El grupo interregional de Estados está listo para iniciar negociaciones sobre tratados de armas autónomas
La
segunda reunión de 2025 del Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE) sobre Armas
Autónomas concluye con una muestra crucial de voluntad política para avanzar
hacia garantías jurídicas contra el asesinato automatizado.
Brasil emitió una declaración conjunta en nombre de 42 Estados*, afirmando estar "listos para avanzar en las negociaciones" sobre un instrumento sobre sistemas de armas autónomas, basándose en el texto de trabajo de la Presidencia. Esto representa un tercio de los 128 Estados parte de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCAC), marco en el que se desarrolla el GGE.
Este texto de trabajo contiene elementos que podrían servir de punto de partida para el desarrollo y la aprobación de las normas de un tratado. Ha sido desarrollado y perfeccionado desde 2024 por los Estados en el GGE bajo la presidencia del Embajador Robert in den Bosch del Reino de los Países Bajos. El GGE tiene actualmente el mandato de trabajar en un conjunto de elementos de un instrumento, sin prejuzgar su naturaleza, y otras posibles medidas para abordar la cuestión de los sistemas de armas autónomas. La declaración conjunta recoge la opinión del grupo de que el texto de trabajo "constituye una base suficiente para cumplir el mandato de este GGE en su forma actual" y una "base suficiente para las negociaciones sobre un instrumento sobre sistemas de armas autónomas letales".
Es significativo que este amplio grupo de Estados con diversidad regional y política haya reconocido que tienen la capacidad para iniciar negociaciones y comparten la voluntad de avanzar hacia ellas. El mandato del GGE se mantendrá vigente hasta la Séptima Conferencia de Revisión de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales (CCW) en 2026, donde los Estados tendrán la oportunidad de dar el siguiente paso acordando un mandato de negociación para un instrumento jurídicamente vinculante sobre sistemas de armas autónomas. En el pasado, los resultados progresistas en el GGE se han visto obstaculizados debido a que un pequeño grupo de Estados ha abusado de las reglas de consenso del foro, donde se debilita el lenguaje contundente que apoya prohibiciones y regulaciones jurídicamente vinculantes para lograr el consenso. A pesar de esto, los debates en las dos reuniones del GGE de este año han demostrado que los Estados realmente comparten muchos puntos en común: en la necesidad de un enfoque de dos niveles de prohibiciones y regulaciones; en la necesidad de un control humano significativo; y en muchos de los elementos básicos de dicho control.
Stop Killer Robots insta a los Estados a aprovechar la oportunidad que les brinda el terreno común para avanzar hacia las negociaciones. Estas negociaciones deben incluir a todos los Estados dispuestos a convertir las discusiones en ley, con la plena participación de la sociedad civil y otros observadores.
Durante más de una década, Stop Killer Robots ha instado a los Estados a iniciar urgentemente negociaciones sobre un instrumento jurídicamente vinculante sobre sistemas de armas autónomas para rechazar la automatización de las matanzas y garantizar un control humano significativo sobre el uso de la fuerza. Los debates del GGE sobre posibles salvaguardias jurídicas no son aislados. De hecho, la necesidad de un nuevo derecho internacional se ha vuelto más apremiante a medida que siguen surgiendo informes sobre el desarrollo de sistemas de armas con niveles de autonomía preocupantes en Ucrania y Gaza, junto con el uso de sistemas de apoyo a la toma de decisiones basados en IA en este último país. El daño humanitario derivado del uso de estas tecnologías es una realidad y debe abordarse con urgencia.
Durante las reuniones del Grupo de Expertos Gubernamentales (GGE) en la ONU en Ginebra, Stop Killer Robots y los miembros de su campaña plantearon que aún faltan elementos cruciales de un instrumento legal en el texto de trabajo. Estos incluyen la prohibición de sistemas fundamentalmente inaceptables, en particular aquellos que afectan a las personas, entre otras consideraciones éticas y de derechos humanos. Si bien estos elementos cruciales no se reflejan actualmente en el texto de trabajo, los Estados deberían comprometerse a abordarlos durante las negociaciones.
Instamos a los Estados a que aprovechen la voluntad política y la valentía demostradas en estas reuniones e inicien negociaciones que creen un nuevo derecho internacional para cerrar la brecha entre la innovación y la regulación lo antes posible. Ahora es el momento de garantizar un mundo donde la vida humana se valore y se proteja contra la deshumanización digital y la automatización de la matanza.