Nada menos que negociaciones
Del 31 de agosto al 4 de septiembre, los Estados se reunieron en Ginebra para debatir sobre las armas autónomas en el marco del Grupo de Expertos Gubernamentales (GEG) de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), el foro multilateral que actualmente aborda la autonomía en los sistemas de armas. Esta fue la última oportunidad para que los Estados desarrollaran el texto que podría servir de base para las negociaciones de un tratado sobre armas autónomas, cuando decidan sus próximos pasos en la Conferencia de Revisión de la CCAC en noviembre.
La reunión tuvo lugar apenas unos días después de que el secretario general de las Naciones Unidas y la presidenta del Comité Internacional de la Cruz Roja hicieran un llamamiento renovado a los Estados para que «demuestren valentía política y vayan más allá de los debates graduales hacia una acción decisiva» respecto de un marco regulador para las armas autónomas. Instaron a los Estados a negociar urgentemente un instrumento jurídicamente vinculante que establezca prohibiciones y restricciones estrictas, y advirtieron de que «no actuar con rapidez y decisión costará vidas».
Los riesgos que plantean las armas autónomas no han hecho más que intensificarse durante los últimos tres años de debates en el GEG, mientras que el desarrollo y despliegue de sistemas cada vez más autónomos ha avanzado rápidamente en ausencia de normas específicas. Una mayoría de los Estados que participan en el GEG reconoce estos riesgos urgentes y la necesidad de avanzar hacia la negociación de un instrumento que los aborde.
El primer día de la reunión, Argelia, en nombre del Grupo Africano de Estados, y Brasil, en nombre de un grupo de 47 Estados, realizaron declaraciones conjuntas en las que confirmaron su voluntad de avanzar hacia negociaciones basadas en el conjunto de elementos que el GEG ha ido elaborando por consenso a lo largo de su mandato.
En una intervención durante la sesión, Stop Killer Robots destacó los importantes avances y ámbitos de convergencia reflejados en el proyecto de informe del grupo, especialmente en lo relativo a una caracterización operativa de las armas autónomas y a las medidas fundamentales necesarias para garantizar un control humano significativo sobre estos sistemas y respetar el derecho internacional.
Stop Killer Robots elogió los esfuerzos del presidente del grupo, el embajador Robert in den Bosch, de los Países Bajos, por conservar y reflejar estos avances como punto de partida para las negociaciones, aunque señaló que cuestiones cruciales actualmente ausentes del texto, como la prohibición de los sistemas de armas autónomas antipersona, deberán abordarse cuando comiencen las negociaciones.
Sin embargo, a medida que avanzaba la reunión, quedó claro que la minoría de Estados que se opone a establecer normas jurídicamente vinculantes estaba dispuesta a hacer grandes esfuerzos para debilitar estos elementos. Aunque el mandato del GEG solo contemplaba cinco días de sesiones formales, las Altas Partes Contratantes también llevaron a cabo una gran cantidad de trabajo en reuniones informales durante las horas del almuerzo y de la tarde, a las que se impidió asistir a los observadores, incluidas organizaciones internacionales y regionales, representantes del ámbito académico y miembros de la sociedad civil.
Esta exclusión refleja una tendencia preocupante que se observa en los foros multilaterales durante los últimos años, en los que los debates sustantivos tienen lugar a puerta cerrada y la participación significativa de los observadores se ve cada vez más limitada.
En las sesiones formales, un pequeño número de Estados altamente militarizados —que además han realizado importantes inversiones en estos sistemas— manifestaron su oposición a varios párrafos del texto, reabriendo conceptos que, en algunos casos, habían sido objeto de años de intensos debates, revisiones y aceptación general.
El 3 de septiembre se presentó una versión revisada del proyecto de informe del grupo en la que se habían eliminado elementos importantes, incluidos aquellos relativos a las consideraciones éticas y a conceptos como la fiabilidad, la previsibilidad, la trazabilidad y la explicabilidad. Los Estados militarizados presionaron intensamente para lograr estas supresiones y ahora se mostraban reacios a aceptar determinados elementos que anteriormente habían contado con un amplio respaldo de la mayoría de los Estados presentes.
Finalmente, las Altas Partes Contratantes aprobaron un informe definitivo durante las primeras horas del sábado, aunque en el momento de redactarse este texto todavía no se había publicado. De manera alentadora, el informe final sigue conteniendo una caracterización viable de los sistemas de armas autónomas, reconoce la necesidad del juicio y el control humanos, incluye medidas fundamentales para hacer efectivo dicho control y reafirma que la responsabilidad no puede transferirse a las máquinas.
Estas medidas deberían ofrecer protección frente al riesgo de que los sistemas de armas autónomas socaven el derecho internacional humanitario (DIH) vigente. Resulta decepcionante que otros elementos que proponían prohibiciones y restricciones específicas sobre las armas autónomas, más allá de los principios y requisitos ya existentes del DIH, no hayan sido más contundentes. Continuaremos trabajando para que estos requisitos sean reconocidos y abordados en otros foros.
No obstante, cualquier desacuerdo que persista en torno a estos elementos debe abordarse en el contexto de unas negociaciones que ya no pueden seguir retrasándose.
Mientras los Estados se preparan para decidir sus próximos pasos en la Conferencia de Examen de la CCAC en noviembre, este conjunto de elementos sigue constituyendo un punto de partida suficiente para negociar un instrumento jurídico sobre las armas autónomas en los conflictos armados.
El contexto mundial de creciente autonomía en los sistemas de armas, así como los daños que ya están produciendo su desarrollo, prueba y utilización sin restricciones, exige una actuación urgente.
Si en noviembre la CCAC no acuerda comenzar a negociar un instrumento jurídico, aquellos que deseen mantener un control humano significativo sobre el uso de la fuerza y evitar la automatización de la acción de matar deberán iniciar negociaciones a través de un foro que realmente pueda actuar.
Los Estados no deben permitir que el panorama humanitario y jurídico internacional quede en manos de los mismos Estados que están promoviendo estas armas. Los Estados, las organizaciones internacionales, la sociedad civil y el público en general deben actuar para proteger a las personas, defender los principios fundamentales del derecho internacional y establecer colectivamente líneas rojas frente a un futuro deshumanizado y peligroso.
Debemos dejar claro qué es lo que la comunidad internacional y los actores responsables no pueden aceptar en un mundo cada vez más automatizado.
Las decisiones que adopten los Estados en la CCAC no son abstractas; no se trata únicamente de debates técnicos o jurídicos. Estas discusiones tienen consecuencias reales para las vidas de las personas que sufren las guerras.
Los Estados participantes en la CCAC tienen una gran responsabilidad en este momento crítico. Nada menos que negociaciones será suficiente.