La vivienda como derecho humano fundamental
El pasado lunes, por ser primer lunes de octubre, se celebraba el Día Mundial del Hábitat, con el objetivo de evaluar el desarrollo sostenible de las ciudades del mundo y la garantía de que todas las personas cuenten con una vivienda. Y este mismo dia se celebra el Día Internacional de los Inquilinos, con la finalidad de divulgar y promover los derechos de los inquilinos, mediante viviendas digna con una alquiler justo y accesible. Con ambas celebraciones se pretende sensibilizar a la opinión pública acerca de las situaciones de abuso, degradación y elevados costos de renta y acceso a un techo que afrontan las personas que no poseen una vivienda digna.
Ambas celebraciones han coincidido con el despertar en nuestro país de toda una movilización ciudadana sensibilizada por esta violación del derecho fundamental de acceso a vivienda. Surge como reacción a los desahucios que cada día, con una media de más de 40 desahucios diarios, costando la vida algunos de ellos, como el caso que ayer mismo nos consternó con el fallecimiento de Mari Carmen Abascal, que con su lucha despertó este movimiento social e implicó a miles de personas.
La Doctrina Social de la Iglesia (DSI) considera el acceso a una vivienda digna como un derecho humano fundamental e inviolable, y no como una simple mercancía o un objeto de especulación financiera. Responde al derecho a la dignidad de toda persona, porque permite su desarrollo personal y ofrece un espacio seguro para la vida. Responde al principio del destino universal de los bienes, porque la propiedad privada no es un derecho absoluto ni intocable; está subordinada al bien común y al derecho de todos a usar los bienes de la creación. Posibilita la construcción familiar, núcleo básico de la sociedad, porque el hogar es el ámbito natural donde se protege a la familia, se fomenta la convivencia y se transmiten los valores humanos y espirituales. Y, en definitiva, una sociedad justa requiere garantizar condiciones esenciales de vida para todos, entre las que figuran el techo, el alimento, el trabajo y la salud como bienes comunes.
Por ello, ayer mismo se celebraba también la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. La iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) formada por entidades de Iglesia, bajo el lema "Ante la exclusión trabajo decente", con una mirada expresa a las graves dificultades que existen para encontrar vivienda y cómo la ausencia de trabajo digno es un factor determinante para la crisis habitacional en estos momentos, califican en su pronunciamiento la crisis actual de la vivienda como una emergencia social, rechazando la especulación financiera y exigiendo políticas públicas que prioricen el acceso a un hogar asequible, porque sin vivienda y salarios justos no es posible hablar de un trabajo decente.
La muerte de Mari Carmen deja una tristeza espesa, y frustrante, pero también nos fortalece la esperanza desde su ejemplo comprometido.
Quizá fueron demasiadas emociones en tan poco tiempo para un cuerpo cansado y enfermo. Zarandeado durante demasiados años por la falta de cuidado, por la falta de derechos por el maltrato de unas estructuras de poder enfermas de un neoliberalismo que sigue cobrándose víctimas entre los más vulnerables.
Mari Carmen nos deja en herencia su talla humana, su dignidad de persona, de ciudadana que nunca quiso rendirse, su llamamiento a seguir luchando por los derechos. Nos deja también la enseñanza de que no hay barrera que no pueda derribarse si hay una comunidad detrás que empuja y sostiene.
Descanse en paz y retomemos el testigo, cuidando la dignidad de toda persona, exigiendo la defensa de los derechos humanos. Impliquémonos en fortalecer enlaces y cuidados, y animados a construir comunidad, porque para sostener la democracia no basta con votar cada cuatro años, sino que hay que cuidarla cada día, formarse en derechos y comprometerse en que éstos puedan ser ejercidos de manera efectiva. Los intereses espurios que tratan de vulnerar la dignidad humana podrán cortar las flores, pero no podrán detener la primavera.
Emilio José Gómez Ciriano. Presidente de Justicia y Paz