechos de las personas en situación migratoria irregular, PICUM observa que esta población se enfrenta a desafíos similares a los de las personas migrantes en situación irregular: la negación de la libertad de movimiento, del acceso al trabajo y de los derechos civiles y políticos. Su existencia jurídica es precaria debido al control que ejerce Israel sobre la población y las fronteras de Cisjordania y Gaza. La negación continua de derechos forma parte de un proceso de décadas de exclusión sistemática y apatridia.
Sintiendo el impulso de las recientes declaraciones de países europeos y de otros Estados que han reconocido al Estado palestino, así como por el alto el fuego declarado en octubre de 2025, hacemos un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que implementen de inmediato medidas de protección y asistencia para la población palestina y para quienes muestran su solidaridad con ella.
La Unión Europea debe cumplir con sus obligaciones humanitarias, incluyendo la resolución de la situación administrativa de las personas palestinas presentes en la UE y la creación de vías seguras y regulares para ellas. Los pasaportes palestinos deben ser reconocidos como documentos de viaje válidos, permitiendo a sus titulares desplazarse y solicitar protección. La expedición de visados debe facilitarse y tramitarse con flexibilidad y urgencia. Los Estados deben emitir con carácter urgente permisos de residencia a las personas palestinas y permitirles renovar sus permisos o visados sin obstáculos injustificados. Las solicitudes de asilo presentadas por ellas deben procesarse con rapidez, y el estatuto de refugiado debe concederse de forma amplia y sin demora, garantizando que quienes lo necesiten obtengan rápidamente un estatus de residencia. Los Estados miembros deben poner fin de inmediato a la práctica abusiva de la retirada de la nacionalidad y garantizar que los hijos e hijas de progenitores palestinos nacidos en la Unión Europea no sean privados de su nacionalidad bajo ninguna circunstancia.
Las restricciones impuestas a los movimientos de solidaridad con Palestina —junto con los repetidos ataques al derecho a la libertad de asociación, de reunión pacífica y de expresión— ejemplifican la reducción del espacio cívico que llevamos años observando. Los gobiernos de toda la UE han introducido medidas injustificadas para limitar y castigar las expresiones de solidaridad con el pueblo palestino. Nos preocupa profundamente la gravedad de las violaciones que se están produciendo en distintos Estados miembros, que incluyen detenciones arbitrarias y generalizadas, así como el uso excesivo y/o innecesario de la fuerza. Lo que presenciamos hoy muestra una tendencia muy preocupante hacia el debilitamiento del Estado de derecho.
Instamos a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros a que respeten y protejan los derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de expresión, incluidos aquellos que manifiestan su solidaridad con el pueblo palestino.
Mientras el mundo celebra el 24 de octubre la entrada en vigor en 1945 de la Carta de las Naciones Unidas, documento fundacional de la organización, hacemos un llamamiento a la Unión Europea y a sus Estados miembros para que actúen ahora y se mantengan firmes en defensa del derecho internacional y de los derechos humanos.
Comunicado PICUM