Por una Directiva europea de Diligencia Debida de las Empresas centrada en los derechos humanos
A quienes toman decisiones en la UE:
Nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de personas defensoras y promotoras de los derechos de los más afectados por su propuesta de Directiva Europea sobre Diligencia Debida de las Empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés). Representamos y transmitimos las voces de quienes más sufren por la actividad empresarial irresponsable, incluidos los pueblos indígenas y las personas trabajadoras en los puntos finales de las cadenas globales de valor. En anticipación a lo que podría ser la negociación final sobre la CSDDD, les pedimos que escuchen nuestro llamamiento para lograr una directiva que primeramente proteja los derechos humanos y nuestro planeta, una que vaya más allá de "lo habitual".
1. Proteger nuestros derechos y el medio ambiente
Las restricciones a la protección de nuestros derechos permitirán que continúe el daño que ya sufrimos y que debe ser eliminado. En especial, les instamos nuevamente a no excluir los derechos indígenas ni instrumentos clave de la OIT y otras instancias internacionales sobre los derechos de las personas trabajadoras y la protección del medioambiente. Reconociendo nuestra dependencia como seres humanos del entorno natural para lograr alimentación, salud y medios de vida, y su importancia espiritual, destacamos la terrible amenaza a la integridad ecológica de nuestro planeta. Proteger nuestros sistemas de sustento vital (agua, suelo, bosques y aire) es esencial. La CSDDD debe garantizar la protección ambiental más amplia posible para contrarrestar la creciente destrucción ecológica impulsada por las empresas.
2. Proteger nuestro clima y nuestro futuro
Mientras la humanidad está en camino de alcanzar un desastroso calentamiento de 3ºC para 2050, el cambio climático hoy ya causa graves daños a las personas, al medioambiente y a la economía, con consecuencias particularmente desastrosas para los grupos marginados, tales como los pueblos indígenas y las mujeres. Las empresas juegan un rol preponderante en el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. La CSDDD debe exigir a las empresas implementar, de manera efectiva, planes de transición sólidos con objetivos con plazos predeterminados para las emisiones de alcance 1, 2 y 3. La inclusión del Acuerdo de París, así como la capacidad de los titulares de derechos de llevar a las empresas ante los tribunales es una necesidad absoluta, nada menos.
3. Defender nuestros derechos y acceso a la justicia
Restringir la responsabilidad civil al daño que ha sido "causado a una persona física o jurídica" y sólo cuando existe el objetivo de "proteger a la persona física o jurídica" significa que los derechos de nuestro grupo –incluidos los indígenas– quedan excluidos. Las personas trabajadoras de las cadenas de valor globales enfrentan el pisoteo sistemático de sus derechos, hacen frente a intimidación violenta y ataques contra sindicatos, así como a generalizadas y graves restricciones a la negociación colectiva. Para albergar cualquier esperanza de defender realmente nuestros derechos, todas las medidas de acceso a la justicia (recomendado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE en 2017, 2021 y 2023 junto con el Instituto de Derecho Europeo) deben ser respetadas. Desde nuestro punto de vista, de ello depende la justicia.
4. Garantizar que se nos tenga en cuenta. Participación significativa y segura de las partes interesadas
Nuestras voces siguen siendo ignoradas cuando las empresas toman decisiones comerciales que nos afectan. Garantizar que nuestras voces se tengan en cuenta cuando las empresas tomen decisiones que afecten nuestras vidas y nuestros medios de subsistencia. Incluir la obligación de que las empresas lleven a cabo una participación significativa y segura de las partes interesadas en todas las etapas del proceso de diligencia debida dará como resultado una prevención, mitigación y remediación efectivas y personalizadas de los impactos adversos.
5. Garantizar obligaciones para quienes ocasionan daño
Es indiscutible que los bancos, aseguradoras, inversores y gestores de activos de la UE son grupos involucrados en graves impactos adversos a los derechos humanos, el medioambiente y el clima, en tanto que el sistema financiero global está configurado para priorizar la generación de dividendos a expensas de invertir en medidas de seguridad y protección. Excluir al sector financiero nos condena a seguir teniendo dichos impactos adversos en el presente y a futuro. Esto es injustificable. Para nuestra protección, se deben aplicar obligaciones significativas de diligencia debida a todo el sistema financiero. Debido a sus limitaciones inherentes, el uso de auditorías de terceros e iniciativas de la industria no puede considerarse automáticamente equivalente a medidas apropiadas de diligencia debida. Las auditorías deben rendir cuentas por los daños derivados de un trabajo erróneo.
En conclusión, les instamos urgentemente a ustedes, como responsables políticos de la UE, a defender una legislación que ponga en el centro los derechos humanos, la preservación del medio ambiente y la resiliencia climática. El diálogo tripartito final es la última oportunidad para elevar la directiva a un estándar que no sólo prevenga daños sino que contribuya activamente a un futuro sostenible y equitativo. Que este sea un testimonio de la inquebrantable dedicación de la UE a los derechos humanos y su firme determinación de combatir el cambio climático en el escenario global. El mundo está observando y las decisiones que se tomen hoy resonarán en las generaciones venideras.