Justícia i Pau pide un pacto de país para garantizar el derecho a la vivienda
"Por el derecho garantizado a la vivienda" es el "granito de arena", en formato de informe, que Justícia i Pau aporta a la compleja y poliédrica cuestión de la vivienda, con la voluntad de participar en alianzas y consensos sociopolíticos que conduzcan hacia una solución. La entidad presentó ayer miércoles, en el marco de la Setmana per la Pau – Arcadi Oliveres, este trabajo fruto de dos años de reflexión, en una jornada celebrada en el Centre Cívic Pati Llimona. "El informe no es un punto final, sino un punto de partida que nos hace ver la necesidad de un pacto de país con todos los actores políticos, económicos y sociales, con una perspectiva abierta y no especulativa", reclamó la presidenta de Justícia i Pau, Dolors Fernàndez.
El informe nace del encargo realizado por la asamblea de julio de 2024 de Justícia i Pau, que dio lugar a la constitución de un grupo de trabajo del eje de derechos humanos de la entidad, coordinado por Francina Planas. El documento, de sesenta páginas, ha sido elaborado a partir de una intensa recopilación y análisis de datos y entrevistas a distintos expertos, y culmina con una serie de propuestas. Desde Justícia i Pau apuntan algunas vías de mejora: que el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución pase a ser garantizado; políticas de vivienda coherentes y sostenidas por parte de la administración; un marco normativo más claro y sólido; y favorecer iniciativas de la sociedad civil (movimientos sociales, promotores no especulativos, viviendas de inclusión, mediación, cooperativismo…).
Francina Planas explicó que existe un amplio consenso en el diagnóstico de la situación: insuficiencia de un parque público de alquiler, incremento de la población, falta de oferta de vivienda y especulación por parte de sectores inmobiliarios y de inversión. Todo ello tiene consecuencias directas sobre la vulnerabilidad y la desigualdad, que se concretan en hacinamiento grave en habitaciones, tenencia precaria, desahucios silenciosos, desahucios sin alternativa habitacional —Cataluña concentra el 30% de los lanzamientos en España—, sinhogarismo o retraso en la emancipación juvenil, entre otras situaciones. "Hay dos factores que impactan en la vida de un conjunto cada vez más amplio de la ciudadanía: el estrés financiero para poder mantener la vivienda y la inseguridad vital derivada de las reiteradas renovaciones de contrato", remarcó Planas.
"La vivienda es la gran ausente de las políticas del bienestar"
Durante la jornada se reveló que el Estado destina un 2,42% del PIB a armamento y solo un 0,23% a vivienda, según el Centre Delàs d'Estudis per la Pau. La apuesta más decidida por políticas públicas de vivienda debería ir acompañada de políticas transversales y una gobernanza supramunicipal. Esto implica procurar una red de transporte eficaz, planificación urbanística, sostenibilidad energética, implicación de los servicios sociales, equilibrio territorial, reducción y simplificación de la burocracia y gestión digna de la vivienda pública.
Además de presentar el informe, la jornada incluyó una mesa redonda para ofrecer una perspectiva amplia sobre la cuestión. Entre otros aspectos, se señalaron los rasgos diferenciales de la actual crisis de vivienda respecto a la de 2007: "Paradójicamente, esta crisis se produce en un contexto de crecimiento económico, una riqueza que no se está distribuyendo de manera equitativa; ahora se añaden un crecimiento de precios y una insuficiencia de oferta; las exigencias de sostenibilidad territorial que condicionan el crecimiento de las ciudades; el hecho de que una parte de la sociedad se ha vuelto poco solidaria, por ejemplo desobedeciendo la Ley de Vivienda y acortando la duración de los contratos de alquiler; o que la globalización ha impulsado la demanda de vivienda de personas que no viven en el país", explicó Carme Trilla, presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona y una de las asesoras del informe. Trilla puso en valor la normativa catalana en materia de vivienda, especialmente la Ley 18/2007 del derecho a la vivienda, aunque advirtió que "si estuviera bien articulada desde el consenso y dotada presupuestariamente, se podría hacer mucho más".
Una parte de la sociedad se ha vuelto poco solidaria, por ejemplo, desobedeciendo la Ley de Vivienda y acortando la duración de los contratos de alquiler". — Carme Trilla
Los sectores sociales más empobrecidos son los principales perjudicados por la falta de un derecho efectivo a la vivienda y sus demandas "están desbordando la capacidad de las entidades", admitió el presidente de Càritas Catalunya, Salvador Busquets. La inestabilidad habitacional y unas rentas mínimas insuficientes, que en economías familiares precarias quedan absorbidas por la vivienda y los suministros, fueron algunas de las situaciones señaladas. Busquets también puso el foco en la inacción política ante el patrimonio inmobiliario del que las entidades bancarias tuvieron que desprenderse tras el rescate bancario, lo que provocó que enormes paquetes de viviendas pasaran a fondos de inversión que los adquirieron a precios entre un 40% y un 70% inferiores al coste de reposición.
Otra de las perspectivas abordadas fue la de las alternativas basadas en cooperativas de vivienda en cesión de uso, como La Teulada Cooperativa, en Terrassa, donde el Ayuntamiento ha cedido el solar para construir dieciocho viviendas. "El cooperativismo es un movimiento amplio que pretende desmercantilizar bienes básicos: si queremos más vivienda asequible, empecemos a hacer promociones sin ánimo de lucro", defendió Joan Gómez i Segalà, socio de esta cooperativa. En estos proyectos, la dimensión comunitaria tiene un papel protagonista: "Son viviendas con espacios comunes que favorecen el conocimiento mutuo, el apoyo mutuo y los cuidados". Y, en este caso concreto, existe además una contribución social mediante seis viviendas destinadas a usuarias de la Fundació Prodis, entidad que acompaña a personas con discapacidad intelectual.
El cooperativismo es un movimiento amplio que pretende desmercantilizar bienes básicos: si queremos más vivienda asequible, empecemos a hacer promociones sin ánimo de lucro".
— Joan Gómez i Segalà
También se destacó el papel de los movimientos sociales en la defensa del derecho a la vivienda, que "solo avanza cuando nos organizamos, salimos a la calle y ponemos el cuerpo, por ejemplo, en los desahucios o en las huelgas de alquiler", recordó Esther Hernández, miembro de la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya, que integra a treinta colectivos. Desde los movimientos sociales reclaman movilizar las 25.400 viviendas vacías en manos de grandes tenedores —principalmente la Sareb— y ponerlas a disposición de las mesas de emergencia de vivienda, saturadas de demanda. También cuestionan ayudas públicas, como el bono joven, que consideran que sirven para mantener las rentas y beneficios de los grandes propietarios.
La Iglesia, en una encrucijada
Si bien la Iglesia ha tenido una fuerte implicación en proyectos de emancipación social y desde Justícia i Pau celebran la apertura de la Iglesia a realizar cesiones de uso de patrimonio para vivienda social, la entidad pide inventariar adecuadamente el patrimonio con el que cuenta la Iglesia y adoptar un posicionamiento más claro en la denuncia de la especulación.
"En la Iglesia tenemos una responsabilidad ineludible con el patrimonio del que disponemos y que puede contribuir a dar respuesta a la situación de emergencia", señaló Francina Planas.
En este sentido, Joan Gómez i Segalà invitó a la Iglesia a abrirse a fórmulas como la cesión de suelo eclesial para impulsar vivienda cooperativa y a que los gestores diocesanos y de las congregaciones religiosas "piensen en el patrimonio no como un valor económico, sino también como un valor de uso".