Mientras los países hacen la guerra, las empresas se benefician

Esta semana en Ginebra se está celebrando la novena sesión del grupo de trabajo intergubernamental con mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que elabora el marco jurídico internacional por el que las empresas estén sujetas a obligaciones vinculantes para respetar los derechos humanos.

Es urgente abordar las tendencias recientes -como la creciente influencia de las empresas sobre los gobiernos, la captura de las instituciones internacionales por parte de las empresas y la expansión de las economías extractivistas-, que han amplificado las repercusiones de las empresas sobre los derechos humanos y el medioambiente. Los efectos nocivos se intensifican especialmente durante los conflictos, las ocupaciones, las guerras y otras crisis en las que el Estado de derecho ya está perturbado y las actividades empresariales pueden acabar alimentando o manteniendo la agitación.

Complicidad en los conflictos

Aunque ejemplificamos la guerra de hoy, por desgracia hay numerosos casos de complicidad entre empresas y Estados en diferentes conflictos y guerras mundiales.

En respuesta al espeluznante ataque armado de Hamás, Israel ha redoblado su bloqueo y cierre militar de la Franja de Gaza, que dura ya 16 años, e impide que lleguen a la población productos humanitarios básicos, como alimentos, agua y combustible. Esta decisión, que viola el Derecho Internacional Humanitario (DIH), se está aplicando con armas de alta tecnología de empresas de Estados Unidos, Europa e Israel, suministradas por fabricantes como Lockheed Martin, Boeing y Elbit Systems -que a su vez cuenta con el apoyo del banco británico Barclays-, y que Israel ha lanzado en los cinco grandes ataques militares contra la estrecha franja de tierra desde 2008. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), esos ataques se dirigieron repetidamente contra zonas agrícolas y pesqueras. Mientras tanto, en la Cisjordania ocupada, las empresas agrícolas establecidas en los asentamientos ilegales israelíes obtienen beneficios utilizando tierras y recursos palestinos para vender sus productos en el extranjero.

El DIH protege los alimentos, las zonas agrícolas, los cultivos, el ganado, las instalaciones y suministros de agua potable y las obras de regadío de los ataques, la destrucción o el traslado durante los conflictos. El derecho internacional consuetudinario reconoce «el derecho de los pueblos y las naciones a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales» como componente básico del principio de soberanía territorial y del derecho a la autodeterminación. Sin embargo, el DIH es insuficiente para regular las empresas en los conflictos, por lo que se requiere un marco jurídico más sólido que incorpore las cuestiones de derechos humanos.