Las organizaciones católicas y la Iglesia en la UE celebran la iniciativa legislativa europea sobre diligencia debida de los derechos humanos y el medio ambiente

La familia internacional de organizaciones católicas por la justicia social, CIDSE, Pax Christi Internacional y Justicia y Paz Europa (JP Europa), con el apoyo de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE), acogen con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea de preparar una nueva legislación comunitaria sobre las cadenas de suministro.

La legislación propuesta obligaría legalmente a las empresas a proteger los derechos humanos y el medio ambiente reconocidos internacionalmente en el desarrollo, la producción y la distribución de productos básicos. Las organizaciones católicas han presentado una contribución conjunta a una consulta pública de la UE con vistas a la futura legislación.

Con esta medida histórica, Europa se convertiría en la primera región del mundo en promulgar una legislación de este tipo, que responsabilizaría a las empresas de las violaciones de los derechos humanos y de los daños medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro.

Según un reciente estudio, encargado por la Comisión Europea, solo una de cada tres empresas de la UE aplica actualmente la diligencia debida. La iniciativa legislativa propuesta haría obligatoria la diligencia debida, contribuyendo a la igualdad de condiciones para todas.

"Al enfrentarnos a una crisis mundial sin precedentes, necesitamos ahora más que nunca una diligencia debida obligatoria en la cadena de suministro para detener los abusos de las empresas y garantizar la solidaridad mundial", declaró el cardenal Jean-Claude Hollerich, presidente de la COMECE, expresando su apoyo a una ambiciosa legislación europea de diligencia debida.

Los miembros de CIDSE, Pax Christi Internacional, junto con las Comisiones de Justicia y Paz y otras instituciones de la Iglesia católica, apoyan a las comunidades vulnerables, cuyos derechos humanos son a menudo violados y sus territorios dañados por las actividades empresariales. Estas comunidades se ven aún más marginadas por la falta de acceso a recursos legales y a la justicia.

A través de la consulta de la UE, las organizaciones católicas piden a la Unión Europea que adopte una legislación que no solo ofrezca una protección significativa a las comunidades afectadas, sino que también contribuya a la promoción del bien común. La nueva normativa de la UE debería exigir a todas las empresas que operan en la UE que trazaran un mapa de sus cadenas de suministro para ayudar a identificar, prevenir, mitigar y dar cuenta del impacto sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Esta normativa también debería contribuir a remediar los efectos negativos en estos ámbitos causados por las actividades empresariales.

Según la contribución conjunta, las nuevas normas de la UE también deberían indicar claramente las obligaciones de los Estados miembros y de la Comisión Europea en cuanto a la supervisión, la aplicación y la imposición de sanciones por incumplimiento. Por extensión, la legislación debe garantizar que las víctimas de las infracciones de las empresas tengan acceso a los tribunales, en su propio país y en el país donde tiene su sede la empresa matriz o principal.