Injusticias sociales y ambientales asociadas a las tecnologías digitales
El proceso de digitalización de la sociedad forma parte de uno de los programas más significativos de la Comisión Europea, por su papel crítico en lo que se refiere a la economía y a nuestra vida privada. Se considera esencial para no perder el tren de la competitividad, influencia a nivel mundial, y para reducir la dependencia respecto a terceros países. Implica la incorporación de las tecnologías digitales en prácticamente todas las esferas de la vida, desde los negocios hasta la administración pasando por la esfera ciudadana. Además, a pesar de lo irónico del asunto, tal y como veremos, se vincula la adopción de estas tecnologías con el proceso de construir una Europa más verde (European Green Deal).
Sin embargo, no se considera con suficiente profundidad los costes sociales y medioambientales de las tecnologías que permiten la digitalización de la sociedad. De hecho, no hacemos demasiada crítica a las que incorporamos a nuestra vida cotidiana. Esta falta de análisis reside tanto en la creencia de que las tecnologías son neutrales y, por consiguiente, los aspectos negativos o positivos dependen del uso que se haga de ellas, como las comodidades que generan a las que no vamos a renunciar.
Quiero presentar un inventario rápido de algunas de las injusticias sociales y ambientales que podemos asociar a estas tecnologías. Para ello, consideraremos las etapas del ciclo de vida de las tecnologías digitales. Estas comprenden: obtención de materias primas, fabricación, uso y descarte.
Una de las características que la utilización de las tecnologías digitales comparte con otras tecnologías y procesos sociales, a nivel global, es que los costes y los beneficios se reparten de forma desigual, siendo las comunidades y países más vulnerables quienes tienen que soportar una mayor proporción de los costes, y las comunidades y países privilegiados las que disfrutan de los beneficios.
La segunda etapa del ciclo de vida, la fabricación de componentes electrónicos, utiliza cientos de compuestos químicos diferentes. Varios de estos compuestos son extraordinariamente perjudiciales tanto para la salud, habiéndose producido, entre otros, casos de cáncer, abortos espontáneos y muertes entre las personas trabajadoras y vecinas de las comunidades próximas a las fábricas, como para el medioambiente, donde un número importante de empresas de fabricación de componentes han tenido que entrar en programas de descontaminación de sus lugares de emplazamiento en Estados Unidos (programa "Superfund") y Japón.
Además, las condiciones laborales en numerosas fábricas de ensamblado son extremas. La industria electrónica ha sido una de las primeras en favorecer procesos de deslocalización y subcontratación de la producción con empresas contratistas, buscando mano de obra barata y laxitud a la hora de aplicar políticas de protección para el personal y el medioambiente. Más aún en las denominadas Zonas Económicas Especiales, donde estas leyes, directamente, quedan suspendidas. Entre las condiciones laborales sabemos que existen: bajos salarios, jornadas extenuantes llegando hasta doce horas diarias seis días a la semana, un férreo control, prohibición de la creación de sindicatos, trabajo infantil disfrazado de prácticas en empresa, dormitorios compartidos por no menos de ocho personas en edificios con pobres condiciones higiénicas, etc.
La tercera etapa corresponde a la
fase de uso, donde la obtención masiva de datos, su almacenamiento, análisis y
procesamiento para la generación de patrones y perfiles, definen el nuevo
recurso utilizado en las sociedades digitales. Shoshana Zuboff indica que
estamos ante una nueva era del capitalismo al que denomina "capitalismo de vigilancia". Estos datos, que alcanzan la
esfera privada y son esenciales para el funcionamiento de la nueva economía, se
obtienen por parte de las empresas y de los Estados sin conocimiento ni
consentimiento de la población implicada, generando una gran asimetría entre lo
que la ciudadanía sabe de las actividades de las empresas y de los Estados y lo
que estos conocen de las personas. La situación permite un mayor control global
de la sociedad, tal y como ha sucedido en los casos de: la empresa Cambridge Analytica y las elecciones presidenciales
en Estados Unidos y el referéndum del Bréxit en el Reino Unido, el "sistema de
crédito social" en China, o el control mediante la utilización del software Pegasus de los teléfonos móviles de
grupos específicos como activistas por los derechos humanos. En este sentido,
un mayor control implica una mayor debilidad de las sociedades democráticas.
La basura electrónica continúa viajando a paises empobrecidos a pesar de las leyes internacionales que prohíben el comercio transfronterizo de residuos peligrosos
Por último, la etapa de descarte supone el envío de un alto porcentaje de la basura electrónica a países empobrecidos o a determinadas zonas empobrecidas de algunos países como Ghana, Nigeria, Pakistán, India o China. La chatarra electrónica se caracteriza por contener sustancias tóxicas y cancerígenas: el cromo hexavalente, el mercurio, el cadmio, etc. lo que ha llevado a declarar estos productos como residuos peligrosos. En estos países, las comunidades y la gente trabajadora que recogen los desechos electrónicos buscan ganarse la vida recuperando, entre otros, circuitos integrados que pueden revender, metales como el estaño que recuperan de las placas de circuito impreso, el cobre de los cables y de los monitores, el oro de los circuitos integrados, etc. El manejo de estos restos debe hacerse con equipamiento protector del que carecen. Asimismo, para determinados procesos, utilizan métodos como la quema de cables o productos químicos agresivos que, junto con los productos propios de los componentes electrónicos, producen contaminación de los ríos a los que estas sustancias van a parar o de los terrenos en los que se realizan estas actividades. Esto es así, a pesar de las leyes internacionales que prohíben el comercio transfronterizo de residuos peligrosos.
Santiago Cáceres Gómez
Justicia y Paz Valladolid