Y que el bosque nos deje ver los árboles

30.01.2025

Bakary Diba, de 26 años, vivía en el Parc de la Ciutadella. ¿Vivía?, más correctamente: sobrevivía como podía. Según CNAACAT (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente de Cataluña), Bakary era querido y conocido por la comunidad del parque. Enfermo, a pesar de asistir regularmente a cuidados sanitarios, siguió durmiendo a la intemperie, poniendo su cuerpo al límite. En su corta vida, ha pasado años atrapado en esta situación, con la salud mental cada vez más deteriorada, hecho que le había dificultado enormemente la reconstrucción de un proyecto vital digno. Ha muerto este enero.

Este caso no es un hecho aislado. En septiembre del año pasado una mujer llevaba muerta cuatro horas delante del Corte Inglés de la Plaza Cataluña, sin que nadie lo advirtiera. Y hay más. Según estimaciones de los equipos municipales en Barcelona, en diciembre de 2024 son más de 1.300 las personas que pernoctan en la calle, 260 en asentamientos muy precarios, y 2.860 personas sin hogar en recursos residenciales específicos -un 66%-. En Cataluña se estimó en el año 2022 que unas 2.531 personas pernoctaban en la calle y que había 9.000 personas sin hogar. Todos los indicadores hablan de aumentos posteriores. Según la Fundación Arrels, sólo a un 13% de las personas se les ofrece alojamiento después de un alta hospitalaria.

Nos puede pasar que ante la preocupación legítima, transversal, urgente, sobre el dificilísimo acceso a viviendas dignas por parte de la mayoría de la población, no tengamos presentes a los hombres y mujeres que viven en la calle. Se dice que la dignidad de un pueblo se mide en la manera como cuida a quienes viven en situación de mayor vulnerabilidad, y en este caso hablamos de un extremo punzante.

Este 25 de enero ha hecho tres años que se presentó en el Parlamento de Cataluña la Proposición de ley de medidas transitorias y urgentes para hacer frente y erradicar el sinhogarismo, fruto del trabajo de más de tres años de las entidades sociales Assís Centre d'Acollida, Arrels Fundació, Càritas Catalunya, la Comunidad de San Egidio y Sant Joan de Déu Serveis Socials en alianza con el mundo académico impulsado y dirigido por Antoni Milian y Massana, catedrático de derecho administrativo de la UAB, junto con otras catedráticas y profesoras de la UB y la UAB. Una elaboración inédita y sin precedentes. No es una ley de vivienda, es una ley de medidas transitorias, urgentes, destinada a un colectivo huérfano de normativa que lo ampare.

Esta propuesta de ley, iniciativa pionera en el contexto legislativo europeo, crea la figura del espacio residencial digno como derecho de carácter subjetivo, reconoce derechos elementales y básicos que aportan dignidad como son: derecho a consigna, servicios de higiene personal, derecho a un centro de baja exigencia, derecho a hacer uso de la calle sin el riesgo de ser sancionado (mientras no se tiene un espacio residencial digno), derecho a empadronarse, seguridad, derecho a la intimidad, derecho a un adiós digno con sala de velorio y oratorio. Prevé instrumentos de cooperación entre administraciones y entidades sociales; también dar respuesta a situaciones de sinhogarismo complejo. Supone aumento de presupuesto para vivienda de inserción y aporta un planteamiento de equidad territorial.

¿Y qué ha pasado?, pues durante dos años y medio el Parlamento ha organizado numerosísimas comparecencias, se ha eternizado, hasta que en mayo de 2024 se ha disuelto sin que se haya aprobado. Mientras tanto, el Plan de ordenación del Ayuntamiento de Barcelona ha sancionado a un buen número de personas en esta situación.

Es de esperar que no se comience de cero, como a menudo parece que pasa en el caso de las Cumbres contra la corrupción. Esperamos que el compromiso de los partidos políticos sea real y efectivo.

¡Este año 2025, sí! Señoras y señores del Parlamento, cuando crucen el Parc de la Ciutadella para ir al Parlamento, fíjense bien. ¿Podemos contar que se aprobará ya?

Francina Planas, Justícia i Pau